Las actas de la pandemia ponen en relieve los problemas de España con las PCR, con los EPI y sobre todo, con las mascarillas

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) aprobó durante el mes de diciembre de 2021 las más de 100 actas de la pandemia pendientes de los plenos que el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas celebraron de forma extraordinaria.

Estas actas de la pandemia son los documentos que recogen los debates del Consejo Interterritorial, órgano clave en la gestión de la Covid.

llla planteó el 18 mayo de 2020 empezar a validarlas pero esto no se produjo hasta el 2 de diciembre de 2021.

Las actas de la pandemia

El diario 20Minutos ha tenido acceso a estos documentos. Entre las conclusiones de las actas de la pandemia destaca que el Gobierno no informó a los consejeros de que se decretaría el estado de alarma pero días antes pidió "lealtad institucional".  Además de los evidentes problemas con las PCR, con los EPI y sobre todo con las mascarillas que tuvieron todas las comunidades autónomas.

Desde que comenzase la pandemia por coronavirus en España se han celebrado más de 100 Consejos Interterritoriales semanalmente. Incluso antes, desde finales de 2019, todas las reuniones habían sido extraordinarias, por lo que, según el reglamento, no podían aprobarse unas actas de la pandemia que a mitad de 2020 ya acumulaban muchas sesiones y páginas. Sin embargo, esto no sucedió hasta el 2 de diciembre pasado, 19 meses después, a los que hay que sumar otros dos más hasta que el Portal de Transparencia resolvió de forma afirmativa la reclamación de este diario para tener acceso a ellas y poder publicarlas.

Se trata de 116 documentos que suman más de mil páginas

Las actas de la pandemia abarcan desde el 14 de octubre de 2019 y, a partir de marzo de 2020, encierran lo que la exconsejera de Castilla y León Verónica Casado afirmó hace unos meses, "la historia de la pandemia" que se ha hecho esperar después de varios retrasos.

Su publicación en medios de comunicación llega casi dos meses después -casi dos años después de que empezara la pandemia y 21 meses desde que Illa sugiriera aprobarlas- después de los dos meses, con prórroga incluida, que se ha tomado el Ministerio para hacerlas llegar como respuesta a la petición cursada al Portal de Transparencia de la Administración General del Estado.

¿Qué dicen las actas de la pandemia?

En las primeras semanas, reflejan la angustia, las dudas y las preocupaciones de todo tipo que asaltaron a los consejeros autonómicos a medida que iban aumentando los contagios, se evidenciaba que no había material sanitario suficiente y que médicos y enfermeros se iban contagiando.

El 12 de marzo, la urgencia quedaba patente en un comentario del consejero de Castilla-La Mancha. "Expone que tienen un problema importante con las PCR y con los EPI y sobre todo con las mascarillas".

Las primeras reuniones monográficas para tratar la evolución de la Covid muestran cómo Gobierno y comunidades pasaron de contar los casos que se detectaban e China o en Italia a la urgencia para hacer de "planes de contingencia" para las UCIS en los hospitales españoles, cuando la transmisión pasó de puntual a comunitaria y de centrarse en tres comunidades -Madrid, País Vasco y La Rioja- a estar descontrolada en todo el territorio.

"Mantengan alerta a los servicios jurídicos por si hubiera medidas para implementarlas con agilidad", pidió Illa a los consejeros el 9 de marzo, cinco días antes de decretarse el estado de alarma y cuando el ministro todavía calculaba que era posible no tener otra reunión hasta cuatro días después. Error. A partir de ese momento los encuentros telemáticos entre los consejeros se sucedieron de forma diaria, en una semana que desembocó con el decreto que confinó a toda la población.

La del material sanitario y de protección es una petición constante en todas las reuniones

Los consejeros echaban en falta mascarillas, EPI, PCRs. Casi quince días después, en la reunión del 13 de marzo, la respuestas de Illa sigue siendo que "se está trabajando intensamente en el tema de los materiales de protección" y "toma nota" de las "necesidades inminentes de material".

El 1 de marzo el tono que reflejan las actas es tranquilo, aunque además sobre la posible falta de PCR o de mascarillas también se menciona ya la posibilidad de cerrar el países a quienes lleguen de China o de Italia. Eso sucedería poco después, el 10 de marzo, y la consejera valenciana muestra su preocupación por la cercanía de las Fallas, que como todo lo demás terminarían suspendiéndose.

Más médicos

El 5 de marzo de 2020 predomina la preocupación entre las comunidades sobre cómo movilizar más personal médico. Para entonces ya se prohíben todos los congresos y formaciones presenciales de los sanitarios para evitar contagios y la consejera valenciana se queda sola planteando si habría que mandar a los médicos residentes, los MIR, a su casa, puesto que están en periodo de prácticas. La opinión dominante es la contraria, que se incorporen a trabajar como un médico más.

En esos primeros momentos, las comunidades ya temen por los contagios entre el personal sanitario pero estas discusiones se mezclan con otras que, aunque también son inquietantes, tienen un punto hilarante. Por ejemplo, el famoso funeral en Vitoria a principios de marzo que provocó uno de los primeros grandes focos de contagios y al que acudieron "600 personas, algunas procedentes de Italia", según informó la consejera de La Rioja.

Otro factor de preocupación recurrente son las celebraciones de la iglesia evangélica, que los consejeros ven como un nicho de contagios.

El 9 de marzo de 2020, es el día que el Gobierno admite que la situación y su manera de afrontarla dio un vuelco debido al alza de contagios

Este día desembocaría en la declaración del estado de alarma cinco días después. Un día antes se habían celebrado en numerosas ciudades las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer que durante meses después fueron objeto de crítica al Gobierno por no haberlas cancelado. Sin embargo, nada de esto se mencionó en el Consejo Interterritorial de Sanidad, donde casi desde el principio fueron frecuentes las dudas y las indicaciones de los consejeros sobre qué hacer con las competiciones deportivas multitudinarias, que terminaron celebrándose a puerta cerrada.

Desde hace días, los consejeros han ido desgranando los datos de contagios, las medidas que están tomando para afrontar la situación y las que deberían coordinarse, como el cierre de centros de mayores o en los colegios, que están a punto de clausurarse, primero en Madrid, La Rioja y el País Vasco y al día siguiente en todo el país. Ese 9 de marzo, la reunión concluye con Illa diciendo que "el asunto del cierre de colegios es un tema muy sensible, por lo que se enviará una recomendación para que exista una pauta de actuación común".

Durante el encuentro, el nerviosismo es palpable, sobre todo en las comunidades más afectadas.

También se empieza a organizar ya qué tipo de datos deben dar las comunidades al Ministerio y ese día Simón hace una petición especial, sobre una cuestión tan dolorosa como polémica. Ruega a los consejeros que "faciliten datos de los fallecidos, que es una información muy sensible y si no hay información sólida se generan más dudas que otra cosa", les dice.

Aislar a personas con síntomas

Aunque a trompicones, poco a poco se abre camino un primer protocolo y el 11 de marzo Simón explica a los consejeros que "se debe aislar a personas con síntomas que vengan de lugares de zonas de riesgo, con transmisión comunitaria significativa, y que deben quedarse en casa y solo llamar a salud pública si tienen síntomas".

Pero nada se comenta sobre la prohibición de no salir a la calle que entraría en vigor el 14 de marzo. Un día antes, tras anunciarlo el presidente y tras dos semanas en la que se ha visto crecer los contagios y la preocupación de las comunidades, las primeras palabras del ministro en el Consejo Interterritorial del 13 de marzo son para afirmar que el estado de alarma "es una medida acertada y necesaria que se adopta en el momento oportuno para asegurar la adopción de las medidas necesarias".