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El Gobierno refuerza la inclusión de hogares vulnerables en proyectos de autoconsumo colectivo y eficiencia energética. La segunda Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, presentada para el periodo 2026-2030, busca garantizar el suministro, ampliar la cobertura del bono social y fomentar la participación de las familias más desfavorecidas en iniciativas de energía renovable, con el objetivo de reducir la carga energética y mejorar las condiciones de sus viviendas.
Avances en la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética
Desde su lanzamiento en 2019, la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética (ENPE) ha buscado reducir significativamente el número de personas afectadas por dificultades para acceder a servicios energéticos esenciales. En aquel momento, se estimaba que entre 3,5 y 8,1 millones de ciudadanos vivían esta situación, y el objetivo era disminuirlo entre un 25 % y un 50 %. Para lograrlo, se estructuró un plan basado en cuatro ejes, nueve líneas de actuación y casi veinte medidas concretas.
El impacto de la ENPE ha sido relevante incluso en circunstancias complejas, como la pandemia global y la crisis energética derivada del conflicto entre Rusia y Ucrania. Gracias a intervenciones urgentes, como la aplicación del Mecanismo Ibérico y la reducción de impuestos sobre la energía, se ha podido aliviar la carga económica sobre los consumidores más frágiles, protegiendo especialmente a los hogares vulnerables y a aquellos con dependencia eléctrica.
Segunda estrategia 2026-2030: Inclusión y eficiencia
El 17 de febrero de 2026 se presentó la segunda Estrategia contra la Pobreza Energética, que amplía las medidas previas y refuerza la protección de los hogares vulnerables. Con trece medidas y 33 acciones, esta estrategia pretende consolidar avances, promover la eficiencia energética y mejorar las condiciones ambientales de los consumidores más desfavorecidos.
Entre las novedades, destaca la creación del Observatorio Nacional de Pobreza Energética (OPE), encargado de recopilar datos, actualizar indicadores y facilitar laboratorios ciudadanos que permitan diseñar políticas más efectivas. También se busca garantizar la continuidad del suministro energético y proteger a los consumidores frente a situaciones de interrupción o refacturaciones imprevistas, evitando impactos económicos severos sobre las familias en riesgo.
Bono social y participación comunitaria
El bono social sigue siendo la principal herramienta de apoyo para los hogares vulnerables, aunque menos del 50 % de quienes cumplen los requisitos lo reciben actualmente. La nueva Estrategia incluye medidas para simplificar los trámites, ajustar criterios de acceso y ampliar la cobertura, incluyendo cooperativas y comunidades energéticas.
De esta manera, se facilita la integración de los hogares con menor capacidad económica en proyectos de autoconsumo y eficiencia energética colectiva, garantizando su participación activa en programas comunitarios.
Mejora de las condiciones energéticas para los hogares vulnerables
Otro eje prioritario es la rehabilitación energética de viviendas con necesidades críticas. Se desarrollarán programas piloto para la renovación rápida de viviendas con deficiencias estructurales, como aislamiento insuficiente, humedades o equipos ineficientes. Las acciones incluyen mejoras en fachadas, cubiertas, suelos y carpintería, así como formación y acompañamiento a los residentes.
El impulso al autoconsumo renovable y a las redes de climatización permitirá que los hogares vulnerables accedan a energía más sostenible y económica. Además, se fomentará la participación en comunidades energéticas y proyectos colectivos de almacenamiento, priorizando siempre la inclusión de quienes más necesitan el apoyo
Finalmente, la Estrategia refuerza la colaboración entre administraciones, creando puntos de asesoramiento energético y facilitando la detección de pobreza energética a través de servicios sociales y sanitarios.
La Red-Actúa ofrecerá formación y apoyo económico a entidades y administraciones locales, asegurando que los hogares vulnerables reciban atención especializada, orientación y recursos para mejorar su eficiencia energética y reducir la carga económica asociada.
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