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Si uno mira únicamente los grandes titulares de la prensa salmón, España parece vivir un momento dulce. El Producto Interior Bruto (PIB) crece por encima de la media de la zona euro, el turismo bate récords y las cifras de afiliación a la Seguridad Social son históricas. Sin embargo, si apartamos la lupa de la macroeconomía y enfocamos en la realidad de los hogares, la fotografía cambia drásticamente de color. Según los últimos datos publicados por El Español/Invertia, basados en las estadísticas de Eurostat para 2025, España se mantiene como el sexto país de la Unión Europea con mayor riesgo de pobreza y el séptimo en niveles de desigualdad.
Esta desconexión entre la buena salud de las cuentas nacionales y la frágil salud de los bolsillos ciudadanos constituye la gran paradoja de la legislatura. ¿Cómo es posible que un país que crea riqueza a buen ritmo sea incapaz de sacar a su población de la zona de riesgo? La respuesta es compleja y apunta a problemas estructurales que el crecimiento, por sí solo, no ha logrado corregir. La marea sube, pero no levanta todos los barcos por igual; algunos siguen encallados en la arena de la precariedad.
El crecimiento no llega a los hogares vulnerables
El dato es un jarro de agua fría para el optimismo oficial. Estar a la cola de Europa en indicadores sociales significa que el mecanismo de transmisión de la riqueza está averiado. Tradicionalmente, se asumía que crear empleo era la mejor política social. Y aunque España ha creado empleo, la calidad del mismo y el poder adquisitivo de los salarios no han acompañado.
La inflación acumulada en los últimos años, especialmente en alimentos y energía, ha devorado las subidas salariales de las rentas medias y bajas. Pero el verdadero agujero negro que supone el riesgo de pobreza absorbe los recursos de las familias es la vivienda. El coste desorbitado del alquiler y las hipotecas en las grandes ciudades actúa como un impuesto a la pobreza, impidiendo que incluso aquellos con trabajo estable puedan llegar a fin de mes con holgura. Esto ha consolidado la figura del "trabajador pobre", una anomalía que explica por qué, a pesar de que el PIB sube, la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social (tasa AROPE) se resiste a bajar con la misma fuerza.
Un vagón de cola en Europa, 6º en riesgo de pobreza y 7º en desigualdad
La comparativa europea es dolorosa. Mientras países del entorno logran mantener redes de seguridad robustas, España comparte la parte baja de la tabla con las economías del este y el sur del continente, alejándose de los estándares de bienestar de Francia o Alemania. Ser el séptimo país más desigual de la UE implica que la distancia entre el 20 % más rico y el 20 % más pobre es excesiva.
La desigualdad no es solo una cuestión ética; es un lastre económico. Una sociedad desigual es menos cohesiva, tiene más problemas de salud pública y menor movilidad social. El informe señala que el sistema fiscal y de prestaciones español tiene una capacidad de redistribución limitada en comparación con sus vecinos. Aunque las pensiones y las ayudas reducen el riesgo de pobreza, no lo hacen con la eficiencia suficiente para contrarrestar las dinámicas del mercado, donde los beneficios del capital están creciendo más rápido que las rentas del trabajo.
Los retos pendientes: vivienda, salarios y redistribución
Para revertir esta situación y dejar de ser el farolillo rojo social de riesgo de pobreza alto en Europa, los expertos coinciden en que no basta con esperar a que la economía crezca más. Hacen falta políticas quirúrgicas. La prioridad absoluta debe ser el acceso a la vivienda, reduciendo la carga que supone para los hogares vulnerables.
Asimismo, la mejora de la productividad debe trasladarse a los salarios. Un modelo productivo basado en servicios de bajo valor añadido (turismo masivo, hostelería) tiende a generar empleos mal pagados que cronifican la desigualdad. La apuesta por la industria, la tecnología y la formación es vital para elevar el suelo salarial. Finalmente, es necesario repensar el sistema de protección social para que llegue a quien realmente lo necesita (como las familias con hijos, el grupo con mayor riesgo de pobreza), mejorando la eficacia de herramientas como el Ingreso Mínimo Vital, que aún no alcanza a todos sus potenciales beneficiarios.
España tiene el motor en marcha, pero necesita ajustar la dirección. De nada sirve ser la economía que más crece si una parte significativa de la población se queda en riesgo de pobreza mirando el tren desde el andén de la exclusión.
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