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España dispone de un marco normativo amplio y consolidado en materia de igualdad de género y derechos humanos. Sin embargo, ese desarrollo legal no siempre se traduce en una aplicación efectiva dentro de la acción pública. Esta es una de las principales conclusiones del informe titulado España como agente promotor del enfoque de género en la lucha contra la impunidad, elaborado por Fundación Internacional Baltasar Garzón y presentado recientemente en la sede de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
El documento pone el foco en una paradoja: mientras España proyecta internacionalmente una imagen de liderazgo en políticas de igualdad y justicia global, en el ámbito interno persisten limitaciones que dificultan una implementación plena de esos principios. Esta “brecha” entre el plano normativo y la práctica real condiciona, según el informe, la capacidad del sistema jurídico español para contribuir de manera eficaz a la lucha contra la impunidad.
Obstáculos estructurales en el sistema jurídico para la igualdad de género
Entre las principales limitaciones señaladas se encuentra la restricción del principio de jurisdicción universal, una herramienta clave para perseguir crímenes internacionales graves más allá de las fronteras nacionales. A ello se suma la falta de avances penales efectivos en relación con los crímenes cometidos durante el franquismo, así como la vigencia de la Ley de Amnistía de 1977, que continúa siendo un elemento controvertido en el acceso a la justicia para las víctimas.
El informe también destaca una insuficiente integración práctica del enfoque de género en los mecanismos existentes para combatir la impunidad. Aunque este enfoque está presente en el discurso institucional, su aplicación concreta en procesos judiciales y políticas públicas sigue siendo desigual.
Estas carencias contrastan con el papel activo que España desempeña en el ámbito internacional, donde promueve iniciativas relacionadas con la igualdad de género y los derechos humanos. Esta disonancia entre lo que se defiende fuera y lo que se implementa dentro es uno de los puntos críticos del análisis.
Un contexto internacional en retroceso
El estudio sitúa estas conclusiones en un contexto global complejo. En los últimos años se ha observado un retroceso en las agendas de igualdad de género, acompañado de resistencias organizadas en foros multilaterales. Este escenario se traduce en una reducción del acceso real a la justicia para mujeres y niñas en distintas regiones del mundo.
El caso de Afganistán es señalado como el ejemplo más extremo, donde la situación ha sido calificada incluso como un posible “apartheid de género”. Este tipo de contextos refuerzan la importancia de que países como España mantengan un compromiso firme y coherente en la defensa de estos derechos.
A pesar de las limitaciones internas, el informe reconoce que España ocupa una posición relevante en el sistema internacional como promotora del enfoque de género en la justicia global. Este papel se refleja en su política exterior feminista, en su respaldo a la Corte Penal Internacional y en su participación activa en foros multilaterales.
No obstante, el documento insiste en que este liderazgo solo puede consolidarse si va acompañado de una coherencia interna. Es decir, las políticas y principios defendidos a nivel internacional deben tener un reflejo claro y efectivo dentro del propio sistema jurídico nacional.
La importancia del enfoque de género en la justicia
Uno de los puntos clave del informe es la defensa del enfoque de género como una herramienta esencial, no ideológica, para el funcionamiento de la justicia internacional. Sin este enfoque, muchos crímenes estructurales quedan invisibilizados, especialmente aquellos que afectan de forma desproporcionada a mujeres y niñas, como la violencia sexual, la violencia reproductiva o la persecución basada en roles de género.
Además, se señala que, aunque ha habido avances, los crímenes de género siguen siendo tratados como menos prioritarios en comparación con otras violaciones graves de derechos humanos. Esta situación genera una jerarquía implícita de víctimas que perpetúa desigualdades dentro del sistema judicial internacional.
El informe identifica un momento clave para España en el marco de las բանակցaciones internacionales sobre la futura Convención sobre los Crímenes de Lesa Humanidad. En este proceso, el país podría desempeñar un papel determinante si impulsa la inclusión de una tipificación clara de delitos como el matrimonio forzado, la violencia reproductiva o el denominado “apartheid de género”.
Adoptar una posición firme en este ámbito permitiría a España reforzar su liderazgo internacional de manera tangible y contribuir a un avance significativo en la protección de los derechos humanos desde una perspectiva de igualdad de género.
Normas sin aplicación: el riesgo de la credibilidad
Finalmente, el informe subraya una idea central: las leyes pierden eficacia y credibilidad si no se implementan de forma real. La densidad normativa de España en materia de igualdad y derechos humanos no garantiza por sí sola una protección efectiva. Cuando las normas no se traducen en acciones concretas, se genera frustración en las víctimas, inseguridad jurídica y un uso meramente simbólico del derecho.
En este sentido, el reto no es solo seguir desarrollando marcos legales, sino asegurar su aplicación práctica. Solo así será posible cerrar la brecha entre el discurso y la realidad, y avanzar hacia un sistema de justicia verdaderamente inclusivo y eficaz.
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