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El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana (Cermi CV) ha lanzado una seria advertencia sobre el borrador del nuevo real decreto de ciberseguridad que prepara el Gobierno. Según la organización, el texto actual podría dejar incomunicadas a personas electrodependientes en situaciones de emergencia, con consecuencias potencialmente fatales.
La entidad ha trasladado al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública un extenso documento técnico que contiene 425 alegaciones jurídico-técnicas, en las que detalla los riesgos del proyecto y propone soluciones para garantizar el derecho a la comunicación de las personas con discapacidad y personas electrodependientes en contextos de crisis.
Riesgo de incomunicación en emergencias con las personas electrodependientes
El Cermi CV ha expresado su preocupación por la posible vulnerabilidad de las infraestructuras de telecomunicaciones contempladas en el borrador. Según explican, el futuro real decreto sobre seguridad y resiliencia de las redes y servicios electrónicos podría no ofrecer garantías suficientes para quienes dependen de la conectividad para mantenerse con vida, es decir, las personas electrodependientes.
Uno de los puntos más sensibles del texto, según la organización, es la limitación de las antenas móviles a solo cuatro horas de funcionamiento tras un apagón eléctrico. Esta duración contrastaría con las baterías de 12 horas que poseen muchos dispositivos de soporte vital, lo cual provocaría que, aunque el paciente pueda sobrevivir unas horas más, quedaría aislado sin posibilidad de pedir ayuda durante un lapso crítico.
El comité ha calificado este posible “desacople fatal” como un factor que podría tener graves consecuencias durante catástrofes naturales, crisis energéticas o ciberataques masivos. Como ejemplo, han recordado la reciente dana de Valencia, donde la interrupción de servicios básicos evidenció la vulnerabilidad de ciertos sectores de la población.
Exigencia de una ciberseguridad inclusiva y humana
El documento remitido por la organización se presenta como un trabajo inédito por su alto nivel de detalle técnico e ingeniería jurídica. Con él, el Cermi CV busca corregir lo que considera una visión excesivamente “tecnocrática” del proyecto legal.
La entidad demanda que la infraestructura digital del Estado no solo proteja datos y redes, sino también la vida de los más de cuatro millones de personas con discapacidad y sus familias que viven en España. Por ello, las alegaciones plantean medidas concretas para reforzar la teleasistencia, los sistemas de emergencia (como el 112 y ES-Alert) y la seguridad de los servicios esenciales que dependen de las telecomunicaciones.
Además, el comité llama la atención sobre aspectos más complejos vinculados a la inteligencia artificial (IA), los deepfakes, la soberanía de los datos sanitarios y la prioridad en la reparación de redes en zonas rurales.
El presidente del Cermi CV, Luis Vañó, resumió la postura del comité al afirmar que “no puede existir una seguridad de dos velocidades, con una red robusta para el usuario común y una red frágil para quien depende de ella para vivir”.
Vañó explicó que la entidad ha llevado a cabo una “auditoría quirúrgica” del texto del decreto con el objetivo de demostrar que la accesibilidad no debe verse como un añadido, sino como una defensa esencial frente a catástrofes. En sus palabras, la accesibilidad “es el cortafuegos que separa la vida de la muerte”.
Entre las recomendaciones más destacadas del Cermi CV figura la extensión del tiempo mínimo de autonomía de las antenas móviles a 24 horas en áreas donde residan personas electrodependientes. Asimismo, plantean la creación de un sistema de “alarma centinela”, capaz de avisar de manera automática al 112 si se detecta la caída de conexión en los hogares de pacientes vitales.
El comité también hace hincapié en la necesidad de reforzar la protección frente al llamado “triaje algorítmico”, un fenómeno por el que los algoritmos podrían dar menor prioridad en la red a las personas electrodependientes y con discapacidad durante una emergencia. Igualmente, reclaman responsabilidad directa de los operadores si los sistemas de traducción automática cometen errores en mensajes de alerta o si se producen estafas mediante clonación de voz o deepfakes en contextos de caos.
Accesibilidad y seguridad nacional
Uno de los ejes del documento es la propuesta de incorporar la accesibilidad universal como criterio básico de seguridad nacional. El Cermi CV pide que todos los sistemas de alerta pública sean accesibles desde el diseño mismo: integración de lengua de signos, texto en tiempo real, vibración háptica para personas sordociegas y compatibilidad con lectores de pantalla. “Una alerta que no se entiende”, advierte el comité, “es una alerta que no existe”.
En esa misma línea, solicitan que se revise la memoria económica del proyecto de decreto, la cual sostiene que la norma no genera impactos en las familias. El Cermi CV señala que esta afirmación ignora la realidad: la caída de los sistemas de teleasistencia provoca voluntariado forzoso en las familias cuidadoras y tiene efectos graves en la rehabilitación infantil de menores con discapacidad, cuyos tratamientos dependen de la telerrehabilitación. Por ello, exigen que este impacto social sea reconocido y cuantificado.
Protección de los neuroderechos y la soberanía digital
En un apartado de enfoque innovador, las alegaciones del Cermi CV abordan la protección de los llamados neuroderechos. Esto incluye la salvaguarda de los datos neuronales derivados de las interfaces cerebro-computadora y la protección de los bancos de voz de pacientes con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) almacenados en la nube, considerados activos personales críticos que no deberían perderse debido a fallos de red.
El documento concluye con la petición de incorporar una cláusula de no regresión que impida a las operadoras utilizar situaciones de fuerza mayor como excusa para restringir los derechos de accesibilidad, incluyendo a las personas electrodependientes.
En sus declaraciones finales, Luis Vañó emplazó al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a tomar una decisión clave: “Aprobar la norma de ciberseguridad más avanzada y humana de Europa o aprobar un texto que deje atrás a los más vulnerables”.
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