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Quince gobiernos de África, Asia, el Caribe, Europa y el Pacífico han dado un paso conjunto para reforzar la lucha contra la pesca ilegal al adoptar la Declaración de Mombasa durante la undécima conferencia Our Ocean. Este acuerdo internacional busca aumentar la transparencia en el sector pesquero y combatir de forma más eficaz la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), una de las principales amenazas para los océanos y las economías costeras.
La iniciativa representa un llamamiento directo tanto a los estados costeros como a los estados de pabellón, aquellos bajo cuya bandera operan los buques, para mejorar el acceso a la información sobre la actividad pesquera. En particular, pone el foco en la necesidad de recopilar y difundir datos fiables sobre los barcos, sus operaciones y sus propietarios.
Un marco global basado en la transparencia
La Declaración de Mombasa se apoya en la Carta Mundial para la Transparencia de la Pesca, un documento que recoge diez principios políticos que los gobiernos pueden aplicar con bajo coste o incluso sin coste. Estas medidas abarcan desde la publicación de licencias hasta la identificación de los beneficiarios finales de las empresas pesqueras, con el objetivo de reforzar la rendición de cuentas en todo el sector.
Entre los países que han respaldado esta declaración se encuentran Bélgica, Camerún, República Dominicana, Francia (a través de sus territorios de ultramar), Gambia, Ghana, Guinea, Liberia, Panamá, Papúa Nueva Guinea, Perú, República del Congo, Somalia, Chile y Corea del Sur. Todos ellos comparten el compromiso de mejorar la gobernanza oceánica y liderar acciones globales en favor de una pesca más transparente.
Tras la firma, estos Estados iniciarán la implementación de medidas concretas y promoverán la adhesión de nuevos países antes de la próxima conferencia Our Ocean, prevista para 2027.
España y el contexto legislativo
Aunque España no se ha sumado a la Declaración de Mombasa, el país se encuentra actualmente en pleno debate sobre su proyecto de Ley de Control, Inspección y Régimen Sancionador de la Pesca Marítima. Este texto ya contempla medidas alineadas con los objetivos del acuerdo internacional.
Entre ellas, destacan las acciones para disuadir a ciudadanos y empresas españolas de participar en actividades de pesca INDNR, incluso cuando operen bajo pabellones de terceros países fuera de aguas europeas. También se prevé identificar a estos actores y supervisar sus vínculos con buques extranjeros, así como limitar el uso de pabellones de conveniencia.
Además, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación estudia actualizar la normativa sobre empresas mixtas, lo que podría incluir la obligación de registrar a los beneficiarios finales de compañías españolas con actividad pesquera en el extranjero.
La pesca ilegal tiene consecuencias profundas y generalizadas. Afecta especialmente a comunidades costeras, pescadores artesanales y economías que dependen de los recursos marinos. Estas prácticas no solo reducen los ingresos de quienes cumplen la ley, sino que también ponen en riesgo la seguridad alimentaria y la salud de los ecosistemas oceánicos.
Se estima que la pesca INDNR genera pérdidas de hasta 50.000 millones de dólares anuales a nivel mundial. Además, contribuye al agotamiento de las poblaciones de peces y está frecuentemente vinculada a abusos de derechos humanos, como condiciones laborales precarias o incluso trabajo forzoso.
Medidas concretas para un cambio real con la Declaración de Mombasa
La Declaración de Mombasa propone acciones prácticas para revertir esta situación. Entre ellas se incluyen la modernización de los registros de buques, la publicación de autorizaciones de pesca y el fortalecimiento del intercambio de información entre países. También se promueve la recopilación de datos sobre la titularidad real de las embarcaciones, una medida clave para identificar a los responsables de actividades ilegales.
Estas iniciativas buscan crear un sistema más transparente que facilite la aplicación de la ley y garantice una gestión sostenible y equitativa de los recursos marinos.
Diversos líderes y expertos han respaldado la importancia del avance con la Declaración de Mombasa. La ministra de Pesca y Acuicultura de Ghana, Emelia Arthur, subrayó que en su país el pescado representa el 60 % de la proteína animal consumida y sustenta al 10% de la población, lo que convierte la pesca en un asunto de seguridad nacional.
Por su parte, la ministra francesa Catherine Chabaud destacó que sin transparencia y cooperación internacional será imposible combatir eficazmente la pesca ilegal. En la misma línea, organizaciones como Oceana y Global Fishing Watch han insistido en que la falta de supervisión y la opacidad han permitido durante años la proliferación de estas prácticas.
Expertos coinciden en que mejorar el acceso a datos fiables y fortalecer los mecanismos de control es esencial para proteger tanto los océanos como los medios de vida de millones de personas.
Un esfuerzo global en marcha
La Declaración de Mombasa ha sido impulsada con el apoyo de la Coalición para la Transparencia Pesquera, junto a académicos y profesionales del sector. Su objetivo es claro: avanzar hacia una economía azul sostenible basada en una gobernanza sólida, datos accesibles y cooperación internacional.
El compromiso adquirido por los países firmantes marca un punto de inflexión en la lucha contra la pesca ilegal. Al apostar por la transparencia, se busca cerrar los espacios donde estas prácticas prosperan y construir un sistema más justo, sostenible y responsable para el futuro de los océanos.
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