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La reciente Norma Foral de Montes de Bizkaia ha provocado una gran preocupación entre las organizaciones ecologistas. El grupo Eguzki, conocido por su trayectoria antinuclear y ambientalista, ha presentado alegaciones al Proyecto de Reglamento Forestal de Bizkaia, advirtiendo que el texto consolida un modelo de gestión forestal intensivo que amenaza la salud de los suelos, los ríos y la biodiversidad, mientras canaliza subvenciones públicas hacia actividades que generan un claro deterioro ambiental.
Según detalla Eguzki, el borrador de la norma introduce un sistema de pagos por servicios ecosistémicos que podría permitir el uso de fondos públicos para premiar prácticas destructivas. Dichos mecanismos, en vez de promover la recuperación de ecosistemas, legitiman la gestión intensiva de los montes, generando un círculo vicioso: quienes degradan el territorio serían recompensados con dinero público mientras continúan causando daños medibles.
La organización alerta de que este planteamiento socava el principio de responsabilidad ambiental. Las consecuencias son varias: erosión, pérdida de carbono en el suelo, aumento del riesgo de incendios y contaminación de cauces fluviales. El resultado, según denuncian, es un escenario en el que “la ciudadanía paga dos veces”: una para reparar los daños y otra para subvencionar a los causantes.
Los montes de Bizkaia, un territorio cada vez más artificializado
Bizkaia presenta una de las mayores transformaciones del paisaje natural dentro de Euskal Herria. De las 220.000 hectáreas totales del territorio, solo el 21 % es de propiedad pública. Dentro de esa superficie, 100.000 hectáreas están ocupadas por plantaciones forestales exóticas, principalmente de especies madereras de rápido crecimiento como el eucalipto. En contraste, solo 32.000 hectáreas conservan bosques naturales, los cuales, subraya Eguzki, se encuentran en un estado de conservación desfavorable.
Especialmente preocupante resulta el hecho de que 24.000 hectáreas de cultivos exóticos estén en manos públicas, lo que para el colectivo refuerza la idea de que la administración no está liderando con el ejemplo, sino respaldando un modelo forestal intensivo contrario a la sostenibilidad para los montes de Bizkaia.
La Norma Foral de Montes de Bizkaia plantea que quienes gestionan sus montes puedan acogerse a incentivos económicos por los llamados “servicios ecosistémicos”. Sin embargo, según el análisis de Eguzki, esta vía abre la puerta a que modelos intensivos, basados en talas a matarrasa, uso de maquinaria pesada o apertura de nuevas pistas, puedan ser calificados oficialmente como sostenibles, incluso cuando generen daños ambientales demostrables.
El grupo ecologista denuncia que el proyecto vacía de contenido el principio de “quien contamina paga”, sustituyéndolo por una suerte de “recompensa al impacto”, en la que los operadores forestales pueden beneficiarse del dinero público pese a ser los responsables de la degradación. De este modo, se configura un sistema de “blanqueo verde” o greenwashing institucional, en el que se presentan como ambientalmente positivas actividades que, en la práctica, destruyen los recursos naturales.
La autonomía municipal en entredicho
Eguzki también hace hincapié en otro aspecto preocupante: el ataque a la autonomía de los ayuntamientos. El borrador establece un régimen jurídico que permitiría autorizar actuaciones forestales sin someterse al planeamiento urbanístico municipal. A través de instrumentos como los Modelos Tipo de Gestión Forestal Sostenible o las Declaraciones Responsables, se facilitarían talas, repoblaciones y otras intervenciones que pueden desarrollarse incluso en suelos clasificados por los municipios como zonas de protección ecológica o paisajística.
Esta arquitectura legal, advierten los ecologistas, deja en manos de un órgano sectorial forestal, con fuerte presencia de intereses privados, decisiones que deberían corresponder a los ayuntamientos y al sistema general de ordenación territorial. El resultado: la pérdida de control local sobre los usos del suelo y la vulneración de competencias municipales en materia urbanística.
Otro punto clave que Eguzki subraya en sus alegaciones es la ausencia de una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) del proyecto. La propia Diputación Foral de Bizkaia admite que la norma tiene carácter estratégico al definir la gestión forestal para todo el territorio, pero no se ha sometido a este procedimiento obligatorio, lo que para el grupo ecologista constituye un incumplimiento ambiental grave y una falta de transparencia institucional.
En conjunto, Eguzki sostiene que la Norma Foral de Montes de Bizkaia no impulsa la conservación ecológica, sino que institucionaliza un modelo forestal regresivo y subvencionado. Consideran que el texto prioriza los intereses económicos del sector maderero intensivo frente a la restauración del patrimonio forestal, la protección de los suelos y la recuperación de la biodiversidad perdida.
Las propuestas de Eguzki
Para revertir esta deriva, la organización plantea una serie de recomendaciones concretas para aplicar en los montes de Bizkaia:
- Suspender la tramitación del proyecto hasta realizar una revisión ambiental completa.
- Excluir de los pagos ecosistémicos toda gestión que suponga pérdidas de suelo, carbono, biodiversidad o calidad del agua.
- Prohibir la doble percepción de fondos: no debería cobrarse por servicios ecosistémicos y, al mismo tiempo, por reparar los daños ocasionados.
- Exigir licencia urbanística municipal para todas las talas, repoblaciones y cambios de especies.
- Eliminar el carácter vinculante de los informes forestales sobre el planeamiento municipal.
Para Eguzki, la defensa del medio ambiente no puede quedar subordinada a intereses económicos ni justificarse bajo el paraguas de ayudas públicas mal diseñadas. Reclaman una revisión profunda del modelo forestal de montes de Bizkaia, orientada hacia la restauración y la gestión sostenible real, donde el principio rector sea claro: quien destruye, paga; quien conserva, merece apoyo.
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