03/09/2019 - 09:08
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El juez del caso Púnica, Manuel García Castellón, ha radiografiado el complejo entramado que presuntamente orquestó el PP de Madrid para financiarse ilegalmente al menos entre 2004 y 2014, un sistema del que participaron sus máximos responsables pero que ideó y supervisó Esperanza Aguirre.
Cifuentes, Aguirre y González, llamados a declarar
Aguirre declarará por primera vez como investigada (imputada) el próximo 18 de octubre, pero antes lo harán sus sucesores Ignacio González (ya investigado en esta causa y también en el caso Lezo, por el que llegó a estar en prisión preventiva) y Cristina Cifuentes. Se les atribuyen una decena de delitos de corrupción y el de organización criminal.
El auto del juez, al que ha tenido acceso Efe, atribuye a Esperanza Aguirre "un papel decisivo y esencial" en la presunta financiación irregular del PP de Madrid, hasta el punto que sospecha que fue quien "ideó la búsqueda de recursos" para costear las campañas que ella elegía.
El magistrado cree que Esperanza Aguirre era la cabeza pensante
El magistrado cree que desde su llegada al poder en 2003 se organizó un sistema para financiar "de forma opaca y fraudulenta" las campañas electorales autonómicas del 2007 y 2011 y las generales de 2008.
Pero también cita episodios posteriores que muestran que el sistema funcionó hasta 2014, cuando cayó el considerado cabecilla de la trama, Francisco Granados.
En el caso de Cifuentes, la imputación se circunscribe a asunto concreto: los amaños de las adjudicaciones de los contratos de la cafetería de la Asamblea de Madrid de 2009 y 2001 a favor del empresario Arturo Fernández, que en 2007 había donado al PP 160.000 euros de forma encubierta.
La causa contaba hasta hoy con 42 investigados; ahora se suman 29 más, con Aguirre, Cifuentes y los exconsejeros Juan José Güemes, Manuel Lamena, Borja Sarasola y Gádor Ongil entre ellos.
El PP de Madrid se financió ilegalmente durante al menos una década
Según el juez, la financiación irregular del PP madrileño se inició a principios de 2004, al poco de llegar Aguirre al poder. Sus dirigentes fijaron entonces "una estrategia para obtener fuentes de financiación para el partido" que rebasaban la legalidad.
Este sistema de obtención de fondos ilegal se alargó hasta que estalló la operación Púnica en 2014, ya que hay indicios de que los investigados estaban recaudando fondos para "el pago subrepticio" de gastos electorales de la campaña de 2015.
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