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Durante décadas, la narrativa pública sobre el cambio climático ha tenido un villano recurrente: las grandes empresas multinacionales privadas, las conocidas como "Big Oil" (ExxonMobil, BP, Shell, Chevron). El activismo, las demandas judiciales y la presión de los inversores ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) se han cebado con ellas. Sin embargo, los datos publicados por El País obligan a reenfocar el objetivo. La realidad es mucho más compleja y geopolíticamente espinosa: 17 de las 20 compañías del sector fósil que más dióxido de carbono emiten en el mundo son propiedad de los Estados.
Este dato, extraído de las bases de datos más recientes sobre emisiones globales, confirma que el capitalismo privado no es el único, ni siquiera el principal, motor del calentamiento global actual. El verdadero desafío reside en el capitalismo de Estado y en las Compañías Nacionales de Petróleo (NOCs, por sus siglas en inglés).
La diferencia entre IOCs y NOCs: ¿por qué importa quién es el dueño?
Para entender la magnitud del problema, hay que distinguir entre dos tipos de gigantes energéticos:
- IOCs (International Oil Companies): Son empresas privadas que responden ante accionistas (ej. Shell, Total). Son vulnerables a la presión pública, a las caídas en bolsa y a las regulaciones externas.
- NOCs (National Oil Companies): Son empresas propiedad total o mayoritaria de un gobierno (ej. Saudi Aramco, Gazprom, Coal India, Pemex, PDVSA).
El informe destaca que las NOCs operan con una lógica diferente. No tienen juntas de accionistas activistas que exijan planes de transición verde. Su único "accionista" es el Gobierno, y su misión principal no es siempre la rentabilidad pura, sino garantizar la seguridad energética nacional y, sobre todo, financiar el presupuesto del Estado.
La trampa de la dependencia fiscal
Aquí radica el nudo gordiano de la crisis climática en 2026. Para muchos de los países propietarios de estas 17 empresas, los ingresos del petróleo, el gas o el carbón no son solo un negocio; son la columna vertebral que sostiene hospitales, escuelas, ejércitos y subsidios sociales.
Pedirle a una empresa privada que reduzca sus emisiones es una batalla regulatoria y de mercado. Pero pedirle a una empresa estatal que reduzca su producción es pedirle a un país que recorte sus propios ingresos soberanos. En naciones donde el sector fósil representa el 40 %, 60 % o incluso el 80 % de las exportaciones, la transición energética se percibe como una amenaza existencial a la estabilidad económica y social.
Opacidad y falta de rendición de cuentas
Otro factor crítico que señala el análisis es la transparencia. Mientras que las empresas cotizadas en bolsas occidentales están obligadas a publicar informes de sostenibilidad detallados y auditados, muchas de estas 17 empresas estatales operan bajo el secreto de Estado o con estándares de reporte muy laxos.
Sabemos que emiten más que nadie, pero a menudo no sabemos cuánto invierten realmente en energías renovables (si es que lo hacen) o cuáles son sus planes de mitigación a largo plazo. Esta opacidad dificulta enormemente el monitoreo global de las emisiones y hace que los compromisos adquiridos en las cumbres del clima (COP) sean difíciles de verificar.
La geopolítica del CO2
Este escenario transforma la lucha climática en un problema de alta diplomacia. No se puede demandar a Saudi Aramco o a la Compañía Nacional de Petróleo de Irán de la misma forma que se demanda a una empresa en un tribunal de Nueva York o La Haya.
La solución pasa necesariamente por la cooperación internacional y la financiación. Los países ricos deben facilitar tecnología y capital para que estos "petroestados" puedan diversificar sus economías. Mientras sus cuentas públicas dependan del bombeo de crudo o la quema de carbón, sus empresas estatales seguirán liderando este ranking de emisiones.
Un cambio de paradigma
El titular de El País es un baño de realidad. Demonizar al sector privado es insuficiente si el sector público global sigue actuando como el mayor promotor de los combustibles fósiles.
La transición hacia un mundo de cero emisiones netas no se decidirá solo en las juntas directivas de Wall Street, sino en los ministerios de Riad, Moscú, Nueva Delhi, Pekín y Teherán. Mientras los Estados sigan siendo los mayores empresarios del carbono, la política climática será, inevitablemente, política de Estado.
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