Hay que acabar ya con el fraude en las prácticas no laborales

El fraude en las prácticas en empresas cuesta a la Seguridad Social más de 1.500 millones de euros al año, según un estudio de UGT.

Se ha creado un sistema que obliga a jóvenes que no están cursando ninguna formación reglada a seguir matriculándose en titulaciones ficticias para poder hacer unas prácticas.

Para acceder a estas prácticas, los jóvenes deben matricularse en un curso online que suele costar unos 200 euros que salen de su bolsillo.

Las tretas de las empresas para contratar a graduados como becarios

Hace unos años, al poco de terminar la carrera contactó conmigo una empresa porque buscaban candidatos para una beca de seis meses. Yo ya había terminado la carrera y estaba buscando trabajo, por lo que para poder incorporarme a esa beca, la empresa me proponía apuntarme a uno de los cursos 'online' que ofrecía una entidad formativa. Ninguno estaba relacionado ni con el puesto que se me ofrecía ni con la formación que yo tengo. Solo servía para poder firmar el convenio de prácticas. Es más, nos iban a dar cierta formación con una persona a la que llamaban tutor, pero la realidad era que actuaba como jefe y exigiría objetivos de facturación.

Esta es una de las malas acciones y fraude en las prácticas de muchas personas que se dan al terminar su carrera.

UGT basa sus cálculos del alcance del fraude en las prácticas el conjunto de personas que realizaron prácticas no laborales remuneradas, universitarias y de formación en 2018, un total de 866.079, con un impacto sobre los salarios de 4.251,8 millones de euros, calculado en base a los datos que indica la Encuesta de Estructura Salarial (EES).

En el mismo año, y según datos de la misma encuesta, el impacto sobre el sistema de la Seguridad Social asciende a 1.594,4 millones de euros en cotizaciones.

En el periodo entre 2014 y 2018, estas prácticas no laborales no remuneradas o mal remuneradas se han traducido en una pérdida 16.242,1 millones en salarios y 6.615,2 millones de euros en cotizaciones.

El sindicato exige al Gobierno que intensifique la actuación de la autoridad laboral en este ámbito y cumpla con sus compromisos estableciendo un Estatuto de las Prácticas No Laborales y un Registro Nacional de Estudiantes en Prácticas.

Además, ve fundamental fortalecer los programas de prácticas dentro de las universidades y centros de formación profesional y, sobre todo, intensificar la intervención de los interlocutores sociales en el ámbito de las prácticas no laborales para velar por la correcta utilización de las mismas.

Los becarios ofrecen mano de obra barata a empresas, no podemos permitir que se carguen el mercado laboral así

Muchas de estas malas praxis empresariales y fraude en las prácticas de recién titulados han sido denunciadas a Inspección de Trabajo.

Tener un empleo no es solo tener un salario, sino también un lugar en la sociedad. Las ofertas de becas van, en muchos casos, dirigidas a cubrir puestos de trabajo. En los portales se plantean como "prácticas", pero en las empresas la realidad es otra.

Desde el sindicato, aseguran que se han encontrado casos en los que el 80 % de la plantilla está formado por becarios y no por trabajadores. También lo decían claro en las entrevistas: "No es un trabajo como tal, es más que nada para ayudarnos a cubrir las vacaciones y que tú te puedas formar un poco", así me lo vendieron a mi en alguna ocasión.

Son millones las noticias sobre que no se genera empleo, que hay mucho paro juvenil... Y eso pasa por este tipo de fraude en las prácticas. Las empresas tendrían que dar de alta a esas personas como trabajadores y así sí se generaría empleo y sí hablaríamos de crecimiento. Se ocupan puestos de trabajo que deberían ser realizados por personas que trabajen por cuenta ajena, con un contrato de trabajo. La empresa no abona un salario, sino una pequeña compensación y obtiene el rendimiento que llevaría a cabo un trabajador asalariado.

Y luego está el fraude a la caja de la Seguridad Social porque dejan de ingresarse las cotizaciones debidas que corresponderían. Los perjudicados son los que se ven obligados a aceptar esas prácticas para obtener un rendimiento muy por debajo de las condiciones que fijaría el convenio colectivo.