Lectura fácil
El certificado de discapacidad acredita la condición legal de las personas con discapacidad, así como el grado concreto que presentan.
Esta documentación va dirigida a personas con un grado igual o superior al 33 % de discapacidad física, sensorial, intelectual, mental y/o del desarrollo.
Este documento se expide tras una valoración multiprofesional (médica, psicológica y social) y que acredita que la persona tiene limitaciones objetivas para realizar determinadas actividades.
Certificado de discapacidad
Tal y como lo ve la administración, la discapacidad es un mecanismo de protección pública. Es por ello que persiguen apoyar, a través de beneficios y ventajas sociales a las personas que cuentan con limitaciones y restricciones de determinadas actividades.
Las personas con discapacidad que cuentan con el certificado de discapacidad tienen acceso a beneficios, derechos económicos y servicios de organismo públicos, como:
- Ventajas fiscales
- Accesibilidad
- Empleo
- Prestaciones económicas
- Prestaciones asistenciales
- Ayudas a la educación
Por otro lado, nos encontramos con la tarjeta de discapacidad, un documento personal, más cómodo y resistente que el certificado de discapacidad, y que sustituye a este en formato plastificado.
Beneficios del Certificado de discapacidad
- Ventajas fiscales: Obtención de descuentos en el impuesto sobre la renta, además de se incluye la necesidad de ayuda de tercera personas para desplazamiento a lugar de trabajo, movilidad reducida, necesidad de vivienda adaptada, etc.
- Accesibilidad: Acceso a ayudas y descuentos en transporte, adaptación de vehículos, prótesis y órtesis… También se incluye en este apartado la adaptación del puesto de trabajo y la adaptación de pruebas selectivas en el acceso al empleo público
- Empleo: El certificado de discapacidad ofrece, entre otras cosas, ayudas a las empresas. Además, reserva del 7% de las ofertas de empleo público para personas con discapacidad. Además, existe una normativa legal, Ley General de los Derechos de las Personas con discapacidad y su inclusión social (LGD), que exige a las empresas de más de 50 trabajadores la obligatoriedad de incorporar un porcentaje de empleados con discapacidad no inferior al 2 %. El incumplimiento de esta ley es objeto de sanción por parte de los organismos públicos.
- Prestaciones económicas: Hay que recordar que la pensión no contributiva de invalidez es compatible con el trabajo remunerado en determinados casos. Además, hay que sumar otras prestaciones económicas y sociales para personas con discapacidad como la Asistencia Sanitaria y Prestación Farmaceútica o el Subsidio de Movilidad y Compensación para Gastos de Transporte. En el apartado familiar también existe la asignación económica por hijo o menor con discapacidad acogido a cargo, o mayores de 18 años con un grado de discapacidad igual o superior a 65 %.
- Prestaciones asistenciales: Dependiendo del grado de discapacidad es posible acceder a ayudas de las administraciones públicas para la mejora de la calidad de vida. En este sentido hablamos de subvenciones y/o ayudas de carácter individual destinadas a tratamientos rehabilitadores, productos de apoyo, accesibilidad y adaptaciones en el hogar, etc.
- Ayudas a la educación: Acceso a la reserva de puestos en centros educativos, exención de pago de matricula en la Universidad, becas u optar a otros recursos y apoyos a la educación.
El certificado de discapacidad ofrece otros beneficios a las personas con discapacidad, por ejemplo:
- Reducción de requisitos para la obtención del carnet de familia numerosa
- Derecho a la protección jurídica en caso de discriminación
- Ampliación del periodo de descanso por maternidad en los supuestos de discapacidad del hijo o menor acogido.
- Tratamientos rehabilitadores y de apoyo, etc.
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