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El sistema de simplificación administrativa que Cantabria había puesto en marcha para reducir las listas de espera ha chocado frontalmente con la Administración Central. Lo que se diseñó como un "atajo" legal para que los dependientes obtuvieran de forma automática el reconocimiento de la discapacidad ha quedado en suspenso. El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno de Pedro Sánchez contra el artículo 97 de la Ley de Simplificación Administrativa de Cantabria, dejando la medida en un punto muerto legal.
Esta normativa buscaba eliminar la duplicidad de trámites para personas que ya tenían reconocida una situación de dependencia pero seguían aguardando meses, o incluso años, para obtener el carné de discapacidad. La suspensión afecta a miles de ciudadanos que veían en este procedimiento una vía rápida para acceder a derechos básicos. Según el Ejecutivo autonómico, la medida era necesaria para desatascar un sistema burocrático que, a principios de 2025, acumulaba a más de 9.400 personas en espera.
Un conflicto de competencias en el reconocimiento de la discapacidad
El núcleo de la disputa reside en las llamadas 'pasarelas'. Cantabria estableció un sistema de equivalencias automáticas: el Grado I de dependencia equivaldría a un 33 % de discapacidad; el Grado II a un 66 % y el Grado III a un 80 %. Con este modelo, se evitaba que los equipos médicos tuvieran que realizar una segunda evaluación presencial a quienes ya habían pasado por el filtro de la dependencia, acelerando así el reconocimiento de la discapacidad sin necesidad de nuevas citas.
Sin embargo, el Gobierno central argumenta que esta medida invade competencias estatales y cruza dos leyes de ámbito nacional con criterios técnicos distintos. Aunque el objetivo cántabro era reducir la demora, se aprobó sin esperar a una instrucción ministerial que unificara criterios. Esta decisión unilateral es la que ha motivado la impugnación, bajo la premisa de que el reconocimiento de la discapacidad debe regirse por unos baremos homogéneos en todo el territorio español para garantizar la igualdad de todos los ciudadanos.
Impacto en las listas de espera y beneficios sociales
La suspensión de la norma supone un duro revés para los planes de la Consejería de Inclusión Social de Cantabria. Alejandro Liz, portavoz de Inclusión Social del PP, ha lamentado que el recurso interpuesto obstaculiza la actividad autonómica y frena la reducción de plazos que se había logrado durante el último año. Antes de este bloqueo, Cantabria había conseguido reducir la lista de espera casi a la mitad, pasando de más de 9.000 solicitudes a poco más de 5.100 en apenas unos meses gracias al refuerzo de personal y a la aplicación de esta vía rápida para el reconocimiento de la discapacidad.
Para los solicitantes, la demora no es solo una cuestión de papeles; implica la imposibilidad de acceder a beneficios fiscales en el IRPF, reducciones en el IVA, exenciones en el impuesto de matriculación o el acceso a tarjetas de transporte público y plazas de aparcamiento reservadas. Sin la 'pasarela' activa, el tiempo medio de espera podría volver a situarse por encima de los 14 meses, obligando a los dependientes a pasar de nuevo por el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass) para un trámite que Cantabria consideraba ya validado.
Futuro incierto para el sistema de valoración automática
Ahora, el Gobierno de Cantabria debe esperar a la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional para saber si puede retomar su plan de agilización. Mientras tanto, el departamento que dirige Begoña Gómez del Río tendrá que buscar alternativas para que el monumental atasco no vuelva a crecer. El debate político está servido: mientras el PP defiende la necesidad de eliminar burocracia para ayudar a los más vulnerables, el PSOE insiste en que el reconocimiento de la discapacidad no puede simplificarse mediante tablas de equivalencia que podrían carecer de rigor técnico-médico según la normativa nacional.
El impacto de esta decisión judicial se seguirá de cerca por otras comunidades autónomas que observaban el modelo cántabro como una posible solución a sus propios problemas de gestión. Por el momento, la vía automática para el reconocimiento de la discapacidad en Cantabria queda guardada en un cajón, dejando a miles de cántabros en la incertidumbre de si su valoración llegará a tiempo o si volverán a quedar atrapados en el laberinto de la doble administración.
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