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Guatemala, 8 ene (EFE).- El procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, condenó hoy los hechos violentos sucedidos este martes cuando un grupo de personas derribó varios postes de transporte de energía eléctrica de una hidroeléctrica instalada en la región de Ixquisis, en el norte del país.
Según los reportes preliminares de la Policía Nacional Civil, un centenar de manifestantes protestó en la carretera Franja Transversal del Norte, en el departamento occidental de Huehuetenango, derribaron cinco postes de transmisión en protesta contra el proyecto hidroeléctrico de la empresa Energía y Renovación Desarrollo Sostenible.
El ataque sucedió en horas de la mañana, pero no fue hasta la noche del martes que el ombudsman se pronunció para señalar la actividad "contraria a la ley".
Rodas instó al Gobierno a "trazar una hoja de ruta de abordaje al escenario social" en la región de Ixquisis, en el municipio San Mateo Ixtatán para "resolver de una forma pacífica" y mediante el diálogo "incluyente, serio, responsable y con objetivos claros".
Pidió que sean escuchadas las demandas, "inconformidades" y principalmente "quejas o preocupaciones" de los comunitarios, quienes "señalan posible vulneración de sus derechos humanos".
Le recordó al Ministerio de Gobernación (Interior), entidad rectora de la Policía Nacional Civil, que tiene la "obligación" de garantizar la seguridad de las personas, comunidades y empresas, para "mantener el orden público" y garantizar los derechos humanos de las personas.
Advirtió que fueron celebrados unos "Acuerdos de Paz y Desarrollo para San Mateo Ixtatán" el pasado 8 de noviembre, éstos no contaron con la participación de los representantes de las comunidades que se oponen a la hidroeléctrica.
Solicitó tanto a comunitarios opositores de la hidroeléctrica y a la empresa a "participar en el proceso de diálogo que debe facilitar el Gobierno de Guatemala" y subrayó que los esfuerzos del Ejecutivo "no han sido suficientes para entender el escenario social", lo cual ha provocado que el conflicto se haya "agravado", resultando en fallecimiento de varias personas, de uno y otro sector.
Desde hace más de diez años, las comunidades de Ixquisis han protestado contra varios proyectos hidroeléctricos, como Pojom I, Pojom II y San Andrés, financiados, según denuncian, por capital proveniente de bancos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La construcción de las represas, según denunciaron a Efe en su momento, ha causado daños ambientales como la escasez de agua y la contaminación de ríos, afectando la pesca, la agricultura y los modos de vida tradicionales de las comunidades de Ixquisis, mayormente indígenas mayas.
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