España es el país de la Unión Europea con más casos de infracción abiertos, con 92 procedimientos activos. La mayoría se debe a la no transposición completa de directivas comunitarias.
La Comisión Europea ha iniciado un procedimiento de infracción contra España por no transponer correctamente la Directiva sobre el agua potable, que busca mejorar la calidad del agua y reducir pérdidas en la distribución.