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En el panorama global de los derechos humanos, las leyes no siempre se crean para proteger; en ocasiones, se diseñan para restringir. Perú se ha situado en el centro de la preocupación de los organismos internacionales tras la aprobación de una serie de reformas legislativas que, según advierten expertos de Naciones Unidas, constituyen una amenaza directa y grave para el tejido democrático del país. La normativa, presentada oficialmente como un mecanismo de transparencia y fiscalización de la cooperación internacional, esconde en su articulado una herramienta de control que pone en riesgo la supervivencia de las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI.
El núcleo de la controversia radica en la modificación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). Lo que sobre el papel parece una actualización administrativa, en la práctica actúa como un "cepo burocrático". Las nuevas exigencias de registro y la fiscalización exhaustiva de los fondos extranjeros no buscan solo ordenar las cuentas, sino, según los expertos, asfixiar operativamente a las voces disidentes.
El impacto en los derechos de las mujeres y colectivo LGTBI
Las organizaciones no gubernamentales (ONG) en Perú no son meros observadores; son, a menudo, proveedores de servicios esenciales que el Estado no cubre. En el ámbito de los derechos de las mujeres, estas organizaciones gestionan refugios para víctimas de violencia de género, ofrecen asesoría legal gratuita y proporcionan servicios de salud sexual y reproductiva en zonas rurales y marginadas.
Al restringir el acceso a la financiación internacional —de la cual dependen la inmensa mayoría de estos proyectos—, la nueva ley no solo ataca a la institución, sino a la usuaria final. Los expertos de la ONU advierten que el cierre forzoso de estas entidades dejará a miles de mujeres y niñas en una situación de desamparo absoluto frente a la violencia machista y la falta de atención sanitaria, retrocediendo décadas en materia de igualdad de género.
Un clima hostil para la diversidad LGTBI
Si la situación es crítica para las mujeres, para las personas lesbianas, gais, bisexuales y trans (LGTBI), es existencial. En un contexto social donde la discriminación y los crímenes de odio siguen siendo una realidad latente, las organizaciones de la sociedad civil funcionan como el único escudo protector y espacio seguro.
La nueva legislación fomenta un clima de estigmatización. Al etiquetar a las organizaciones que reciben fondos del exterior como sospechosas o contrarias al interés nacional, se legitima el discurso de odio contra el colectivo LGTBI que estas representan. Los expertos señalan que esta narrativa de "enemigo interno" o "agente extranjero" es una táctica habitual en regímenes autoritarios para deslegitimar las reivindicaciones de diversidad sexual e identidad de género, presentándolas como imposiciones foráneas ajenas a la cultura local.
La violación de la libertad de asociación
Desde una perspectiva jurídica, la reforma choca frontalmente con el derecho internacional. La libertad de asociación es un pilar fundamental de cualquier democracia sana.
Este derecho no implica solo la libertad de reunirse, sino la capacidad de buscar, recibir y utilizar recursos —tanto nacionales como extranjeros— para llevar a cabo actividades legítimas. Los Relatores Especiales de la ONU han sido contundentes: imponer trabas desproporcionadas a la financiación equivale a una violación de este derecho.
La ley otorga al Estado una discrecionalidad peligrosa para decidir qué organizaciones son "aptas" y cuáles no, basándose en criterios vagos como el "orden público" o las "buenas costumbres". Esto abre la puerta a la arbitrariedad, permitiendo silenciar a aquellas entidades que resulten incómodas para el poder político de turno, especialmente aquellas que fiscalizan la corrupción o denuncian abusos de autoridad.
Una tendencia regional preocupante
Lo que ocurre en Perú no es un caso aislado, sino parte de una tendencia regional y global de reducción del espacio cívico. Sin embargo, la virulencia y la rapidez con la que se han implementado estas medidas en el país andino han encendido todas las alarmas.
La comunidad internacional observa con preocupación cómo se desmantelan los contrapesos democráticos. La defensa de los derechos humanos de las mujeres y del colectivo LGTBI requiere de una sociedad civil robusta, independiente y crítica. Al debilitar a las organizaciones que protegen a los grupos más vulnerables —mujeres y personas del colectivo LGBT—, el Estado peruano no solo incumple sus compromisos internacionales, sino que deja a su propia democracia en una posición de fragilidad extrema. La advertencia de los expertos es clara: sin sociedad civil libre, no hay derechos humanos, y sin derechos humanos, la democracia es solo una fachada.
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