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El Congreso de los Diputados vivió el pasado jueves una jornada de sentimientos encontrados. La Comisión de Discapacidad dio luz verde a una proposición no de ley (PNL) presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, cuyo objetivo es blindar y ampliar el apoyo institucional a los afectados por la talidomida. Aunque la iniciativa salió adelante con el respaldo de todos los grupos, la sesión estuvo lejos de ser una balsa de aceite. El debate se convirtió en un escenario de duros reproches, especialmente por parte del Partido Popular, que acusó al Ejecutivo de Pedro Sánchez de vender "humo" y de acumular años de promesas incumplidas mientras las víctimas siguen esperando una reparación económica digna y efectiva.
La propuesta, defendida por el diputado socialista Emilio Sáez Cruz, busca dar un paso más en la respuesta del Estado ante lo que se considera uno de los mayores escándalos sanitarios del siglo XX. El texto insta al Gobierno a realizar un estudio exhaustivo sobre la aplicación del Real Decreto 574/2023. Esta norma regula las ayudas para las personas nacidas entre 1950 y 1985, pero, según admiten los propios socialistas, es necesario detectar posibles "disfunciones". El objetivo es valorar la apertura de nuevos plazos de solicitud para aquellos que, aun estando reconocidos como víctimas, perdieron el derecho a las ayudas por cuestiones burocráticas o temporales.
Una deuda histórica con los afectados por la talidomida
Durante su intervención, Sáez Cruz recordó la tragedia humana que supuso la comercialización de la talidomida a finales de los cincuenta. Lo que se vendió como un sedante inocuo para las náuseas de las embarazadas acabó provocando malformaciones congénitas irreversibles en miles de niños. El diputado subrayó que fue precisamente un Gobierno socialista el que, en 2009, abrió el camino para el reconocimiento de la jubilación anticipada y el primer sistema de indemnizaciones. Sin embargo, para la oposición, estos hitos no son más que parches ante una realidad que sigue siendo precaria para muchos de los supervivientes.
El Partido Popular, aunque votó a favor por "lealtad a las víctimas", no ahorró críticas. Su portavoz, Pedro Samuel Martín García, fue tajante al afirmar que el Gobierno llega "tarde y mal". Según los populares, el recurso a una PNL —que no tiene carácter vinculante— es una estrategia para "no ejecutar, no obligar y no solucionar". Para el PP, el diagnóstico está hecho desde hace años y lo que se necesita no son más estudios, sino una ejecución real del presupuesto y mecanismos que obliguen a la farmacéutica Grünenthal a asumir su responsabilidad financiera en España.
El laberinto administrativo y la presión sobre la farmacéutica
Uno de los puntos clave de la iniciativa aprobada es la reclamación de una mayor implicación económica de Grünenthal y sus distribuidoras. Tras el cierre de la vía judicial por la prescripción de los delitos, las víctimas se han visto en un callejón sin salida legal. La PNL aprobada ahora pretende reactivar esa presión, además de eliminar los copagos farmacéuticos asociados a las lesiones derivadas de la talidomida y garantizar tratamientos rehabilitadores y ortoprotésicos continuados.
Sin embargo, el PP denunció que mientras se aprueban estas declaraciones de intenciones, el Gobierno mantiene bloqueadas más de cien iniciativas legislativas en el Congreso. Entre ellas, destacan la proposición de ley aprobada en el Senado para que las indemnizaciones queden exentas de tributación fiscal. "No tiene sentido que una reparación por un daño tan atroz tribute como un ingreso ordinario", lamentó Martín García, recordando que en 2026 muchas víctimas de la talidomida aún luchan por no ver mermadas sus ayudas por la presión de Hacienda.
Hacia un reconocimiento público y fiscal
El debate también contó con la participación de Vox, que centró sus enmiendas en la exención total en el IRPF de cualquier ayuda o renta recibida por los afectados. Para esta formación, el reconocimiento del daño debe ser pleno, incluyendo un marco fiscal que no castigue al beneficiario. La PNL aprobada incluye, además de las medidas técnicas, el compromiso de organizar un acto público de reconocimiento a las víctimas y sus familias, un gesto simbólico que busca sanar la herida emocional de décadas de olvido.
En conclusión, aunque el Congreso ha dado un paso administrativo para revisar el sistema de protección de las víctimas de la talidomida, la desconfianza política sigue siendo total. La sombra de la farmacéutica y la lentitud burocrática siguen siendo los principales obstáculos para un colectivo que, por pura biología, ya no puede permitirse esperar otra década para ver cumplidas las promesas de justicia y reparación. Por ahora, el compromiso está sobre el papel; la ejecución sigue siendo la asignatura pendiente de una democracia que todavía tiene una deuda pendiente con los hijos de la talidomida.
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