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El Gobierno ha presentado este lunes la propuesta de Plan Social para el Clima, que contempla cerca de 9.000 millones de euros en ayudas públicas centradas en la movilidad y la vivienda. El calendario del Ministerio para la Transición Ecológica, que ha liderado la elaboración de este programa, pasa por exponer hasta finales de junio el documento en audiencia pública. Y antes de final de año poder enviarlo a la Comisión Europea, con alrededor de un año de retraso sobre lo fijado por Bruselas. Con esto, el plan social climático inicia su andadura.
Financiación compartida y trabas regulatorias en el Congreso de los Diputados
El 25 % de los fondos de este plan lo aporta el Estado y el resto, el Fondo Social para el Clima europeo. Pero la llegada de este dinero no está garantizada porque desde hace meses está bloqueada la trasposición de un reglamento en el Congreso de los Diputados. El presidente Pedro Sánchez ha confiado en que esa trasposición reciba un “amplio apoyo” en el Parlamento para salir adelante de manera inmediata.
Estructura y pilares del nuevo plan social climático
De los 9.000 millones, 4.700 están destinados a ayudas para vivienda para hacer los barrios “menos vulnerables” al cambio climático y fomentar la “cultura de la rehabilitación”, como ha señalado Sánchez. También se prevén ayudas a las comunidades energéticas y el autoconsumo colectivo. El Ejecutivo busca que este plan social climático transforme los hogares.
Movilidad limpia y el nuevo abono social único de transporte
Los otros 4.300 millones están enfocados al transporte, con ayudas para el cambio a la movilidad limpia de autónomos y pymes, con especial énfasis en el medio rural. También se impulsará con estos fondos el abono social único, que supondrá la “práctica gratuidad de transporte urbano para millones de ciudadanos”, según el presidente. Así, el plan social climático mejorará la cohesión territorial.
La condición que ha puesto Bruselas es que cada Estado trasponga a su normativa nacional el nuevo reglamento del sistema de comercio de derechos de emisiones (ETS2). Y esa trasposición todavía no se ha llevado a cabo en el Congreso de los Diputados, donde los grupos de la derecha han presentado enmiendas contra la norma por la que el Ejecutivo trataba de acometer esa trasposición indispensable para activar el plan social climático.
Estrategia legal ante el bloqueo político
Tras un primer intento fallido en 2025, el Ejecutivo ha decidido acometerla a través de una proposición de ley para modificar la Ley 1/2005, de 9 de marzo, del régimen del comercio de derechos de emisión. Vox y Junts presentaron enmiendas a la totalidad, que el Ejecutivo logró tumbar arguyendo motivos de afección presupuestaria. La intención del Gobierno es sacar adelante la proposición que desbloqueará los fondos en los próximos meses, permitiendo la ratificación de este plan social climático estatal.
Exigencias de la sociedad civil y el nuevo ETS2
El sistema de comercio de emisiones ha sido la herramienta más eficaz en la generación eléctrica para el abandono de los combustibles fósiles y su sustitución por las renovables, porque penaliza las formas de producir energía que más gases expulsan. Sánchez ha defendido que este ETS ha resultado “eficaz” y “equitativo” frente a los ataques de la “ultraderecha”.
Pero hasta ahora estaba centrado solo en el sector eléctrico y las industrias más intensivas. El ETS2 da un importante paso, porque incluye también las emisiones de la movilidad y las edificaciones, donde va dirigido precisamente el Plan Social para el Clima presentado este lunes. De ahí que Bruselas ligue la llegada de los fondos europeos a la trasposición del nuevo ETS, que se adoptó en 2023 y que de momento no ha logrado los apoyos suficientes para trasponerse. Por ello, culminar el plan social climático es una prioridad absoluta.
Varias de las organizaciones y asociaciones de la sociedad civil que han participado en los últimos meses en la elaboración del plan han instado a los grupos parlamentarios a agilizar la tramitación del nuevo ETS a la normativa europea. Carlos Bravo, coordinador de la Alianza por un Plan Social para el Clima justo para usuarios y microempresas vulnerables del transporte, que agrupa a 27 entidades de la sociedad civil, ha aplaudido el anuncio de este lunes: “Es una gran noticia que llevábamos casi un año esperando”. Pero ha añadido: “Esperamos que todos los partidos expresen su apoyo a la transposición de la nueva directiva ETS”. Porque, como ha recordado Bravo, el “trámite parlamentario se encuentra estancado desde hace meses, y cuya aprobación es necesaria para empezar a recibir el dinero europeo del Fondo Social para el Clima”.
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