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El Congreso de los Diputados afronta este jueves la recta final para dar luz verde definitiva al Proyecto de Ley Integral de Impulso de la Economía Social, el último paso antes de su sanción por el rey Felipe VI y su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), momento en el que la norma entrará en vigor. Esta ley nace con una vocación clara de actualización: revisa y moderniza tres marcos legales clave ya existentes, la ley de economía social, la de empresas de inserción y la de cooperativas, con el objetivo de adaptar el sector a las necesidades económicas y sociales actuales.
Un largo recorrido político y parlamentario
El texto que ahora llega a su último trámite no es fruto de un trabajo improvisado. El Ministerio de Trabajo y Economía Social comenzó a elaborarlo en 2022, abriendo un proceso de diálogo con las principales organizaciones del sector, entre ellas Cepes, la patronal española de la economía social, que ha tenido un papel relevante como interlocutora y fuente de propuestas. Desde entonces, el proyecto ha ido consolidándose como una de las grandes apuestas del Gobierno para fortalecer un modelo empresarial con alta dimensión social.
Cuando el Consejo de Ministros aprobó el proyecto y lo remitió al Congreso, el texto recibió el respaldo de todos los partidos que facilitaron en 2023 la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, incluido Junts. PP y Vox se situaron en contra, manteniendo una posición crítica con la orientación de la norma. Sin embargo, el Partido Popular ha aprovechado su mayoría absoluta en el Senado para tratar de dejar su sello en el contenido de la ley, impulsando la incorporación de más de 40 enmiendas, una de ellas promovida por el PNV, con la argumentación de que su objetivo era “mejorar” el texto.
El trámite que queda pendiente consiste precisamente en que el Congreso decida qué hacer con las modificaciones introducidas en el Senado: si las consolida en la ley o las rechaza. El escenario más probable es que la mayoría que hizo posible la investidura vuelva a activarse para tumbar la mayoría, si no la totalidad, de estos cambios, de modo que el texto aprobado inicialmente por la Cámara Baja sea el que finalmente salga adelante.
Las enmiendas del PP en el Senado
Entre las enmiendas impulsadas por el PP en el Senado destacan aquellas orientadas a aligerar la carga burocrática de las cooperativas. El partido propone simplificar trámites administrativos y suprimir la obligación de disponer de página web en determinados supuestos, con la intención de evitar requisitos que, a su juicio, pueden resultar excesivos para algunas entidades. También plantea facilitar la gestión de los planes de igualdad permitiendo que se elaboren de forma conjunta y limitar la dotación del fondo de reserva obligatorio, con la idea de no obstaculizar el desarrollo y crecimiento de las cooperativas.
En el ámbito de las empresas de inserción, los cambios propuestos buscan suavizar ciertas obligaciones en situaciones de pérdidas, con el fin de evitar que las exigencias legales supongan un factor adicional de riesgo para su estabilidad. Se incluyen además medidas para mejorar la coordinación de estas empresas con los servicios públicos de empleo, fortalecer los incentivos para que compañías ordinarias contraten a personas que han pasado por empresas de inserción y reforzar los controles para impedir el “intrusismo”, es decir, que estructuras sin verdadera vocación social se beneficien de los mecanismos diseñados para la inserción.
Otra de las enmiendas que ha salido adelante en el Senado, en este caso firmada por el PNV y respaldada por el PP, abre la puerta a que tanto empresas públicas como privadas puedan participar en el capital de una empresa de inserción. Esta participación, no obstante, se condiciona a que no suponga el control directo ni indirecto de la compañía, que no se alteren sus fines sociales y que se mantenga intacto el régimen de reinversión de resultados, elementos considerados esenciales para preservar la esencia de estas entidades.
Tras la votación en la Cámara Alta, el senador ‘popular’ De Arriba defendió públicamente el conjunto de enmiendas y expresó su deseo de que el Congreso las mantenga, argumentando que, en su opinión, “mejoran la norma” y responden al propósito de su partido de perfeccionar el marco regulatorio de la economía social.
Choque político por el sentido de la ley
La visión de los socialistas sobre las modificaciones del PP es radicalmente distinta. La diputada María Teresa Pérez y el diputado Adolfo Lander trasladaron a la agencia Servimedia que los cambios aprobados en el Senado “desnaturalizan” la norma, al alterar algunos de sus equilibrios básicos, y ponen en “riesgo” el “frágil consenso” alcanzado en el Congreso tras una negociación compleja. Desde este punto de vista, las enmiendas no serían un ajuste técnico, sino una alteración de la arquitectura política que permitió el acuerdo inicial alrededor del proyecto.
Ese consenso, fruto de largas conversaciones entre el Gobierno y los grupos que sostienen la mayoría de investidura, se considera especialmente delicado en un terreno como este, donde conviven sensibilidades muy distintas, desde el cooperativismo clásico hasta iniciativas de inserción sociolaboral y entidades del tercer sector. El temor de los socios del Ejecutivo es que las modificaciones del Senado erosionen ese punto de encuentro y dificulten futuras reformas en este ámbito.
Objetivos y contenidos de la nueva ley
En su exposición de motivos, el proyecto de ley se alinea con el Plan de Acción Europeo para la Economía Social, que concibe este sector como algo que va más allá de la mera creación de empleo. Se enfatiza su potencial para generar impacto social, reforzar la cohesión territorial y promover formas empresariales donde la persona trabajadora y los fines sociales tienen un papel central. La norma busca, así, consolidar un entorno jurídico que favorezca el crecimiento de estas organizaciones sin que pierdan su identidad.
En lo relativo a las cooperativas, la futura ley pretende reforzar su papel como motor dentro de la economía del tercer sector. Entre otras medidas, prevé la creación de una Comisión de Igualdad encargada de impulsar, supervisar y dar coherencia a los planes de igualdad cooperativos, un instrumento clave para garantizar que la igualdad efectiva entre mujeres y hombres se incorpore a la gestión cotidiana. Asimismo, la norma se ocupa de asegurar el ejercicio de los derechos digitales y la participación telemática de las personas socias, facilitando que puedan intervenir en la vida de la entidad incluso a distancia.
La segunda gran línea de actuación se centra en las empresas de inserción, con la intención de adecuarlas a las nuevas circunstancias económicas y sociales y establecer unas bases comunes para su desarrollo en todo el territorio. Para ello, se revisarán los perfiles de las personas susceptibles de ser contratadas por este tipo de empresas, incorporando factores de exclusión ajustados al contexto actual, en el que influyen variables como la precariedad laboral, la brecha digital o nuevas formas de vulnerabilidad.
El texto también profundiza en la regulación de las entidades promotoras de empresas de inserción, especificando con mayor claridad los requisitos que deben cumplir. Al mismo tiempo, introduce elementos de flexibilidad normativa que buscan ofrecer mayor estabilidad a estas compañías, permitiéndoles gestionar mejor los ciclos económicos y sus particularidades, sin perder de vista su misión de acompañar a personas en procesos de inserción laboral.
Actualización del marco de la economía social
El tercer eje de la ley pasa por actualizar de manera más global la normativa sobre entidades de la economía del tercer sector para adecuarla a las realidades socioeconómicas actuales. Esto incluye clarificar las tipologías y el catálogo de entidades que integran este ámbito, de forma que sea posible incorporar nuevas fórmulas asociativas que han ido surgiendo en los últimos años y que no encajaban del todo en las categorías tradicionales.
Entre las novedades concretas figura el aumento del porcentaje de reserva de contratos públicos destinados a centros especiales de empleo de iniciativa social, que pasará del 10 % al 15 %. Esta medida responde a distintas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo, y refuerza el papel de estos centros como actores clave en la inserción laboral de personas con discapacidad. A la vez, el texto reconoce el carácter “singular” de la ONCE como agente del tercer sector, reflejando su trayectoria y peso específico dentro del sistema de protección social.
La norma incorpora también una definición específica de este concepto aplicada a los centros especiales de empleo de iniciativa social (Ceeis), atendiendo a demandas planteadas por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi). Con ello, se pretende dar mayor seguridad jurídica a estas entidades y reforzar el reconocimiento de su aportación, tanto en términos de empleo como de inclusión.
Con este conjunto de medidas, el Proyecto de Ley Integral de Impulso de la Economía Social aspira a convertirse en una pieza central para consolidar y proyectar el sector en los próximos años, en un contexto en el que la combinación de objetivos económicos y sociales se percibe cada vez más como un elemento estratégico para el desarrollo del país
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