El manual de prohibiciones hacia el 29N: qué pueden y qué no pueden hacer partidos, instituciones y medios de comunicación

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Acto de presentación de la candidatura Frente Amplio para las próximas elecciones generales del 29N.

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La maquinaria electoral se encuentra en pleno funcionamiento, pero bajo un estricto corsé normativo diseñado para garantizar la igualdad de condiciones y la neutralidad de los poderes públicos. Según el análisis explicativo publicado por Newtral, la convocatoria de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre (29N) ha activado de forma automática el catálogo de prohibiciones de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Aunque la campaña oficial no arrancó hasta el 13 de noviembre, la Junta Electoral Central (JEC) ya vigilaba mucho antes los movimientos de las formaciones políticas, bloquea las inauguraciones institucionales de las administraciones e impone límites claros a la difusión demoscópica en los medios de comunicación.

Los límites de la precampaña este 29N: prohibido pedir el voto y pagar por propaganda

El periodo que abarca desde la convocatoria electoral hasta el inicio oficial de la campaña (12 de noviembre) se define por lo que los partidos políticos tienen vetado hacer. Si bien las formaciones están amparadas para organizar actos, conceder entrevistas y presentar a sus candidatos o programas, la JEC establece una línea roja innegociable: no se puede pedir expresamente el voto al electorado.

Asimismo, durante esta fase de precampaña impera la prohibición absoluta de contratar espacios comerciales para difundir propaganda. Los partidos no pueden insertar publicidad en prensa, radio, televisión ni formatos de pago en internet y redes sociales. El veto se extiende también al tradicional reparto físico de «merchandising» con fines promocionales; está prohibida la distribución en la calle de objetos con el rostro de los candidatos o logotipos del partido, tales como bolígrafos, mecheros, pines o llaveros.

El freno a las administraciones y el fin de las inauguraciones con dinero público

El segundo gran eje de prohibiciones afecta directamente a quienes ostentan el poder ejecutivo en cualquier nivel territorial. Desde el pasado 6 de octubre y hasta la celebración de los comicios, el Gobierno central, los ejecutivos autonómicos y los ayuntamientos tienen estrictamente prohibido organizar actos de inauguración de obras o servicios públicos.

La LOREG no impide que una nueva carretera, hospital o biblioteca entre en funcionamiento para el uso ciudadano, pero bloquea cualquier corte de cinta institucional, visita oficial con cobertura mediática o campaña institucional financiada con recursos públicos que busque ensalzar los logros de la gestión del gobierno de turno. El objetivo es impedir que el dinero de los contribuyentes se utilice como una herramienta de promoción partidista encubierta.

El papel de los medios de comunicación y el 'apagón' demoscópico ante el 29N

Por último, la ley electoral interpela directamente a los medios de comunicación, tanto públicos como privados, exigiéndoles el respeto a los principios de pluralismo político, proporcionalidad y neutralidad informativa. En el ámbito periodístico, la restricción más notable es la que afecta a los sondeos de intención de voto.

Los medios tienen libertad para encargar y publicar encuestas (siempre acompañadas de su ficha técnica, margen de error y tamaño de muestra) hasta el 23 de noviembre. A partir del día 24 de noviembre y hasta el propio día de las elecciones (28 inclusive), entra en vigor el denominado «apagón demoscópico». Durante esos cinco días previos a la cita con las urnas del 29N, queda terminantemente prohibido publicar, difundir o reproducir nuevas encuestas electorales en territorio nacional, una norma que abarca también a los medios digitales.

Las reglas del juego electoral exigen neutralidad: pedir el voto antes del 29N, inaugurar obras con fondos públicos o publicar encuestas en los días previos a las urnas son infracciones directas contra la equidad democrática.

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