La trama de Leire Díez repartió 750.000 euros en comisiones ilegales según la UCO

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La exdirectora de Comunicación de Enusa y exdirectora de Filatelia y relaciones institucionales del grupo Correos, Leire Díez, comparece en la comisión de investigación del caso Koldo, en el Senado.

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En los delitos económicos, hay una máxima que rara vez falla: sigue el dinero. Y eso es exactamente lo que ha hecho la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, con una precisión quirúrgica, en el caso que envuelve a Leire Díez. Según la información adelantada por la Cadena SER, los investigadores han logrado cuantificar y trazar el destino final de las ganancias ilícitas de la trama. La cifra es contundente: 750.000 euros. Este montante, lejos de ser un error contable, corresponde al reparto de comisiones fruto de una actividad delictiva sostenida en el tiempo.

El informe de la UCO, que ya obra en poder del juez instructor, supone un golpe definitivo a la defensa de los implicados. Ya no se habla de sospechas o de tráfico de influencias etéreo, sino de transferencias, facturas y movimientos bancarios que demuestran un enriquecimiento ilícito a costa, presuntamente, de las arcas públicas o de la manipulación de contratos.

La mecánica del fraude, el peaje de la corrupción

¿De dónde salieron esos tres cuartos de millón de euros? Según se desprende de la investigación, la trama liderada presuntamente por Leire Díez habría establecido un sistema de "peajes" para facilitar adjudicaciones o tratos de favor. El dinero no se generaba por servicios prestados, sino por la intermediación ilegal.

El "modus operandi" descrito por los agentes dibuja una estructura clásica de corrupción, pero ejecutada con cierta sofisticación. Las empresas que aspiraban a obtener contratos o beneficios administrativos debían pasar por caja. Sin embargo, para evitar levantar sospechas, estos pagos no se hacían directamente. Se utilizaban sociedades instrumentales —empresas pantalla sin actividad real— que emitían facturas por conceptos ficticios como "asesoría", "consultoría estratégica" o "estudios de mercado". De esta forma, el soborno se disfrazaba de gasto empresarial legítimo.

El reparto del botín: testaferros y efectivo

Uno de los puntos más escabrosos del informe de la UCO es el destino de esos 750.000 euros. Lejos de quedarse en las cuentas de las empresas pantalla, el dinero fluía rápidamente hacia los bolsillos de los cabecillas de la trama.

Los investigadores han detectado un patrón de triangulación de fondos. El dinero pasaba de una cuenta a otra para dificultar su rastreo, acabando a menudo en cuentas a nombre de testaferros o familiares directos de los implicados como Leire Díez. Además, se ha documentado un uso intensivo de retiradas de efectivo en cajeros y ventanilla, una técnica habitual para romper la trazabilidad digital del dinero y poder disfrutar del botín en gastos personales, ocio y lujo sin dejar huella en los extractos bancarios.

La figura de Leire Díez queda, según la Guardia Civil, en la cúspide de esta pirámide. El informe la sitúa como la "conseguidora" o la llave necesaria que abría las puertas de la administración, y por tanto, la principal beneficiaria del esquema de comisiones.

Un golpe a la confianza pública

La revelación de esta cifra y de la mecánica delictiva llega en un momento de especial sensibilidad social hacia la corrupción. Que una trama haya podido desviar 750.000 euros mediante comisiones pone en entredicho, una vez más, los mecanismos de control interno de las instituciones.

La UCO ha basado sus conclusiones en meses de escuchas telefónicas, registros de correos electrónicos y, sobre todo, en el análisis forense de la documentación incautada en los registros domiciliarios y de las sedes sociales. La contabilidad B, o paralela, ha sido clave para casar las cifras y demostrar que los ingresos declarados no se correspondían con la realidad patrimonial de los investigados, entre ellos, Leire Díez.

Ahora, con las pruebas sobre la mesa, el horizonte judicial de Leire Díez y sus colaboradores se oscurece. Los delitos de cohecho, malversación, blanqueo de capitales y organización criminal podrían sumar penas de prisión considerables. La UCO ha hecho su trabajo: poner nombre, apellidos y cifra al fraude. Ahora es el turno de la Justicia para determinar el castigo por haber convertido la gestión en un negocio privado.

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