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Las Palmas de Gran Canaria, 22 feb (EFE).- El nuevo decreto que prepara el Gobierno de Canarias para regular la vivienda vacacional eliminará una de las prohibiciones más controvertidas de la norma todavía en vigor en las islas y permitirá alquilar habitaciones sueltas, pero siempre que el propietario de la casa resida en ella.
El consejero de Turismo, Cultura y Deportes de la comunidad autónoma, Isaac Castellano (CC), se ha reunido hoy con los representantes de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) para explicarles las líneas generales del nuevo decreto, que tiene también como novedad autorizar dos alquileres al año sin que la vivienda sea declarada vacacional con todas las consecuencias.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias anuló a petición de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia dos de las disposiciones más polémicas del decreto de alquiler vacacional aprobado la pasada legislatura: la que prohíbe esta actividad en zonas turísticas y la que veta el alquiler por habitaciones.
El Supremo ha admitido a trámite el recurso presentado por la comunidad autónoma contra esa sentencia, por lo que el decreto sigue en vigor en su integridad hasta que el Alto Tribunal se pronuncie.
En su encuentro con Ascav, el consejero de Turismo ha adelantado que la nueva normativa va a abrir "la posibilidad del alquiler de habitaciones siempre que el propietario resida en la vivienda".
Castellano ha remarcado que "el fenómeno de alquiler vacacional no se desarrolla de la misma manera en todas las islas ni en todos los municipios", por lo que el decreto que se va aprobar "deberá permitir cierta flexibilidad a ayuntamientos y cabildos a través de sus instrumentos de planificación".
El consejero ha explicado que su departamento está manteniendo reuniones con todas las partes implicadas "para alcanzar la redacción del mejor texto posible", en un diálogo que afronta "con mente abierta y mediante procesos de escucha activa".
Según ha indicado, el Gobierno autonómico entiende el alquiler vacacional "como un reto que ofrece nuevas oportunidades, a la vez que una serie de riesgos, ya observados en otros destinos".
Para Castellano, "el objetivo es claro, el de armonizar los derechos de la población residente con el desarrollo de una industria de calidad y sostenible".
El límite que marca el Gobierno de Canarias "es el de garantizar que la industria turística avance por la senda de la sostenibilidad" lo que "es un requisito indispensable".
Tal y como ha subrayado, "los agentes sociales son parte de la solución" y, aunque en estos días se "han esbozado ciertas líneas", este proceso "se realizará desde la escucha y con seriedad".
No obstante, ha apuntado que no se puede aún "poner fecha de finalización (al proceso de redacción del nuevo decreto), porque dependerá de las aportaciones y análisis que se tengan que realizar".
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