Lectura fácil
La futura norma sobre violencia vicaria amplía de forma significativa la cobertura a hijos mayores con grandes necesidades de apoyo, pero la falta de recursos económicos y de un verdadero respaldo procesal en los juzgados españoles genera incertidumbre.
El debate normativo para reforzar la protección de los colectivos vulnerables entra en una fase decisiva. El anteproyecto de ley de violencia vicaria, actualmente en sus primeras etapas de tramitación institucional, ha encendido las alarmas y las esperanzas dentro del sector social. El texto legal incorpora, aunque solo de manera parcial, la imprescindible perspectiva de la discapacidad. Si bien se reconocen avances significativos en la extensión de coberturas, los expertos penalistas y civiles advierten de que la norma mantiene profundas lagunas estructurales que podrían limitar su eficacia real en el día a día de las familias afectadas, donde el maltrato se manifiesta con especial crueldad.
Un avance histórico para los hijos mayores de edad
A pesar de las críticas regulatorias, el texto actual introduce medidas que los especialistas consideran muy acertadas. Entre las principales novedades destaca la extensión de la protección a los hijos mayores de edad con discapacidad y grandes necesidades de apoyo, un colectivo que tradicionalmente quedaba invisibilizado al cumplir los dieciocho años. La jurista experta en derecho LGTBI+ y discapacidad, Ángeles Blanco, señaló en una entrevista para Servimedia que el anteproyecto acierta al permitir la acumulación de procesos judiciales y abrir la opción clara de retirar el régimen de visitas a los progenitores maltratadores, garantizando un entorno más seguro y equitativo para el futuro de todo el núcleo familiar.
El impacto de la violencia vicaria en madres cuidadoras
La realidad que afrontan estas mujeres presenta una complejidad extrema que va más allá del maltrato común. La abogada Ángeles Blanco sostiene que el texto reconoce la posición de singular vulnerabilidad de las madres de personas con discapacidad que sufren este calvario. En su práctica profesional, la jurista ha presenciado cómo el miedo paraliza por completo a las víctimas. Muchas de estas madres han tenido que renunciar por entero a su vida social y desarrollo profesional para dedicarse en exclusiva al cuidado de sus hijos. Esta entrega absoluta perpetúa una situación de dependencia que se vuelve letal cuando estalla esta modalidad de violencia vicaria, atrapándolas en un círculo cerrado.
La trampa invisible de la dependencia económica
Cuando surge el conflicto en el hogar, la sumisión económica se convierte en la barrera principal para denunciar al agresor. La dependencia en estos casos específicos es doble y devastadora. Si la madre decide abandonar el domicilio familiar, se enfrenta a una total carestía que afectará directamente a un hijo que no puede valerse por sí mismo. Ante la perspectiva de dejar a su descendiente en la vulnerabilidad, muchas mujeres asumen el maltrato continuo. Por ello, las medidas para erradicar la violencia vicaria serán insuficientes si no se acompañan de políticas públicas reales. Blanco propone ampliar la prestación por cuidado de menores con enfermedad grave (CUME) hasta los 30 años de edad.
El sesgo capacitista en el acceso a la justicia
Otra de las grandes lagunas denunciadas por el sector jurídico se encuentra en el propio funcionamiento de los tribunales. El texto actual del anteproyecto no se pronuncia de manera concreta sobre el acceso directo a la justicia, limitándose a remitir a la normativa ya existente. Los expertos consideran imprescindible desarrollar reglamentariamente la figura del facilitador procesal en todos los juzgados del país. Sin esta dotación de personal especializado, la defensa de los derechos de las personas con discapacidad seguirá dependiendo de la voluntad discrecional del juez encargado del caso. Aunque el borrador se despoja del sesgo adultocentrista, mantiene un evidente sesgo capacitista que entorpece las herramientas para combatir la violencia vicaria.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aportado su propia visión avalando recientemente la posibilidad de retirar la patria potestad a los maltratadores, sugiriendo únicamente que dicha medida pueda ser revisable periódicamente. Para Ángeles Blanco, esta herramienta judicial es fundamental para mitigar este tipo de maltrato y asegurar que los hijos crezcan en un entorno libre de coacciones. Resulta vital asumir que un maltratador no atenta contra una única persona, sino que destruye todo su entorno. La legislación debe asimilar de forma plena que los hijos con necesidades de apoyo son víctimas directas de la violencia vicaria, requiriendo medidas de acción positiva que aseguren su participación efectiva en cada procedimiento penal.
Añadir nuevo comentario