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Santiago de Compostela, 4 ene (EFE).- Galicia, con la subida de la AP-9, se sitúa en el puesto de cabeza de los peajes más caros de España y de Europa, un liderazgo que nadie deseaba y que ha tenido una gran contestación por parte de políticos y ciudadanos en general.
Pasada la medianoche del 31 de diciembre, Audasa hizo efectiva para la Autopista del Atlántico la mayor subida de precio en los peajes de toda la red del Estado, aplicando un aumento del 3,51 % frente al 1,67 % de la gran mayoría de las autopistas españolas, la cual fue la cifra marcada por el Consejo de Ministros como subida media para los peajes de las concesiones existentes.
Se trata, el ejecutado, de un aumento que para los usuarios gallegos de esta autopista no es nuevo, ya que hace escasos meses, en octubre pasado, ya tuvieron que hacer frente a un doble incremento del importe en aquel momento.
No en vano, se produjo una subida del dos por ciento a consecuencia de los compromisos adquiridos con la concesionaria Audasa, respectivamente, por el Gobierno central en 2011 -con José Blanco (PSOE) al frente de Fomento- y en 2013 -en esa ocasión con Ana Pastor (PP)-.
Precios, por tanto, que hacen que el recorrido de punta a punta de la AP-9 sea inasumible para muchas familias gallegas ya que el peaje entre A Coruña y Vigo se sitúa en 16,40 euros, por ende, 32,80 ida y vuelta.
Conscientes del elevado coste del desplazamiento por medio de la infraestructura que une las ciudades del Eje Atlántico y que, por lo tanto, representa la mayor población de Galicia; todos los partidos con representación en la comunidad apuestan por encontrar una solución que ataje esta problemática.
Para las formaciones políticas, uno de los pasos principales a la hora de reducir los peajes es el hecho de conseguir traspasar a la Xunta la AP-9, ahora titularidad del Estado, aunque la consecución de este objetivo podría no tener la finalidad deseada por todos.
De este modo, mientras que En Marea y BNG avalan la posibilidad de rescatar la concesión de la autopista para hacerla pública y gratuita, tanto PP como PSOE llaman a ser realistas ya que la concesión de la AP-9 se prolonga hasta 2048, dado que aunque debía acabar en 2012, se fue ampliando a lo largo de los años, la última vez bajo el Gobierno de José María Aznar.
Así las cosas, desde el Gobierno gallego, el propio número dos de la Xunta, Alfonso Rueda, ha asegurado que una vez se consiga el traspaso se "hará todo lo posible" para negociar rebajas y bonificaciones en el peaje de la Autopista del Atlántico (AP-9).
Por el momento, y como la titularidad aún es estatal, Rueda ha demandado al Ministerio de Fomento que negocie con la empresa concesionaria para que se apliquen descuentos y ventajas para los usuarios habituales, tal y como hace la Xunta.
No obstante, pide no prometer la eliminación de los peajes porque quien lo hace "no cuenta toda la verdad".
Asimismo, el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, considera que el actual Ejecutivo socialista no tiene capacidad al respecto ya que el "problema viene trasladado de una decisión del PP en su momento, que prorrogó la concesión veinticinco años más".
Mientras los políticos cruzan acusaciones en un sentido y en otro, a los usuarios no les queda más remedio que buscar alternativas para que sus bolsillos no se resientan, bien apostando por el tren -ya más barato que la autopista- u optando por las plataformas de economía colaborativa, como ocurre con Bla Bla Car.
De hecho, en las plataformas de coche compartido abundan los que buscan desplazamientos entre los tramos del eje Atlántico, y son jóvenes y adultos los que optan por llevar compañía en sus coches cuando el trabajo les obliga a hacer grandes desplazamientos y a usar la AP-9 en ocasiones.
El objetivo: no dejarse el sueldo en el asfalto.
Sandra Sánchez
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