El Gobierno quiere regularizar a los inmigrantes que llegaron a España antes del 31 de diciembre de 2024, con una autorización especial para que puedan vivir y trabajar legalmente.
Desde la ONU quieren conseguir una protección de la Tierra de al menos un 30 % de cara al año 2030. Mediante zonas protegidas de forma eficaz, bien administradas y conectadas.
La Junta de Castilla y León destina siete millones de euros para que los municipios contraten a más de mil personas con discapacidad en situación de desempleo.
El Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad considera que España incumple esta Convención en el caso del ex guardia urbano Vicenç Flores, al que se le denegó el pase a la segunda actividad.
