Negar lo evidente tiene consecuencias

Hay cuestiones, que con total honradez por parte de aquellos  a quienes les toca valorar o decidir, pueden ser objeto de interpretaciones diferentes. Lo que no debe ser discutible son los datos objetivos, y aunque la realidad que reflejen no sea la deseada,   las medidas que habría que tomar, deberían ser inevitables. Pese a que ello cause perjuicios y recortes en los intereses personales de colectivos clientelares. De no ser así, habría que preguntarse por la idoneidad de aquellos actores en un sistema político que permite que se contravengan los intereses mayoritarios para proteger unas estructuras de poder letales para el bienestar de los ciudadanos.  

Confiar o exigir que sean los votantes los que indiscriminadamente puedan ser los árbitros de las medidas a tomar no deja de ser el secuestro de una imperfecta y condicionada voluntad colectiva. En aquella que cada uno procure defender sus propios intereses por encima de cualquier consideración: los ciudadanos en general tienen una escasa memoria y muy poco desarrollada la capacidad para pronosticar las consecuencias de sus actos o decisiones.

Los dirigentes que tal clientelismo electoral permite y alimenta,  lo menos que se puede decir es que estamos ante una irresponsabilidad culpable, como mínimo. Además de ante una estafa en toda regla, perversa y maligna que socava cualquier justificación del sistema. 

El caso de los ERE y los cursos de formación en Andalucía son el pico del “iceberg” de todo el montaje, extensible en mayor o menor grado al resto del país. quien no lo vea así es que es cómplice, colaborador además de, probablemente, beneficiario, directa o indirectamente, de tales expolios. Como es el caso de la mayoría de los medios de información tanto públicos como privados en España, que guardan silencio y ritos de exculpación ante tales hechos y personajes.   

No es esta desgraciadamente la única operación de cobertura de hechos objetivos de una gravedad extrema que deberían impulsar una toma de medidas de proporción semejante al disparate que la realidad estadística está poniendo de manifiesto para corregir estas situaciones, que de forma tan evidente, ponen en peligro la aceptable supervivencia de los españoles. Habría que ser ciego y sordo de remate o ser un total ignorante, para no proceder de inmediato a su corrección, aunque dichas medidas supongan graves perjuicios para colectivos que se han acostumbrado a medrar y prosperar del sistema. No hay frase más demoledora que la pronunciada por una vicepresidente socialista afirmando que “el dinero público no es de nadie…”.

Vamos a mencionar tres datos combinados cuya simple lectura debería ser suficiente para ilustrar de lo que estamos hablando:

• Si tomamos, del INE, el crecimiento del PIB de España desde el año 2008 al 2018, podemos ver que ha aumentado un 8.35% en esos 10años.
• Si hacemos lo equivalente con la recaudación fiscal, el esfuerzo fiscal de los ciudadanos para el mantenimiento del estado vemos que ha aumentado en ese mismo período un 20,31%.
• Si vemos el incremento de la deuda pública en igual período vemos  que lo ha hecho en un 166,89%.

Con estos simples datos en la mano puede verse con total claridad que el mantenimiento del estado es un gasto disparatado que se está comiendo la capacidad de ahorro y la inversión productiva privada de la actual generación y está hipotecando a las siguientes. 

Tal situación de producirse en una empresa, persona, o familia: que los gastos, más el endeudamiento superan ampliamente nuestra capacidad de producción conllevaría un plan de reajuste drástico de recorte de gastos superfluos, prescindibles y todos aquellos que no fueran estrictamente necesarios para la supervivencia.

¿Por qué el Estado no actúa en consecuencia? Pues porque el “dinero público no es de nadie” lo colectivo es una entelequia de la que nadie responde. Se piensa: todos tendrán que responder, se gasta dinero ajeno con la pueril coartada de que los “ricos” pagaran más, cuando todos saben que aunque a esa minoría de personas “ricas” aunque se les expropiara, no cubrirían apenas un cuarto de la deuda pública actual, sin considerar que probablemente se mudarían. Al final sería la ruina de la clase media que es la que proporciona equilibrio y paz a una sociedad, a la larga, sería el fin de un sueño.

Resulta sorprendente a estas alturas del juego nacional e internacional, creer que esta política va más allá de una pura irresponsabilidad o un error de juicio: después del fracaso total de los incontables y manifiestos experimentos socialistas en el mundo, que vengan predicando semejantes soluciones para resolver la problemática social y una sociedad más justa resulta, como mínimo grotesco, y algo mucho más grave: un intento deliberado de destruir todos los logras de los últimos años en España y en Europa, por razones que a cualquier ciudadano normal se le escapan… ¿Por qué este delirio de destrucción?

Si no solo no se corrige esta situación de gasto estatal desenfrenado sino que este nuevo gobierno de coalición amenaza con apretar más todavía esa trituradora de productividad, incrementando más el gasto, poco podemos esperar de cualquier forma de inversión o estabilidad en el futuro inmediato. Cualquier ilusión de emprender o arriesgarse en nuevos proyectos, ampliar instalaciones, abrir nuevas fuentes de investigación, aspirar a mejorarla situación de los jóvenes  que se despida…Cualquiera que crea ingenuamente que la solución pasa por la izquierda que recuerde que de esos países la gente huye no acude a ellos y es por algo. Los datos no son discutibles, el plantearse un orden de prioridades en una sociedad a la hora de dividirse la riqueza en su seno puede ser objeto de más o menos controversia, pero mucho cuidado con  pasarse, es más fácil de lo que parece secar las fuentes,  lo que todo el mundo tiene claro es que sistemáticamente no se puede gastar más de lo que se ingresa, por muy sector público que se sea, y que una sociedad que vive de la subvenciones, dádivas, estructuras políticas redundantes, sueldos sociales, directas e indirectas, es una sociedad dependiente del poder de turno es una sociedad esclavizada por quien reparte la pitanza, que es lo que parecen desear estos socialistas…