La nueva Ley de Telecomunicaciones fracasa, el 99 % de españoles seguimos recibiendo spam

Se vendió como la solución definitiva al suplicio de la siesta interrumpida y la reunión boicoteada. La nueva Ley General de Telecomunicaciones, que entró en vigor con la promesa de prohibir las llamadas comerciales o spam sin consentimiento previo, generó unas expectativas altísimas en la sociedad española. Sin embargo, el tiempo ha dictado una sentencia decepcionante. Según los datos recientes publicados por 20minutos, la normativa ha resultado ser un escudo de papel: el 99 % de los españoles afirma seguir recibiendo llamadas de spam con la misma o mayor frecuencia que antes.

Esta cifra, que roza la totalidad de la población adulta con teléfono móvil, pone de manifiesto la desconexión entre el Boletín Oficial del Estado y la realidad del mercado. Lejos de amedrentarse, las empresas de telemarketing y las compañías de servicios (energía, telefonía, seguros) han encontrado grietas legales y tecnológicas por las que seguir colándose en nuestros dispositivos, convirtiendo el derecho a no ser molestado en una utopía inalcanzable para el ciudadano de a pie.

Las grietas legales: el "interés legítimo" y la letra pequeña

¿Cómo es posible que te llamen si es ilegal? La respuesta reside en la complejidad de la propia ley y en la picaresca empresarial. La normativa prohíbe las llamadas spam "no deseadas", pero deja abierta la puerta si existe un consentimiento previo o un "interés legítimo".

Aquí es donde entra la trampa de la letra pequeña. A menudo, cuando firmamos un contrato, participamos en un concurso online o aceptamos las cookies de una web, estamos marcando casillas (a veces premarcadas o redactadas de forma confusa) donde autorizamos a esa empresa y a sus "socios comerciales" a contactarnos. Ese clic, hecho sin pensar, es el salvoconducto legal que utilizan para llamarnos a cualquier hora.

Además, el concepto de "interés legítimo" es un cajón de sastre jurídico. Muchas empresas argumentan que, si fuiste cliente suyo hace tres años, tienen un interés legítimo en llamarte para recuperarte. Aunque la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) intenta acotar estas prácticas, el volumen de infracciones es tan alto que la capacidad sancionadora se ve desbordada.

La trampa internacional y los 'robocalls'

Si la vía legal falla, queda la vía tecnológica. Una parte significativa del spam que recibimos en 2025 no se realiza desde un call center en Madrid o Barcelona, sino desde el extranjero. La ley española tiene jurisdicción en territorio nacional, pero es ineficaz contra una centralita situada en otro continente que utiliza técnicas de spoofing (suplantación de identidad del número) para que en tu pantalla aparezca un número móvil español aparentemente inofensivo.

Estas llamadas a menudo son realizadas por sistemas automáticos (robocalls) que disparan miles de llamadas por minuto. Al descolgar, a veces solo hay silencio (para verificar que la línea está activa) o una locución grabada. Perseguir este tipo de fraude es extremadamente difícil para las autoridades nacionales, y las empresas que contratan estos servicios se escudan en complejas cadenas de subcontratación para eludir su responsabilidad final.

Autodefensa digital: qué podemos hacer

Ante la evidencia de que la ley no ha logrado frenar el spam, la responsabilidad de protegerse recae, injustamente, en el usuario. Los expertos recomiendan una estrategia de defensa en capas. La primera es inscribirse en la Lista Robinson, que, aunque no es infalible (especialmente contra empresas con las que ya tienes contrato o estafadores), sigue siendo una barrera válida para el marketing legal.

La segunda capa es tecnológica. Tanto Android como iOS han mejorado sus filtros anti spam nativos, etiquetando las llamadas sospechosas en rojo. Activarlos es fundamental. Además, aplicaciones de terceros ayudan a identificar y bloquear números gracias a bases de datos colaborativas.

Finalmente, la prudencia es vital. No devolver nunca llamadas perdidas de números desconocidos y ejercer los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) ante las empresas que nos acosan son las últimas herramientas que nos quedan. La ley prometió silencio, pero de momento, el ruido comercial sigue siendo la banda sonora de nuestros teléfonos.