Comunidades mineras piden un pacto por la energía que incluya el carbón

León, 19 feb (EFE).- Las Comunidades de Asturias, Aragón y Castilla y León han firmado hoy una declaración institucional en la que reclaman al Gobierno un pacto de Estado por la energía "compatible con mantener actividad vida y empleo" en las zonas mineras de estas comunidades.

El documento ha sido suscrito por los presidentes de Castilla y León, Juan Vicente Herrera; Asturias, Javier Fernández, y Aragón, Francisco Javier Lambán.

Herrera ha sido el encargado de desgranar el contenido del documento y ha recordado que Asturias, Castilla y León y Aragón "están atravesando una situación de extrema gravedad derivada de los procesos de reestructuración de la minería del carbón y del sector de la generación eléctrica con mineral autóctono".

"Es nuestra obligación como responsables de las comunidades afectadas evitar el gravísimo impacto social y económico que estos cierres producen en las zonas afectadas y que se les condenen al declive", ha dicho.

También ha precisado que apuestan por una transición energética ordenada en la "irrenunciable" lucha contra el cambio climático.

Solicitan como condición imprescindible que las centrales térmicas de carbón continúen operativas, para lo que "debe asegurarse la ejecución de las mejoras que impone la Directiva europea de Emisiones Industriales, promoviendo las medidas de apoyo que sean necesarias.

Herrera ha recordado que una parte de las instalaciones de generación han acometido ya importantes inversiones para reducir emisiones, por lo que sería deseable y razonable mantenerlas operativas al menos hasta 2030.

El presidente de Castilla y León ha insistido en que respaldan el endurecimiento, con todas las garantías legales, de las exigencias de la actual normativa de autorización de cierre de instalaciones de generación eléctrica.

Las tres Comunidades pretenden que los criterios de decisión empresariales no dependan únicamente de la seguridad de suministro eléctrico, sino que se tengan en cuenta además la competitividad económica, la dependencia energética y el interés de familias y empresas.

"No estamos hablando de un mercado perfecto sino de uno regulado, un sector económico de interés general, integrado por empresas privadas en el que la decisión de cierre de instalaciones por parte de una de esas empresas precise de la autorización del regulador (Gobierno) en cuanto afecte a la garantía de suministros, la sostenibilidad ambiental o el precio competitivo", ha explicado Herrera.

También defienden que se establezca una fórmula que permita una adecuada flexibilidad en la devolución de las ayudas al cierre de las empresas mineras, para que las empresas viables puedan continuar operativas más allá de 2018.

Por ultimo, consideran "urgente" la activación de los fondos previstos para actuaciones de infraestructuras y medioambientales en los municipios mineros, con la dotación de 250 millones prevista en el Marco de Actuación 2013-2018.