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Cada vez que la igualdad avanza, también lo hace la reacción en contra. Este fenómeno no siempre comienza con una ley o una decisión política; a menudo se gesta en las sombras de las redes sociales mediante burlas, desinformación y discursos que cuestionan el derecho de las mujeres y de las personas LGBTIQ+ a participar en el espacio público. En este 8 de marzo, la movilización no solo busca celebrar logros pasados, sino frenar una ofensiva global que utiliza la violencia contra las mujeres como herramienta de movilización política y social.
En los últimos años, la oposición a los derechos humanos se ha intensificado en un contexto marcado por el auge de prácticas autoritarias. La tecnología y las redes sociales amplifican este clima hostil, multiplicando las campañas de acoso especialmente en periodos electorales. Los retrocesos son profundos y tienen consecuencias reales, desde el Afganistán de los talibanes hasta las democracias donde se desmontan ministerios de igualdad, consolidando entornos donde el odio parece normalizarse.
Del espacio digital a la calle: nuevas formas de violencia contra las mujeres
Para muchas mujeres, el ataque empieza con una simple notificación. Lo que parece un insulto aislado suele convertirse en una campaña coordinada de amenazas de violación y mensajes que cuestionan su capacidad profesional. La Relatora Especial de Naciones Unidas ha advertido que el acoso online no es un fenómeno virtual inofensivo, sino una extensión de la violencia contra las mujeres que debe abordarse con la misma urgencia que las agresiones físicas, ya que ambas buscan el mismo objetivo: el silencio.
Investigaciones de Amnistía Internacional confirman que las mujeres en el debate público reciben niveles desproporcionados de abusos. El informe #ToxicTwitter documentó cómo estos ataques obligan a muchas a la autocensura o al abandono de las plataformas para proteger su salud mental. Además, esta violencia contra las mujeres no afecta a todas por igual: las mujeres racializadas tienen muchas más probabilidades de recibir mensajes abusivos, evidenciando que el racismo y el sexismo convergen de forma cruel en el entorno digital.
Vigilancia y castigo: cuando hablar en público tiene consecuencias
La tecnología no solo sirve para el insulto masivo; también se ha convertido en una herramienta de vigilancia y control estatal. El uso de programas espía como Pegasus contra activistas en Tailandia o la vigilancia digital en Irán para castigar el incumplimiento de las leyes sobre el velo son ejemplos claros de cómo se ejerce el maltrato hacia mujeres a través de la tecnología. La amenaza de ser vigilada genera un efecto disuasorio que paraliza el activismo y restringe la libertad de expresión.
Casos como el de Manahel al-Otaibi en Arabia Saudí, condenada a 11 años de prisión por sus publicaciones en redes sociales apoyando los derechos de las mujeres, ilustran el riesgo personal que supone opinar hoy en día. En Marruecos, Ibtissame Lachgar también sufrió la represión por cuestionar normas patriarcales. El mensaje que envían estos gobiernos es nítido: participar en la vida pública puede costar la libertad. Este entramado de acoso y castigo es una manifestación sistemática de la violencia contra las mujeres que busca enviar una advertencia a toda la sociedad.
El papel de los Estados: obligaciones ante la impunidad
Los Estados no pueden ser meros espectadores. Tienen la obligación jurídica de prevenir, investigar y sancionar todas las formas de violencia, ya se cometan en una plaza física o en una plataforma digital. Esto implica, en primer lugar, que los gobiernos deben abstenerse de promover discursos estigmatizantes desde el poder, como ocurre en países donde se cuestionan derechos ya reconocidos o se recorta el presupuesto para la prevención de agresiones.
Además de legislar contra el acoso, los gobiernos deben regular eficazmente a las grandes plataformas tecnológicas. La vigilancia ilícita debe prohibirse y los sistemas de reconocimiento facial deben someterse a controles estrictos para que no se conviertan en armas contra defensoras de derechos humanos. Garantizar la salud sexual y reproductiva y proteger a las víctimas de la violencia de género son pasos innegociables para cualquier democracia que se pretenda llamar plena.
8M: Defender a quienes alzan la voz para avanzar juntos
Frente al auge de las prácticas autoritarias, el 8M es un momento para reforzar la acción ciudadana. Apoyar a activistas detenidas y denunciar la violencia digital cuando aparece en nuestras pantallas son formas concretas de romper el silencio. Al mismo tiempo, es fundamental fortalecer la educación en derechos humanos y el pensamiento crítico desde edades tempranas para identificar y cuestionar las narrativas de odio antes de que se conviertan en norma.
Porque cada vez que una mujer es silenciada por el miedo, se debilita la libertad de expresión de toda la comunidad. Erradicar la violencia contra las mujeres en todas sus formas es la única vía para asegurar que la mitad de la población pueda participar, decidir y vivir en igualdad de condiciones. Este 8 de marzo, proteger a quienes alzan la voz es, en definitiva, proteger el futuro de todos.
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