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Invertir en las personas no solo es un deber moral, sino una de las decisiones financieras más inteligentes que puede tomar un Estado. Así lo certifica la reciente evaluación de impacto de los programas de empleo impulsados por Cáritas Española, Cruz Roja Española, Fundación ONCE y la Fundación Secretariado Gitano. Los datos presentados este lunes en la sede del Consejo Económico y Social (CES) son contundentes: por cada euro invertido en estos proyectos, la sociedad recibe un retorno de tres euros.
Este informe, elaborado por la consultora Fresno y el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Murcia, analiza el periodo comprendido entre 2016 y 2023. Los resultados demuestran que la inclusión social no es un gasto, sino una inversión productiva que transforma vidas y fortalece las arcas públicas.
Un modelo de éxito basado en la inclusión social y el empleo
El éxito de esta iniciativa radica en un modelo de intervención que suma ya 25 años de trayectoria. A través de itinerarios personalizados y un acompañamiento integral, las cuatro entidades han logrado atender a más de 1,3 millones de personas en situación de vulnerabilidad. El dato de inserción es especialmente revelador: 468.996 personas han conseguido un empleo gracias a estos programas, mientras que cerca de 430.000 han recibido formación especializada.
En el periodo específico de 2016 a 2023, la eficacia del sistema se mantuvo al alza. De las casi 450.000 personas atendidas (donde las mujeres representan el 55 %), más de la mitad logró resultados positivos en términos de activación o formación. Además, el programa ha demostrado que participar en estos itinerarios aumenta en un 79 % la probabilidad de acceder a un puesto de trabajo, un porcentaje que valida la metodología del Fondo Social Europeo (FSE).
El retorno económico de la inversión en vulnerabilidad
Más allá de las cifras de empleabilidad, el informe pone el foco en la rentabilidad económica. El retorno social y financiero oscila entre los 2,9 y los 4 euros por cada unidad invertida. Sin embargo, el mayor beneficiario es la Administración Pública: por cada euro que el Estado aporta a estos proyectos, recupera hasta 38 euros a través de impuestos, cotizaciones sociales y el ahorro en prestaciones por desempleo o ayudas de inserción.
Este "círculo virtuoso" de la inclusión social permite que colectivos tradicionalmente alejados del mercado laboral —como personas con discapacidad, población migrante, mayores de 45 años o personas en situación de sinhogarismo— se conviertan en agentes activos de la economía. Como bien señaló Alberto Durán, vicepresidente de la ONCE, se trata de una oportunidad para que la gente "salga de casa" y rompa el ciclo de la pobreza.
El factor humano: mucho más que un contrato de trabajo
Aunque los datos económicos son impresionantes, el impacto más profundo es el humano. La evaluación destaca que los efectos de los programas son "sostenidos en el tiempo". No se trata solo de encontrar un trabajo temporal, sino de una mejora integral del entorno familiar y un cambio radical en las expectativas vitales de los participantes. La inclusión social actúa aquí como un motor de dignidad que devuelve la esperanza a quienes el sistema a menudo ignora.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, reforzó esta idea durante el acto al afirmar que "no hay nada más caro que la pobreza". Para Díaz, combatir la desigualdad es la vía más directa para generar riqueza colectiva. En la misma línea, Sara Giménez, de la Fundación Secretariado Gitano, recordó que el empleo es, sin duda, el mayor elemento de inclusión social que existe hoy en día.
Desafíos para el futuro del Fondo Social Europeo
A pesar de los éxitos, el informe también lanza advertencias. El Fondo Social Europeo destina actualmente más del 25 % de sus recursos a la inclusión social, pero las entidades reclaman estabilidad y continuidad. En un contexto europeo convulso, existe el riesgo de que otras prioridades políticas desdibujen la atención a los colectivos más frágiles.
La colaboración público-privada y el compromiso del tejido empresarial (el 89 % de las empresas colaboradoras están satisfechas con los perfiles contratados) son los pilares que deben sostenerse. La conclusión de los expertos es clara: en un mercado laboral marcado por la digitalización y la desigualdad estructural, seguir invirtiendo en inclusión social es la única garantía para lograr una cohesión social real y un crecimiento económico sostenible en la España del futuro.
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