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El Gobierno español ha confirmado que actualmente mantiene acuerdos con un total de 11 países para facilitar el retorno de inmigrantes irregulares, ya sea de manera voluntaria o forzosa. Esta información ha sido trasladada oficialmente al Senado en respuesta a una consulta formulada por los senadores del Partido Popular Vicente Azpitarte y José Manuel Baltar, interesados en conocer el alcance de los compromisos internacionales de España en materia de readmisión.
Según el Ejecutivo, estos acuerdos se enmarcan dentro de tratados internacionales que permiten gestionar de forma coordinada la devolución de personas que han entrado irregularmente en el territorio nacional. La existencia de estos instrumentos refleja, según fuentes gubernamentales, la importancia que se concede al retorno dentro del conjunto de la política migratoria española.
El retorno de inmigrantes irregulares como eje de la estrategia migratoria
En su respuesta escrita, el Gobierno subraya que la política migratoria de España tiene varios objetivos prioritarios: prevenir la inmigración irregular, salvar vidas y combatir las redes de tráfico de personas. Dentro de este enfoque, el retorno ocupa un papel central.
Las autoridades consideran que la posibilidad de retorno de inmigrantes irregulares tiene un efecto disuasorio sobre los flujos migratorios irregulares. Es decir, contribuye a reducir el número de personas que intentan acceder al país por vías no autorizadas. No obstante, el Ejecutivo también reconoce que este proceso no depende únicamente de España, sino que requiere una estrecha colaboración con los países de origen y tránsito de los migrantes.
En este sentido, se destaca que la cooperación internacional es imprescindible para que los mecanismos de retorno funcionen de manera efectiva. Sin el apoyo de los países implicados, la aplicación de estos acuerdos sería considerablemente más compleja.
Cooperación internacional y relaciones estratégicas
El Gobierno señala que el retorno de inmigrantes irregulares tiene también una dimensión política significativa para los países de origen y tránsito, que en muchos casos tratan de limitar su aplicación. A pesar de estas dificultades, España ha logrado mantener tasas elevadas de retorno en algunos países clave.
Entre ellos destacan Marruecos, Argelia, Mauritania y Senegal, considerados socios estratégicos en la gestión de los flujos migratorios. Según el Ejecutivo, los buenos resultados obtenidos con estos países se deben a un trabajo constante basado en la confianza mutua y en relaciones a largo plazo.
Además, se ha apostado por el fortalecimiento de las capacidades de las fuerzas de seguridad de estos Estados, especialmente en la lucha contra las redes de tráfico de personas. Este enfoque busca actuar no solo en el destino, sino también en el origen y durante el tránsito de los migrantes.
Reducción de la presión migratoria en 2025
Otro de los datos destacados en la respuesta del Gobierno es la reducción significativa de la presión migratoria durante el año 2025. En concreto, se registró un descenso del 42,6 % en comparación con el año anterior.
Este descenso se atribuye, en parte, a la eficacia de las medidas adoptadas en colaboración con los países socios. Según estimaciones de la Guardia Civil, las fuerzas de seguridad de estos países interceptaron aproximadamente a 25.300 inmigrantes irregulares y cerca de 1.000 embarcaciones antes de que pudieran iniciar o completar su trayecto hacia España.
Estas cifras reflejan el impacto de la cooperación internacional en la contención de los flujos migratorios irregulares y ponen de relieve la importancia de actuar de manera coordinada en diferentes puntos de la ruta migratoria.
El Ejecutivo también ha querido destacar el efecto que han tenido estas actuaciones en el volumen total de llegadas irregulares. Según sus cálculos, si no se hubieran llevado a cabo estas intervenciones, el número de inmigrantes irregulares que habrían alcanzado territorio español sería aproximadamente un 70 % superior al registrado al cierre del año.
Este dato refuerza la idea de que la combinación de acuerdos de retorno, cooperación internacional y medidas de control ha contribuido de manera significativa a la reducción de la inmigración irregular.
Un modelo basado en prevención y control
En conjunto, la estrategia del Gobierno se basa en un equilibrio entre prevención, control y cooperación. Los acuerdos de retorno de inmigrantes irregulares con 11 países constituyen una pieza clave dentro de este modelo, que busca gestionar los flujos migratorios de forma ordenada y sostenible.
Al mismo tiempo, el Ejecutivo insiste en que estas políticas deben desarrollarse respetando los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, así como garantizando la seguridad de las personas migrantes.
De cara al futuro, todo apunta a que España seguirá reforzando sus alianzas con países de origen y tránsito, consolidando un enfoque que combina la acción diplomática, la cooperación en seguridad y la gestión operativa de los flujos migratorios.
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