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El Congreso de los Diputados ha aprobado la nueva ley de multirreincidencia, una reforma del Código Penal que endurece el castigo para quienes cometen pequeños delitos de forma reiterada, especialmente hurtos como el robo de teléfonos móviles en la calle. La norma ha salido adelante con una mayoría poco habitual: PSOE, PP, Vox y Junts han unido fuerzas para respaldar el texto, mientras que Sumar, Podemos y BNG han votado en contra y Esquerra Republicana (ERC) se ha abstenido.
La ley ha sido aprobada con 302 votos a favor y 36 en contra, procedentes de Sumar, Podemos y el BNG, mientras que ERC y Coalición Canaria optaron por la abstención. El PNV también ha apoyado el proyecto, consolidando una mayoría amplia que ha dejado en minoría a la izquierda que forma parte habitual del bloque de investidura. El movimiento del PSOE cumple así uno de los compromisos adquiridos con Junts para asegurar estabilidad a la legislatura y avanzar en acuerdos clave con el espacio de Carles Puigdemont.
La propuesta fue registrada inicialmente por Junts y llevaba meses encallada, pero el pacto entre esta formación y los socialistas permitió desbloquearla en comisión y llevarla al Pleno. El giro se produjo poco después de que Junts anunciara la ruptura con el Gobierno y congelara su apoyo a las iniciativas legislativas impulsadas por PSOE y Sumar, lo que aumentó la presión para cerrar acuerdos concretos.
Qué es la multirreincidencia y qué cambia
La multirreincidencia se refiere a la comisión repetida de un mismo tipo de delito, típicamente pequeños robos o hurtos que se repiten en el tiempo. Junts explica en la exposición de motivos que la ley responde a las quejas de numerosos ayuntamientos catalanes, que desde 2021 alertan de una “alarma social” por una oleada de hurtos y peleas protagonizada por un grupo muy reducido de personas al que el sistema no conseguía poner freno.
Hasta ahora, el Código Penal ya preveía penas más duras para quienes robaban de forma continuada: a partir de más de tres condenas por hurto y si el valor total de lo sustraído superaba los 400 euros, el castigo podía pasar de una simple multa a una pena de prisión de entre seis y dieciocho meses. La novedad de la nueva ley es que se rebaja el listón para entrar en la cárcel: bastará con acumular tres condenas por delitos de la misma naturaleza, al menos uno de ellos leve, incluso cuando lo robado no alcance los 400 euros.
Además, la norma fija penas de entre uno y tres años de prisión para los hurtos continuados considerados “menos graves o graves” a partir de tres condenas. Este nuevo marco se aplica de forma específica a los robos de dispositivos tecnológicos como teléfonos móviles, ordenadores u otros aparatos electrónicos, que pasarán a castigarse dentro de esta misma horquilla de uno a tres años si se cometen de manera reiterada.
El diputado socialista Francisco Aranda ha defendido que el compromiso del Gobierno pasa por atajar la multirreincidencia sin “fiarlo todo al punitivismo” ni entrar en planteamientos “racistas o xenófobos” como los que atribuye a la ultraderecha. Según ha explicado, el Ejecutivo trabaja también en medidas adicionales fuera del Código Penal para evitar que algunas personas hagan de la multirreincidencia su modo de vida.
ERC ha sido el único partido del bloque de izquierdas del Congreso que no ha votado en contra de la ley, optando finalmente por la abstención. La formación admite que no comparte el espíritu de la reforma, pero asegura que ha escuchado el malestar de sus alcaldes, que les han trasladado su preocupación por la reincidencia en pequeños delitos en los últimos meses.
En paralelo, ERC ha cerrado un acuerdo con el Gobierno para incrementar el número de jueces en Catalunya. El Ejecutivo se compromete a crear 91 nuevas plazas judiciales en 2026 mediante real decreto y otras 90 en 2027, hasta sumar 180 nuevos jueces en dos años. Según los republicanos, este refuerzo permitirá ampliar la planta judicial y disponer de más recursos para aplicar la nueva regulación de la multirreincidencia con mayor capacidad de respuesta.
Los partidos situados a la izquierda del PSOE han cargado con dureza contra la reforma, a la que acusan de “criminalizar la pobreza”.
El PP y Vox vinculan delito e inmigración
El Partido Popular ha aprovechado el debate para lanzar ataques tanto contra el Gobierno como contra las políticas migratorias. La portavoz popular Cuca Gamarra ha cuestionado cuántos multirreincidentes podrán acceder a la residencia con el proceso de regularización y ha acusado al Ejecutivo de convertir esa vía en un “coladero para delincuentes”. En sus palabras, “el que venga a delinquir, a su país”, defendiendo que la residencia “se gana, no se regala”.
Gamarra también ha cargado contra la “multirreincidencia” de la corrupción que, a su juicio, afecta al entorno del PSOE y a otros socios parlamentarios, introduciendo en el debate la financiación irregular y los pactos con EH Bildu. Vox, por su parte, ya había presentado una propuesta similar en 2022 y lleva años utilizando la multirreincidencia para vincular inseguridad y migración en sus discursos.
Con este nuevo marco legal, España estrena un endurecimiento específico contra la reincidencia en pequeños delitos que, para unos, responde a una demanda ciudadana de más seguridad y, para otros, abre la puerta a llenar las cárceles con personas en situación de vulnerabilidad sin abordar las causas sociales de fondo
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