Una denuncia por "balasto defectuoso" da un vuelco a la investigación del accidente de Adamuz

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Agentes de la Guardia Civil inspeccionan la vía del tren donde descarrilaron dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba) en una foto de archivo.

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La investigación judicial sobre el siniestro ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba) ha dado un giro inesperado que pone el foco directamente sobre la integridad de las infraestructuras de Adif. Según la información adelantada por Europa Press, la jueza instructora del caso ha incorporado a la causa la denuncia de un exempleado de la empresa proveedora de la piedra de las vías, quien asegura que el material instalado en el tramo del accidente es defectuoso y vulnera los protocolos de seguridad. El denunciante, que ha solicitado acogerse a la figura de testigo protegido para evitar represalias, ha pedido la paralización temporal del tráfico de trenes en la zona hasta que se realicen las comprobaciones periciales pertinentes.

"Exceso de desgaste y tendencia a fragmentarse": la acusación técnica

En un detallado escrito remitido al Juzgado, el denunciante —que acredita más de 30 años de experiencia en la fabricación y control de calidad de áridos para infraestructuras ferroviarias— señala que el balasto (la capa de grava o piedra sobre la que se asientan las vías del tren) instalado en Adamuz incumple de manera flagrante la normativa técnica de Adif. Según su testimonio, el material procedente de la cantera donde trabajaba adolece de un "exceso de desgaste y tendencia a fragmentarse bajo las cargas de la circulación".

Técnicamente, esta fragmentación genera "finos" (polvo de piedra) que provocan la pérdida de asentamiento y firmeza de la banqueta de la vía, un factor que podría ser la verdadera "causa raíz" del descarrilamiento, frente a otras hipótesis que barajaban los investigadores. El exempleado asegura que su despido (actualmente judicializado) fue la consecuencia directa de su negativa a participar en la fabricación, mezcla y comercialización de este material defectuoso.

Protección al denunciante y cadena de custodia

Consciente de la gravedad de sus revelaciones, el técnico ha exigido máximas garantías legales. Se ha acogido a la Ley 2/2023 de protección a informantes de infracciones normativas (que garantiza la confidencialidad y prohíbe represalias) y ha solicitado formalmente ser tratado bajo el paraguas de la Ley de Protección a Testigos y Peritos en Causas Criminales. La magistrada ya ha dado el primer paso dictando una providencia para anonimizar todos sus datos personales en las notificaciones a las partes, protegiendo así su intimidad.

Para garantizar la "máxima transparencia procesal", el informante se ha ofrecido a señalar de manera presencial y exacta los puntos kilométricos donde se vertió el material defectuoso. Ha solicitado estar físicamente presente en la extracción de las muestras junto a los peritos judiciales y durante su apertura en el laboratorio, con el fin de velar por la estricta cadena de custodia y evitar manipulaciones en un proceso de análisis por difracción de rayos X, que permitiría identificar sin margen de error la "firma mineralógica" del balasto.

El próximo paso de la jueza y la seguridad ferroviaria en entredicho

De confirmarse los hechos, el escándalo podría trascender el tramo de Adamuz. El exempleado se ha comprometido a facilitar la trazabilidad (documentación y albaranes) del resto de vías afectadas a nivel nacional si los análisis le dan la razón, añadiendo de forma secundaria que la misma cantera estaría suministrando aglomerado asfáltico fuera de normativa para carreteras del Ministerio de Transportes.

Por el momento, la jueza ha acordado incorporar el escrito a la causa y posponer la declaración formal del técnico a la espera de que concluyan los primeros ensayos periciales sobre el material de la vía. Solo cuando se disponga de esos resultados científicos, el juzgado valorará la pertinencia de citarle a declarar y de aplicar la medida cautelar más extrema solicitada: la parada preventiva del tráfico ferroviario de Alta Velocidad en dicho tramo.

El denunciante atribuye el siniestro a la pérdida de firmeza en las vías causada por la fragmentación de un balasto defectuoso, un hecho que, de probarse, cuestionaría los controles de calidad de las adjudicatarias de Adif.

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