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La situación del sector pesquero en España continúa deteriorándose y ha encendido todas las alarmas entre sus principales representantes. La Confederación Española de Pesca y la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores han dado un paso al frente al dirigirse directamente al Gobierno para reclamar actuaciones inmediatas que permitan frenar el impacto de la actual coyuntura económica y geopolítica.
Ambas entidades comunicaron el envío de una carta al presidente del Ejecutivo en la que trasladan su preocupación por la grave crisis que atraviesa el sector, agravada en las últimas semanas. Según advierten, la evolución de los costes y la incertidumbre internacional están llevando a muchas empresas a una situación límite que podría traducirse en el cese de actividad de numerosos buques en un plazo muy corto.
Un contexto internacional que agrava los costes
El origen de esta crisis se encuentra en gran medida en los conflictos geopolíticos actuales, que han desencadenado un encarecimiento generalizado de la energía y de otros insumos clave. Sin embargo, el factor más determinante para el sector pesquero ha sido el fuerte incremento del precio del combustible.
A comienzos de año, el coste del carburante se situaba entre los 0,50 y 0,60 euros por litro, cifras que permitían mantener cierto equilibrio en la actividad. En la actualidad, sin embargo, esos precios han superado los 1,3 euros en muchos puertos españoles, llegando incluso a los 2,2 euros en otros países. Esta subida, calificada como “drástica” por el sector, ha disparado los costes de explotación y ha reducido significativamente los márgenes de rentabilidad.
Como consecuencia directa, muchas empresas pesqueras se encuentran ya por debajo del umbral de viabilidad económica, lo que pone en riesgo la continuidad de su actividad si no se adoptan medidas urgentes.
El sector pesquero, un sector estratégico en riesgo
El impacto de esta crisis no se limita únicamente a las empresas pesqueras. El sector tiene un peso significativo en la economía española, con alrededor de 30.000 pescadores en activo y más de 150.000 empleos indirectos vinculados a la actividad. Además, su contribución al valor agregado bruto se aproxima a los 10.000 millones de euros.
Estas cifras reflejan la importancia estratégica del sector pesquero no solo en términos económicos, sino también sociales y territoriales. Las organizaciones destacan que lo que está en juego va mucho más allá de la rentabilidad empresarial: se trata de proteger miles de puestos de trabajo, garantizar el suministro alimentario y preservar el tejido social de numerosas comunidades costeras.
En este sentido, advierten que una paralización masiva de la flota tendría consecuencias profundas en regiones donde el sector pesquero constituye uno de los principales motores económicos.
Medidas actuales consideradas insuficientes
A pesar de que el Gobierno ya ha aprobado medidas para paliar la situación a través del Real Decreto-ley 7/2026, las organizaciones consideran que estas iniciativas resultan insuficientes ante la magnitud de la crisis.
Dicho decreto reconoce el impacto del aumento del precio del combustible y otros factores como el encarecimiento de envases, el almacenamiento frigorífico o el transporte marítimo. Sin embargo, desde el sector se insiste en que estas ayudas no logran compensar el incremento de los costes ni garantizar la viabilidad de las empresas a corto plazo.
Por ello, Cepesca y la FNCP han planteado la necesidad de reforzar el paquete de apoyo con medidas adicionales de aplicación inmediata.
Entre las principales demandas del sector destaca el aumento de las ayudas al combustible, que actualmente se sitúan en 20 céntimos por litro. Las organizaciones solicitan elevar esta cantidad hasta los 50 céntimos, además de establecer un sistema de pago mensual que permita a las empresas disponer de liquidez suficiente para afrontar sus gastos operativos.
Asimismo, reclaman que la Administración tenga preparados todos los mecanismos necesarios para activar de forma inmediata las ayudas europeas procedentes del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura en cuanto estas reciban la autorización de la Comisión Europea.
Otra de las medidas consideradas clave para el sector pesquero es la exoneración de las cotizaciones a la Seguridad Social, en lugar de su simple aplazamiento. Esta medida, que se propone extender al menos hasta finales de 2026, busca aliviar la carga financiera de empresas y trabajadores y contribuir al mantenimiento del empleo en un contexto excepcional.
Llamamiento al diálogo con el Gobierno
Finalmente, las organizaciones han solicitado la convocatoria urgente de una reunión con el Gobierno para analizar en profundidad la situación y concretar la puesta en marcha de las medidas propuestas.
Desde el sector se insiste en la necesidad de actuar con rapidez para evitar consecuencias irreversibles. Según señalan, el sector pesquero necesita respuestas inmediatas que permitan mantener la actividad y asegurar el abastecimiento de productos pesqueros a la población.
El mensaje es claro: sin una intervención decidida, la crisis actual podría derivar en un problema estructural de gran alcance para la economía y las comunidades costeras españolas.
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