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El último informe del Observatorio Estatal de la Dependencia revela que el sistema español sigue siendo insuficiente. Aunque en 2025 aumentó la inversión y el número de personas atendidas, las listas de espera siguen siendo largas, las prestaciones bajas y las desigualdades entre comunidades muy marcadas. Más de 32.700 personas murieron esperando recibir los servicios que les corresponden por ley.
Informe sobre la dependencia en España
La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha publicado el XXVI Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia. Este informe analiza cómo se aplica la Ley de Dependencia en España y revisa la atención a las personas en situación de dependencia.
El informe no muestra resultados positivos y señala problemas que persisten en el sistema, como las prestaciones bajas, las diferencias entre comunidades autónomas y las largas listas de espera. En 2025, un total de 32.704 personas fallecieron antes de poder recibir una evaluación o acceso a los servicios que les corresponden por ley.
A finales de 2025, 1.784.369 personas tenían reconocida su situación de dependencia, 158.618 más que el año anterior. Aunque la inversión aumentó hasta 13.506,6 millones de euros, sigue siendo insuficiente. Esta cifra representa solo un 0,8 % del PIB, la mitad de lo que destinan de media los países europeos.
Los procedimientos administrativos complejos y las cuantías reducidas de las ayudas hacen que el sistema sea poco eficaz. La baja intensidad de los servicios y la imposibilidad de compatibilizar prestaciones convierten a la dependencia en un modelo “low cost”, que no cubre adecuadamente las necesidades de las personas dependientes, incluso con el aumento de financiación entre 2021 y 2023.
Prestaciones y servicios
A pesar de un récord en el número de personas atendidas, las ayudas siguen siendo muy limitadas. Por ejemplo, 66.246 personas reciben únicamente teleasistencia, y cuatro de cada diez de estos casos se concentran en la Comunidad de Madrid.
Los cuidados familiares también reciben cuantías bajas: 735.889 personas perciben una media de 264,55 euros mensuales. Esta cifra varía según el grado de dependencia, pero sigue siendo insuficiente para cubrir las necesidades básicas de cuidado.
Aunque se aprobó un proyecto de reforma de la Ley, el Observatorio advierte que sin incrementar al menos 1.000 millones de euros en los próximos presupuestos, la reforma quedará en buenas intenciones.
Desigualdades y tiempos de tramitación
El número de personas pendientes de recibir una resolución es de 258.167, lo que refleja que, a este ritmo, se tardarían más de 20 años en resolver todas las listas de espera. Existen grandes diferencias entre territorios: mientras algunas comunidades reducen los tiempos, otras los incrementan, manteniendo la desigualdad.
El tiempo medio de tramitación alcanzó los 341 días a finales de 2025, y en algunas comunidades supera el año. Solo cinco comunidades y Ceuta y Melilla cumplen con el plazo máximo de 180 días. Las listas siguen creciendo en ciertos territorios, y los retrasos afectan directamente a los derechos de los dependientes.
Mortalidad y necesidad de cambios para reducir listas de espera
El Observatorio alerta que la situación sigue siendo crítica: cada 15-16 minutos muere una persona dependiente sin haber recibido la atención que le corresponde. En total, 32.704 personas fallecieron mientras estaban en las listas de espera, esperando una evaluación o prestación.
El informe recalca que, aunque algunas comunidades aprueban la escala de valoración, muchas otras obtienen puntuaciones bajas, evidenciando desigualdad territorial. Sin un aumento significativo de la inversión, las listas de espera y la cobertura limitada seguirán siendo un problema grave.
El sistema español de dependencia ha mejorado en cobertura e inversión, pero los resultados siguen siendo insuficientes. Las prestaciones bajas, la burocracia y las listas de espera prolongadas ponen en riesgo la atención a quienes más lo necesitan. El Observatorio insiste en la necesidad de aumentar los recursos y reducir las listas para garantizar derechos y servicios efectivos a toda la población dependiente.
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