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La Fiscalía General del Estado ha puesto el foco en las diferencias existentes entre comunidades autónomas en los recursos destinados a la atención y protección de las víctimas de violencia de género. En su Memoria correspondiente a 2025, el Ministerio Público advierte de que la falta de personal, las vacantes sin cubrir y la desigual implantación de determinados servicios están condicionando la calidad de la respuesta institucional, por lo que considera imprescindible reforzar estos recursos para asegurar una actuación homogénea y eficaz en todo el territorio nacional.
El informe analiza el funcionamiento de los principales mecanismos de apoyo y protección a las víctimas y concluye que, aunque España dispone de herramientas consolidadas para afrontar esta problemática, persisten importantes desequilibrios que afectan al acceso equitativo de las mujeres a servicios especializados. La Fiscalía sostiene que la igualdad en la protección no puede depender del lugar de residencia y defiende una dotación estable de medios humanos y materiales en todas las autonomías.
Las Oficinas de Atención a las Víctimas de violencia de género, un pilar fundamental del sistema
Entre los recursos mejor valorados por la Fiscalía se encuentran las Oficinas de Atención a las Víctimas (OAV), consideradas un elemento esencial dentro del sistema de protección. Estas oficinas desempeñan una labor clave en el acompañamiento de las mujeres que sufren violencia de género, ofreciendo asesoramiento jurídico, orientación, apoyo psicológico y seguimiento durante el proceso judicial.
La Memoria destaca que su intervención resulta indispensable desde el primer contacto con la víctima, ya que facilita el acceso a información sobre derechos, recursos disponibles y medidas de protección, además de contribuir a reducir la revictimización durante los procedimientos legales. Por ello, la Fiscalía insiste en la importancia de mantener y fortalecer estos servicios como parte de una red de atención especializada.
Otro de los instrumentos que recibe una valoración positiva es el sistema VioGén 2, utilizado para evaluar el nivel de riesgo de las víctimas y determinar las medidas cautelares más adecuadas en cada caso. La Fiscalía lo define como una herramienta esencial para mejorar la protección y favorecer una respuesta coordinada entre las distintas instituciones implicadas.
El documento también adelanta que durante 2026 y 2027 se intensificará la formación especializada dirigida a los fiscales en relación con este sistema. El objetivo es perfeccionar el uso de VioGén 2 y mejorar la capacidad de los profesionales para identificar situaciones de especial vulnerabilidad, optimizando así la adopción de medidas preventivas y de protección.
Las Unidades Forenses concentran las principales deficiencias
Donde la Fiscalía muestra una mayor preocupación es en el funcionamiento de las Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI o UVIVG), responsables de elaborar informes periciales fundamentales tanto en procedimientos penales como civiles relacionados con la violencia de género.
Según recoge la Memoria, existen diversos factores que dificultan la correcta prestación de este servicio. Entre ellos figura la insuficiencia de personal especializado, la atención sin dedicación exclusiva a esta materia, los retrasos en la emisión de informes y la ausencia de equipos de guardia capaces de realizar valoraciones urgentes cuando la situación lo requiere.
A estas dificultades se suma la creciente externalización de algunos servicios, la falta de evaluaciones conjuntas entre los distintos profesionales que integran las unidades y la inexistencia, o implantación incompleta, de equipos estables en determinados territorios. Para la Fiscalía, estas circunstancias generan una respuesta desigual y limitan la eficacia del sistema de protección.
Ante este diagnóstico, la Fiscalía General del Estado plantea la necesidad de avanzar hacia un modelo común que garantice los mismos estándares de atención en toda España. El informe defiende una estructura suficientemente dotada de recursos humanos y técnicos que permita ofrecer un acceso equitativo a la pericia forense integral, independientemente de la comunidad autónoma en la que resida la víctima de violencia de género.
La institución subraya que una red homogénea de unidades forenses no solo beneficiaría a las víctimas, sino que también reforzaría el trabajo de las secciones especializadas de la Fiscalía y de los órganos judiciales, tanto en el ámbito penal como en el civil. En este sentido, sostiene que únicamente mediante una implantación estable y uniforme será posible garantizar informes periciales ágiles, rigurosos y de calidad, elementos determinantes para adoptar decisiones judiciales con rapidez y eficacia.
Más de 40.000 órdenes de protección solicitadas durante 2025
La Memoria incorpora además un balance de la actividad judicial desarrollada durante 2025 en materia de violencia de género. A lo largo del año se solicitaron 40.205 órdenes de protección y medidas cautelares para víctimas, lo que refleja el elevado volumen de procedimientos en los que fue necesario activar mecanismos específicos de seguridad.
De ese total, los órganos judiciales acordaron 27.030 medidas de protección, cifra que representa el 67 % de las solicitudes presentadas. Por el contrario, 12.912 peticiones fueron denegadas, según los datos recogidos por la Fiscalía.
El informe también presta atención a las víctimas menores de edad. Durante 2025 se solicitaron 452 medidas de protección para niñas y adolescentes, de las cuales 350 se tramitaron ante los juzgados de violencia sobre la mujer y las 102 restantes correspondieron a juzgados de guardia.
Entre las herramientas de protección aplicadas por la Justicia, la Memoria señala que los tribunales acordaron 1.515 medidas de prisión provisional para presuntos agresores. Asimismo, se autorizaron 2.081 dispositivos telemáticos de control, conocidos popularmente como pulseras antimaltrato, destinados a supervisar el cumplimiento de las órdenes de alejamiento.
A cierre de 2025 permanecían activos 4.412 dispositivos de seguimiento, una cifra que evidencia el uso continuado de este sistema para proteger a las víctimas y controlar el riesgo de reincidencia.
La Fiscalía insiste en reforzar los recursos existentes
A partir de todos estos datos, la Fiscalía General del Estado concluye que las herramientas de protección disponibles tienen una utilización amplia y desempeñan un papel decisivo en la lucha contra la violencia de género. Sin embargo, considera que su eficacia depende directamente de la fortaleza de los recursos que las sustentan.
Por ello, el Ministerio Público reclama una inversión sostenida que permita cubrir vacantes, incrementar las plantillas especializadas y reducir las diferencias territoriales entre autonomías. El objetivo, sostiene la institución, es garantizar que todas las víctimas de violencia de género reciban una respuesta rápida, coordinada y de la misma calidad con independencia del lugar donde vivan.
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