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La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania de la ONU ha presentado un nuevo informe en el que denuncia que Rusia impone educación patriótica y militarización a menores en los territorios ocupados, mientras intensifica los ataques contra la red energética ucraniana justo cuando se acerca el invierno. Según la comisión, ambas dinámicas agravan el sufrimiento de la población civil y podrían convertir los próximos meses fríos en una nueva prueba extrema para millones de personas.
El documento, dado a conocer este lunes, describe un escenario en el que la guerra no solo se libra en el frente: también alcanza las aulas, los hogares, las redes eléctricas y los sistemas de calefacción. Los investigadores sostienen que los bombardeos sobre infraestructuras esenciales no son incidentes aislados, sino parte de una política destinada a privar a los civiles de servicios básicos y a causarles un sufrimiento considerable.
Menores bajo militarización rusa
Uno de los hallazgos más preocupantes del informe se refiere a la situación de los niños ucranianos que viven bajo ocupación rusa. La comisión asegura haber documentado la imposición de programas de educación patriótica y militarización de perfil ruso, integrados en escuelas que siguen el currículo impuesto por Moscú y que glorifican a la Federación de Rusia.
Estas clases no se limitan a los adolescentes. De acuerdo con la investigación, la formación patriótica puede comenzar a edades muy tempranas, incluso desde los tres años, mediante conferencias y contenidos escolares orientados a transmitir una narrativa favorable a Rusia.
A partir de los 14 años, el sistema se vuelve aún más explícito: los menores participan en módulos obligatorios de instrucción práctica que incluyen el manejo de armas y ejercicios militares. La comisión señala además que organizaciones juveniles rusas respaldadas por el Estado han ampliado su presencia en los territorios ocupados, reforzando tanto el adoctrinamiento como la preparación militar de los jóvenes.
El informe también pone el foco en las familias. Los investigadores afirman que los padres y tutores que se resisten a estas actividades educativas y militarización enfrentan amenazas, presiones y coacciones por parte de las autoridades rusas. En la práctica, ello reduce el margen de decisión de las familias y convierte la escolarización en un instrumento de control.
La Comisión advierte de que la exposición continuada a este tipo de educación y militarización tiene un impacto profundo en los menores. Algunos niños, según el organismo, consideran insoportable ese entorno y deciden huir hacia territorios bajo control del Gobierno ucraniano, en ocasiones solos, exponiéndose a riesgos de seguridad y a duras penalidades durante el trayecto.
La energía, objetivo central
El segundo eje del informe es la campaña rusa contra la infraestructura energética de Ucrania. La comisión indica que las fuerzas armadas rusas han mantenido y intensificado ataques contra instalaciones eléctricas, redes de transmisión, sistemas de calefacción y plantas de gas, con especial intensidad en los periodos de frío.
Durante el invierno de 2025-2026, las temperaturas llegaron a descender hasta 20 grados bajo cero. En ese contexto, millones de civiles sufrieron cortes prolongados de electricidad, escasez o ausencia prolongada de calefacción, además de dificultades de acceso al agua y al gas.
El presidente de la comisión, Erik Møse, expresó su preocupación por el aumento de los bombardeos cuando se acerca la temporada invernal. “Los continuos ataques contra la infraestructura energética están haciendo que las condiciones de vida sean cada vez más insoportables para los civiles”, afirmó, al advertir de que el próximo invierno podría ser aún más difícil de soportar.
Crímenes de guerra y lesa humanidad
En un informe adicional divulgado el mismo lunes, la comisión llegó a una conclusión jurídica contundente: los ataques sistemáticos contra la infraestructura energética ucraniana constituyen crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. La razón, según los investigadores, es que se trata de golpes deliberados contra bienes civiles, ejecutados dentro de una política estatal orientada a privar a la población de electricidad y otros servicios esenciales.
La comisión sostiene que los mandatos rusos eran conscientes de que instalaciones como las redes de calefacción resultan indispensables para la población civil, especialmente en grandes ciudades y durante inviernos severos. El daño, por tanto, no sería únicamente material: afectaría a la salud, la seguridad y la dignidad de quienes dependen de esos servicios para sobrevivir al frío.
Las consecuencias recaen con especial fuerza en los colectivos más vulnerables. Personas mayores, personas con movilidad reducida, enfermos crónicos y niños enfrentan mayores riesgos cuando falla la electricidad o desaparece la calefacción. La falta de energía también ha obligado a cerrar escuelas o ha dejado a muchas familias sin condiciones adecuadas para vivir durante los meses más duros.
La ONU lleva meses advirtiendo del efecto combinado de los ataques energéticos, las restricciones educativas y las políticas de rusificación en los territorios ocupados. El nuevo informe refuerza esa alarma: mientras los menores reciben una formación impregnada de narrativa rusa y militarización, la población civil en general ve cómo se deterioran las condiciones básicas de vida.
Una advertencia antes del frío
El mensaje central de la Comisión es que la escalada actual no puede leerse solo como una continuación de los combates. Para el organismo, se trata de una estrategia que golpea simultáneamente la identidad y la autonomía de los niños ocupados, así como la capacidad de las familias ucranianas para mantenerse calientes, iluminadas y comunicadas durante el invierno.
La comisión, integrada por Erik Møse, Pablo de Greiff y Vrinda Grover, pide medidas de rendición de cuentas, tanto judiciales como no judiciales, y apoyo integral a las víctimas. Sus conclusiones forman parte del informe que presenta ante el 81.º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU.
Con el invierno aproximándose, la advertencia internacional es clara: cada ataque a una subestación, una red eléctrica o una planta de gas puede traducirse en horas sin luz, días sin calefacción y riesgos reales para la vida de civiles que ya han soportado años de guerra y la militarización de menores ucranianos.
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