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El Consell de Mallorca ha dado un paso decisivo en la protección de los derechos sociales con la presentación del Plan de Acceso a la Vivienda para Personas con Discapacidad. Esta iniciativa, calificada como una de las piezas angulares de la actual legislatura, no solo busca aliviar la presión inmobiliaria sobre un colectivo vulnerable, sino transformar radicalmente la manera en la que estas personas interactúan con su entorno. "Una vivienda adecuada con los apoyos necesarios transforma vidas", han señalado las autoridades, subrayando que el acceso a la vivienda es el primer peldaño para garantizar la dignidad y la estabilidad emocional.
Este proyecto surge de una necesidad urgente: combatir la doble exclusión social. Las personas con discapacidad no solo se enfrentan a los precios elevados del mercado, sino también a la escasez de infraestructuras adaptadas. Por ello, el plan nace con el firme propósito de derribar estas barreras y facilitar un acceso a la vivienda que sea real, efectivo y, sobre todo, humano.
Presupuesto y metas del acceso a la vivienda para 2026
Para que un plan de esta envergadura sea creíble, debe ir acompañado de cifras sólidas. El Consell ha dotado a esta iniciativa de un presupuesto inicial de 3,7 millones de euros. El objetivo operativo es la creación de 137 nuevas plazas para el año 2026, lo que representa un ambicioso incremento del 29 % respecto a la capacidad actual. Este crecimiento no es solo cuantitativo, sino cualitativo, ya que se enfoca en la diversificación de los recursos para que el acceso a la vivienda no sea una solución única, sino un traje a medida para cada ciudadano.
El diseño del sistema se divide en tres niveles de intensidad. En primer lugar, se crearán 24 plazas residenciales destinadas a personas que requieren un apoyo intensivo y una supervisión profesional permanente las 24 horas del día. En un segundo nivel, se habilitarán 47 plazas en viviendas supervisadas, donde los usuarios disfrutan de mayor independencia pero cuentan con un seguimiento continuo para las tareas de la vida diaria. Finalmente, el grueso del plan se concentra en las 66 plazas del programa de apoyo a la vivienda, un modelo que refuerza la autonomía en el propio hogar del usuario, evitando desplazamientos innecesarios y manteniendo los vínculos vecinales.
Innovación social y el proyecto 'Ca meva'
Dentro de esta estrategia, destaca con luz propia el proyecto Ca meva. Se trata de una iniciativa pionera diseñada específicamente para atender a personas con discapacidad que, además, se encuentran en una situación crítica de riesgo de exclusión social. El Consell reconoce que el acceso a la vivienda para estos perfiles es el único camino para evitar que terminen en una situación de desamparo absoluto.
La ejecución de este plan será ágil. Se ha fijado un plazo de entre cuatro y seis meses para que las plazas empiecen a estar operativas. Este ritmo es posible gracias a la estrecha colaboración con las entidades del tercer sector, que serán las encargadas de gestionar los servicios y concertar las plazas, aportando su experiencia previa y su conocimiento directo de las familias mallorquinas.
Fomentar la vida en comunidad y la desinstitucionalización
El objetivo último es ambicioso: la desinstitucionalización. El Consell de Mallorca apuesta por un modelo donde la persona no sea "apartada" a un centro alejado de la sociedad, sino que pueda vivir integrada en su comunidad. Al facilitar el acceso a la vivienda integrada, se fomenta que las personas con discapacidad participen en la vida social, realicen sus compras en el barrio y mantengan sus redes de apoyo natural.
Este plan no es un hecho aislado. Se integra en una política transversal que ha visto aumentar el presupuesto del área de servicios sociales en un 36 %, alcanzando los 90 millones de euros. Medidas como el servicio de asistente personal (Sidec) o la ampliación de intérpretes de lengua de signos son el complemento necesario para que el acceso a la vivienda sea solo el inicio de una vida plenamente autónoma.
Con una previsión de inversión que crecerá hasta los 5,9 millones de euros en 2027, Mallorca establece un compromiso medible y sostenible. El mensaje es claro: la autonomía y la dignidad no son lujos, sino derechos que comienzan con una llave y un techo propio.
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