Lectura fácil
El Gobierno de España impulsará, a partir del próximo mes de septiembre, la creación de una base de datos de personas con discapacidad de ámbito nacional que permitirá disponer, por primera vez en la historia reciente del desarrollo de las políticas sociales públicas, de información rigurosa, actualizada de forma continua y periódica sobre este colectivo.
El objetivo prioritario de esta ambiciosa iniciativa estatal consiste en mejorar sustancialmente el diseño y ejecución de las políticas públicas, conocer con mayor precisión la realidad social de las personas con necesidades específicas y facilitar el análisis detallado de las brechas de inclusión en los principales sectores comunitarios fundamentales como el empleo, la educación, la cultura o los servicios públicos universales. Así lo anunció el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad y presidente del Programa Iberoamericano sobre Discapacidad, Jesús Martín Blanco, durante el diálogo informativo organizado de forma monográfica por la agencia de noticias Servimedia bajo el lema 'Datos que cuentan para la inclusión', en el que explicó detalladamente que esta relevante medida forma parte sustancial de la reforma integral de las leyes de discapacidad y atención a la dependencia que actualmente se promueve en el país.
Un sistema de información continuo para superar la dependencia de las encuestas
Durante su oportuna intervención, Martín Blanco recordó que España carece actualmente de un sistema estatal de información homogéneo e integrado equivalente al que ya opera desde hace años en el importante ámbito de la atención a la dependencia. Hasta la fecha, los datos oficiales disponibles proceden fundamentalmente de consultas aisladas a las distintas comunidades autónomas del Estado y de las encuestas periódicas elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Por este motivo, el alto cargo gubernamental defendió la imperiosa necesidad de articular un instrumento público estable que garantice la disponibilidad constante de indicadores sociales plenamente actualizados.
En este sentido, la futura base de datos de personas con discapacidad operará de forma sustancialmente análoga al modelo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Serán las propias comunidades autónomas, responsables del reconocimiento administrativo del grado de discapacidad, las encargadas de incorporar de forma directa la información para su posterior explotación estadística a escala estatal. Con este mecanismo unificado se logrará superar la dependencia casi exclusiva de las grandes encuestas del INE, cuyas entregas suelen realizarse con varios años de intervalo o separación temporal entre sí.
Respaldo legal y tramitación de la base de datos de personas con discapacidad
La puesta en marcha de la base de datos de personas con discapacidad ha tenido que incorporarse expresamente a la reforma legislativa debido al conjunto de complejas implicaciones jurídicas existentes relativas al tratamiento de la información personal y la protección de datos protegidos. Según indicó el director general, una vez que la reforma concluya su tramitación parlamentaria en el Senado y sea oficialmente publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Ejecutivo central dispondrá de un mandato legal directo para desarrollar reglamentariamente este nuevo sistema nacional de información pública.
Las previsiones del Ministerio apuntan a que la norma podrá ser publicada formalmente entre septiembre y octubre, existiendo ya el sustento normativo. Por su parte, la directora de Formación, Empleo, Operaciones y Estudios de Fundación ONCE, Sabina Lobato, calificó este registro oficial como un avance cuantitativo y cualitativo verdaderamente estratégico para el país. Según destacó, estructurar una base de datos de personas con discapacidad permitirá transformar el conocimiento sobre la inclusión real en todo el territorio nacional.
Aprovechamiento de registros administrativos e interoperabilidad estadística
Desde la Fundación ONCE, entidad que participa desde hace años en el Consejo Superior de Estadística como órgano consultivo del INE, se insiste en la importancia de incorporar nuevas fuentes de información administrativa. A juicio de Lobato, el aprovechamiento de los registros administrativos constituye una de las principales líneas metodológicas de trabajo de la estadística pública actual, gracias al desarrollo de herramientas tecnológicas que permiten cruzar y relacionar amplios volúmenes de datos administrativos con total precisión y celeridad.
De este modo, disponer de la base de datos de personas con discapacidad facilitará cruzar la información administrativa con otras estadísticas oficiales del Estado. Esto permitirá obtener una radiografía analítica mucho más completa e integral del grado de inclusión del colectivo, permitiendo evaluar aspectos clave como la participación del alumnado con discapacidad en las evaluaciones educativas del informe PISA o analizar su acceso efectivo a bibliotecas, recursos culturales, empleo digno o cualquier otra área de desarrollo de las políticas públicas estatales.
Medición de brechas sociales para afinar el diseño de las políticas públicas
El tratamiento estadístico comparativo de esta herramienta resultará determinante para identificar desigualdades persistentes y medir con precisión la brecha respecto al resto de la población. La meta final de la base de datos de personas con discapacidad es verificar el nivel de inclusión efectiva y real de estas personas en la sociedad. En palabras de las entidades participantes, contar con esta información continua resulta fundamental para orientar de forma eficiente los recursos públicos disponibles y garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de la ciudadanía con discapacidad.
Añadir nuevo comentario