Lectura fácil
El Pacto de Estado contra la Violencia de Género continúa su avance. Según informó la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, a finales de diciembre de 2025 ya se habían puesto en marcha 235 de las 461 medidas previstas, lo que representa un 51 % de ejecución global. Así lo detalló durante su comparecencia ante la Comisión de seguimiento y evaluación del Congreso, donde explicó los progresos realizados desde la renovación del acuerdo hace un año.
Martínez Perza subrayó que el Ministerio de Igualdad encabeza el cumplimiento del pacto con un 54% de las medidas bajo su responsabilidad en marcha, lo que demuestra, según la ministra, una gestión “basada en la responsabilidad y la eficacia”.
El balance presentado destaca los avances del ministerio en materia de violencia vicaria, trata, violencia sexual y en la consolidación de servicios esenciales de atención. Asimismo, la delegada apuntó que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (DGVG) actúa como “motor operativo del pacto” y que tiene previsto implementar 13 nuevas medidas a lo largo de 2026.
Avances normativos clave contra la violencia de género: trata y violencia vicaria
Uno de los ejes señalados por Martínez Perza fue el impulso legislativo. Recordó que la Ley contra la Violencia Vicaria se encuentra en tramitación parlamentaria, mientras que la Ley Integral contra la Trata de Seres Humanos está en una fase muy avanzada y el Ejecutivo prevé presentarla al Consejo de Ministros antes de que finalice el primer semestre del año.
Ambas normas, afirmó, son resultado del trabajo coordinado con distintos ministerios y organismos, y buscan reforzar la protección y la reparación integral de las víctimas.
La delegada también destacó la cooperación interinstitucional como elemento esencial del pacto. En este sentido, mencionó el convenio firmado con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la creación de grupos de trabajo técnicos entre administraciones. El objetivo, dijo, es garantizar criterios homogéneos, transparencia y evaluación de resultados, fortaleciendo así la coherencia de las actuaciones a nivel estatal, autonómico y local.
El balance económico fue otro de los puntos relevantes de su intervención. Durante 2025, la Administración General del Estado destinó más de 82 millones de euros directamente a medidas concretas del pacto. A ello se suman 160 millones de euros transferidos a las comunidades autónomas y otros 40 millones destinados a entidades locales.
Martínez Perza aseguró que esta financiación garantiza la continuidad de servicios esenciales como los centros de crisis 24 horas, la línea 016, el servicio Atenpro y la plataforma Cometa. De cara a 2026, anunció 11,9 millones de euros adicionales para reforzar programas de prevención y atención específica a víctimas.
Desglose del cumplimiento por áreas
La delegada detalló que el pacto especifica qué ministerios y organismos son responsables de cada medida. Dentro del ámbito estatal, el Ministerio de Igualdad ha ejecutado 113 de las 211 medidas asignadas, lo que supone un 54 %.
La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género tiene a su cargo 159 medidas propias y 21 compartidas con el Instituto de las Mujeres. En 2025, se activaron 90 de las propias y 8 de las compartidas. El Instituto, por su parte, avanzó en 3 de sus 9 medidas exclusivas y en 2 compartidas.
Otros ministerios también han contribuido: el de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes mejoró la protección de menores en entornos digitales y la adecuación de sedes judiciales, mientras que Interior impulsó medidas sobre asilo, la actualización de VioGén y la protección internacional de víctimas.
Medidas a diferentes ritmos
Martínez Perza explicó que la ejecución de las medidas en la lucha contra la violencia de género depende de su complejidad: “Algunas son inmediatas, como campañas o formación; otras requieren reformas legales, cambios estructurales o la actualización de sistemas de evaluación”. Aun así, destacó que el 51 % global de ejecución demuestra un arranque rápido y coordinado, con alta alineación institucional entre los ministerios implicados.
La delegada aprovechó su intervención para enumerar otras acciones en marcha:
- Creación del sistema de acreditación de víctimas.
- Mejoras en los mecanismos de protección y en los criterios de seguridad jurídica para las subvenciones.
- Apoyo a las mujeres y niñas víctimas de trata con fines de explotación sexual.
- Consolidación de los 60 centros de atención integral 24 horas.
- Refuerzo de la cooperación internacional para atender a víctimas españolas en el exterior.
- Nuevas campañas de sensibilización y prevención.
Una política de Estado firme y duradera
“Más de la mitad de las medidas contra la violencia de género están activas, los recursos se han ejecutado y el seguimiento está garantizado”, afirmó Martínez Perza, quien calificó los resultados de este primer año como “claros y alentadores”.
Subrayó que el Pacto de Estado no es “solo un documento”, sino una “estrategia de vida, protección y dignidad”, y reiteró el compromiso del Gobierno con una política de Estado firme, duradera y basada en la evidencia para erradicar la violencia contra las mujeres.
Añadir nuevo comentario