El acuerdo Mercosur y UE pondría broche a la legislatura de Horacio Cartes

Asunción, 1 ene (EFE).- Paraguay recibe 2018 al frente de la presidencia del Mercosur, un periodo de seis meses que coincidirá con el fin del mandato del presidente Horacio Cartes, quien podría cerrar sus cinco años de Gobierno con el esperado acuerdo comercial entre el bloque sudamericano y la Unión Europea (UE).

Las fechas electorales coinciden con los de esa presidencia temporal, que culminará poco antes de que Cartes deje el cargo en agosto, tras las elecciones generales del 22 de abril.

Para el mandatario, la firma de ese acuerdo con la UE sería el broche para una legislatura empañada por el intento de reelección presidencial, a finales de marzo, que generó una serie de protestas que desembocaron en la quema parcial del edificio del Congreso.

Ese día también se lamentó la muerte de un joven opositor, presuntamente por el disparo de un policía, cuando las fuerzas de seguridad asaltaron la sede del Partido Liberal, el mayor de la oposición.

En su último medio año de Gobierno, Cartes y el gobernante Partido Colorado están envueltos en la dinámica electoral y en la búsqueda de la unidad partidaria para que en abril las urnas den la Presidencia a Mario Abdo Benítez, el candidato de los colorados.

En ese escenario, Cartes podría llevarse la foto que se le resistió a su homólogo argentino, Mauricio Macri, durante la XI Cumbre de la Organización Mundial del Comercio (OMC) a principios de diciembre en Buenos Aires: la de ambos bloques firmando un tratado que se ha demorado casi un década.

Con ello Paraguay volvería a ser escenario de un histórico acuerdo internacional, como ya lo fue en 1991 con la firma del Tratado de Asunción, que dio origen a la creación del Mercosur.

El país se beneficiaría así de la demora en el cierre del acuerdo comercial, que ambos bloques fijaron para 2017, después de casi siete años de negociaciones tras la reactivación de los contactos en 2010.

Antes, el Mercosur tendrá que superar los temas más espinosos, como las cuestiones agrícolas, por el fuerte peso de la Política Agraria Común (PAC) en la UE, así como los intercambios gubernamentales, de servicios o de propiedad intelectual.

A eso hay que añadir las principales preocupaciones de la UE: la carne y el etanol, cuya entrada en territorio europeo se pretende limitar, algo que no gusta en el Mercosur.

De hecho, Mercosur considera "insuficiente" las cuotas anuales pautadas por Bruselas, con 70.000 toneladas de carne bovina y de 600.000 toneladas para el etanol.

Las restricciones europeas van acompañadas de las reservas manifestadas por algunos países, como Francia e Irlanda, sobre el posible impacto del acuerdo en sus industrias de carne de vacuno y en la seguridad alimentaria.

Los interlocutores sudamericanos consideran que ya han cumplido con su parte y han respondido a las peticiones de la UE, con la comisaria de Comercio, Cecilia Mälmstrom, a la cabeza de las conversaciones, y esperan ahora su actuación.

Dentro del Mercosur ya se han empezado a escuchar voces impacientes con los ritmos europeos, como la del presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, quien ve "reticente" a la UE a la hora de firmar el acuerdo, o la de su ministro de Economía, Daniel Astori, que urgió al Mercosur a impulsar tratados con otros bloques.

Esto es algo en lo que coincide el canciller paraguayo, Eladio Loizaga, quien a finales de diciembre expresó su interés por acercar las relaciones comerciales del Mercosur con Canadá, Japón y Singapur.

También con Marruecos y los países que conforman la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, en sus siglas en inglés), compuesta por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.

A pesar de los obstáculos, Mercosur y la UE siguen interesados en llegar a buen puerto con este tratado de asociación y, si los tiempos diplomáticos no se retrasan más, la firma podría ocurrir con Paraguay bajo la presidencia pro tempore.

Mercosur supone para el bloque del Viejo Continente un mercado de 260 millones de consumidores que en 2016 fue receptor de distintos bienes por valor de 42.000 millones de euros (unos 50.400 millones de dólares), según datos de la UE.