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La salud de nuestros ecosistemas se enfrenta a una paradoja financiera sin precedentes en España. Mientras los discursos oficiales abogan por la sostenibilidad, las cifras reales de gasto público cuentan una historia diferente. Un exhaustivo estudio elaborado por Ecologistas en Acción, en colaboración con Economistas sin Fronteras, ha revelado que las administraciones públicas concedieron cerca de 8.000 millones de euros en 2024 a actividades que aceleran la pérdida de riqueza natural.
Esta cifra es alarmante no solo por su volumen, sino por la comparativa: el Estado invierte cuatro veces más en incentivos que degradan el medio ambiente que en el presupuesto destinado a la conservación y restauración de la naturaleza, que apenas alcanzó los 2.000 millones de euros en el mismo ejercicio. El informe pone el foco sobre las subvenciones perjudiciales para la biodiversidad que están financiando la propia extinción de especies en el territorio nacional.
El impacto real de las subvenciones perjudiciales para la biodiversidad en el sector primario
La investigación, que forma parte de la campaña ‘Sin biodiversidad no hay vida’, es la primera de este tipo realizada en España tras un año de análisis de cuentas nacionales y autonómicas. Los datos son claros: los 8.000 millones identificados son solo la punta del iceberg, ya que el estudio se ha centrado exclusivamente en los sectores agrario, pesquero y forestal. Sectores con un impacto ambiental masivo, como el transporte y la energía, han quedado fuera de este cálculo, lo que sugiere que la cifra real de subvenciones perjudiciales para la biodiversidad podría ser significativamente mayor.
El documento destaca que este flujo de capital público está alimentando directamente la degradación de los suelos, la contaminación de acuíferos y la destrucción de hábitats esenciales. En lugar de promover una transición hacia modelos más respetuosos, el sistema actual parece anclado en lógicas productivistas que ignoran los límites biofísicos del planeta, financiando activamente la crisis ecológica que España padece con especial intensidad debido al cambio climático.
Incoherencia fiscal: Una brecha financiera de 3.500 millones
Desde Ecologistas en Acción denuncian lo que denominan una "incoherencia fiscal" insostenible. España tiene el compromiso internacional de cumplir con el Convenio de Diversidad Biológica, lo que requeriría una inversión adicional de 3.500 millones de euros. Según la organización, no es necesario buscar nuevos recursos o aumentar la presión fiscal; la solución radica en reformar, reconducir o eliminar las subvenciones perjudiciales para la biodiversidad.
Al desviar apenas la mitad de los fondos que hoy dañan el entorno hacia políticas de restauración, se resolvería automáticamente el déficit financiero para la protección de la naturaleza. Esta reestructuración permitiría que el presupuesto público dejara de trabajar contra sí mismo, evitando que el Ministerio para la Transición Ecológica tenga que reparar con 2.000 millones los daños que otros departamentos incentivan con 8.000.
Fondos europeos y el beneficio de los grandes lobbies
El análisis revela un dato estructural clave: el 85 % de las ayudas más problemáticas son subvenciones directas. La mayoría de estas subvenciones perjudiciales para la biodiversidad provienen de fondos europeos como la Política Agraria Común (PAC) y el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa). También se han detectado fondos Next Generation destinados a la intensificación de regadíos en zonas con estrés hídrico y a la bioenergía basada en la quema de biomasa forestal, prácticas que ponen en riesgo la resiliencia de los montes.
Además de las ayudas directas, el informe señala las exenciones fiscales que benefician el uso de plaguicidas, fertilizantes químicos y el combustible para la pesca industrial. Ecologistas en Acción aclara que el apoyo público al sector primario es vital, pero matiza que el modelo actual beneficia desproporcionadamente a grandes empresas y grupos de presión. Estas subvenciones perjudiciales para la biodiversidad dejan de lado a los pequeños productores con rentas bajas, que son precisamente quienes generan mayor riqueza y arraigo en las comunidades rurales y costeras.
Hacia una fiscalidad que proteja la economía rural
La conclusión de los expertos es que existe una oportunidad histórica para alinear el sistema de ayudas con la supervivencia de la naturaleza. Eliminar las subvenciones perjudiciales para la biodiversidad no significa abandonar al sector primario, sino transformar las ayudas para que protejan a los sectores más vulnerables y fomenten prácticas que garanticen la seguridad alimentaria a largo plazo.
"Alinear el sistema de ayudas públicas con la conservación es proteger la economía rural y costera", sostienen los autores del estudio. Avanzar hacia políticas fiscales verdes permitiría que el dinero del contribuyente sirva para asegurar un futuro donde la biodiversidad sea la base de la prosperidad y no un coste externo de la producción industrial. En definitiva, se trata de dejar de subvencionar nuestra propia vulnerabilidad frente a la crisis ambiental.
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