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El Cermi pide al Congreso que acelere la aprobación de una ley clave para proteger los derechos laborales de las personas con discapacidad. La iniciativa busca reforzar las sanciones a las empresas que no cumplen la cuota de discapacidad y garantizar que solo quienes respeten la normativa puedan recibir ayudas públicas.
El Cermi pide rapidez al Congreso de cara a la cuota de discapacidad
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha solicitado a los grupos políticos del Congreso que aceleren la aprobación de una ley fundamental para la inclusión laboral, más conocida como cuota de discapacidad.
Esta iniciativa busca reforzar las sanciones a las empresas que no cumplen la cuota de discapacidad, asegurando que la norma se aplique de manera efectiva en todas las compañías obligadas. El objetivo es que la ley pueda aprobarse en el actual periodo de sesiones y comience a proteger a las personas con discapacidad cuanto antes.
La ley, presentada por el Grupo Socialista, tiene como propósito garantizar que las empresas cumplan con su obligación de contratar a personas con discapacidad. Durante su debate y votación de toma en consideración el pasado septiembre, la propuesta contó con un amplio respaldo parlamentario.
Entre sus medidas destaca el endurecimiento de las sanciones por incumplir la cuota de discapacidad, pasando de infracciones graves a muy graves. Para el Cermi, esta modificación es necesaria y justa, ya que muchas empresas ignoran la obligación legal y perjudican a quienes más necesitan oportunidades de empleo.
Sanciones más duras y claras
Actualmente, la cuota de reserva se fija en un 2 % para empresas con 50 o más trabajadores. El Cermi considera que no respetarla es un acto antisocial que debe ser castigado con la máxima severidad. Además de las multas, la propuesta incluye impedir que las empresas sancionadas puedan recibir ayudas públicas.
Según la confederación, no hay excusas objetivas para no cumplir esta obligación legal, y las medidas buscan proteger tanto los derechos laborales como la justicia social.
Acceso a ayudas públicas
La iniciativa modifica la Ley General de Subvenciones para evitar que empresas que incumplen la ley puedan beneficiarse de fondos públicos. Sin embargo, el Cermi considera que esta medida aún es insuficiente.
Por ello, ha presentado enmiendas para que la restricción abarque también a las empresas que no acrediten previamente que cumplen la cuota de discapacidad.
De esta manera, se busca asegurar que los recursos públicos solo se entreguen a quienes respetan la normativa vigente y fomentan la inclusión laboral real.
Apoyo institucional y futuro de la ley
El endurecimiento del régimen sancionador ya figuraba entre las recomendaciones del Libro Blanco de Empleo y Discapacidad, elaborado por los ministerios de Derechos Sociales y Trabajo junto al Cermi y la Fundación ONCE. Este documento sirvió de base para la ley actual, que ahora avanza hacia su concreción normativa. La confederación insiste en que una tramitación rápida es esencial para garantizar que los cambios entren en vigor sin demora.
En general, la ley pretende reforzar la obligación de cumplir la cuota de discapacidad, sancionar a las empresas que no lo hagan y limitar el acceso a ayudas públicas a quienes no respetan los derechos de las personas con discapacidad.
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