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El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha alzado la voz este lunes para reclamar un cambio de rumbo en las políticas de infraestructuras críticas del país. En un movimiento estratégico, la entidad ha exigido formalmente al Gobierno, a través del Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública, que la nueva normativa sobre redes y servicios de comunicaciones electrónicas no se limite a criterios técnicos. La plataforma sostiene que es imperativo que el nuevo marco legal dispense una protección de personas con discapacidad reforzada, garantizando que nadie quede atrás ante colapsos energéticos o digitales.
Esta demanda se ha formalizado mediante un documento de propuestas elevado al departamento que dirige Óscar López, aprovechando el trámite de audiencia pública del Proyecto de Real Decreto sobre seguridad y resiliencia de las redes. Para el Cermi, aunque la actualización del marco regulatorio es necesaria ante las crecientes amenazas climáticas y cibernéticas, el texto actual ignora la realidad de miles de ciudadanos cuya supervivencia depende de un enchufe o de una conexión estable a la red.
Urgencia por una mayor protección de personas con discapacidad electrodependientes
Uno de los puntos más críticos de las alegaciones presentadas se centra en el colectivo de las personas electrodependientes. El Cermi denuncia que el proyecto de real decreto adolece de un enfoque "excesivamente tecnocrático" que olvida la dimensión humana. Según la entidad, la normativa debe centrarse en la protección de personas con discapacidad que dependen críticamente de estas infraestructuras para su propia vida. En situaciones de crisis, la falta de suministro eléctrico o de conectividad no es un simple inconveniente logístico, sino una amenaza directa de muerte para quienes utilizan respiradores o sistemas de monitorización constante.
La plataforma recuerda que las recientes catástrofes han demostrado que este colectivo suele ser la "primera víctima invisible" cuando las infraestructuras colapsan. Por ello, instan al Ejecutivo a abandonar la visión que prioriza la minimización de costes operativos y a adoptar una voluntad política firme que ponga en el centro la seguridad de los más vulnerables. La protección de personas con discapacidad debe dejar de ser una nota al pie para convertirse en el eje vertebrador de la resiliencia nacional del siglo XXI.
Propuestas técnicas para una resiliencia inclusiva
El Cermi no se ha limitado a la queja, sino que ha presentado un paquete de medidas que considera "técnicamente viables" con los recursos actuales. Entre las reclamaciones más destacadas figura elevar a 24 horas la autonomía de las infraestructuras críticas, asegurando que los servicios de telecomunicaciones no caigan de inmediato ante un apagón. Asimismo, proponen la creación de sistemas automáticos de alerta a los servicios de emergencia que se activen de forma instantánea ante una pérdida de conectividad en hogares con personas en situación de riesgo.
La entidad también subraya la necesidad de priorizar los servicios de teleasistencia y garantizar la accesibilidad universal del 112 y de los sistemas de alertas públicas. En un mundo cada vez más digitalizado, la protección de personas con discapacidad también debe pasar por el ámbito de la Inteligencia Artificial. El Cermi solicita salvaguardas contra la discriminación algorítmica y el uso malicioso de la IA, además de una protección especial para datos sensibles y neurodatos, reconociendo las interfaces cerebro-computadora como infraestructuras críticas personales.
Hacia un enfoque de derechos humanos en la seguridad nacional
La plataforma representativa de la discapacidad organizada insiste en que la regulación propuesta actualmente perpetúa una "vulnerabilidad estructural". Por ello, el documento de alegaciones reclama que la norma incorpore de forma transversal un enfoque de derechos humanos. Este enfoque debe asegurar la protección de personas con discapacidad, pero también de sus familias cuidadoras y de la infancia con discapacidad, quienes a menudo enfrentan barreras insalvables durante las emergencias tecnológicas o energéticas.
Finalmente, el Cermi demanda una participación estable de las organizaciones del sector en la planificación y evaluación de la resiliencia digital del Estado. Solo a través de esta colaboración se podrá garantizar que la protección de personas con discapacidad sea efectiva y real. La seguridad nacional, concluyen, no puede medirse solo en gigabytes o vatios, sino en vidas protegidas y derechos garantizados.
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