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La Plataforma del Tercer Sector se sumó de manera firme al llamamiento realizado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) para instar a los diferentes grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados a respaldar y aprobar, mediante un amplio consenso, el crucial proyecto de ley de reforma de la legislación sobre los derechos de las personas con discapacidad. Esta iniciativa de calado social busca no solo actualizar el marco normativo vigente en el panorama nacional, sino también asegurar que las futuras políticas públicas se alineen definitivamente con los estándares internacionales en materia de igualdad de oportunidades y de un trato justo e igualitario.
La organización del Tercer Sector emitió un detallado comunicado oficial en el que recordó que este pronunciamiento conjunto se produce en un momento de máxima trascendencia política y social para nuestro país. Específicamente, este movimiento estratégico tiene lugar en las vísperas de la reunión clave que celebrará la Comisión de Derechos Sociales del Congreso. Durante este encuentro, que se desarrollará en las próximas horas, los representantes de los partidos políticos tendrán la enorme responsabilidad de debatir y votar las enmiendas presentadas al texto legislativo, un paso administrativo esencial que determinará la efectividad y el alcance real de la futura norma protectora.
Un marco jurídico actualizado en materia de discapacidad
La reforma planteada constituye una transformación estructural profunda que busca modificar la normativa de autonomía personal y la atención a la dependencia en todo el territorio nacional de forma prioritaria. Este desarrollo legislativo es la consecuencia directa de la aplicación del nuevo artículo 49 de la Constitución Española, el cual fue históricamente reformado en 2024.
Aquella modificación constitucional marcó un antes y un después en el reconocimiento de la discapacidad en España, sustituyendo términos obsoletos por un lenguaje digno y centrado en los derechos humanos, lo que obliga a una profunda renovación del ordenamiento jurídico secundario del país.
El liderazgo del tejido asociativo y la cohesión
En su declaración, la Plataforma del Tercer Sector subrayó y pone en valor el “papel fundamental” que ha desempeñado el Cermi en este proceso de diálogo. La entidad ha sido el motor del “impulso” de esta reforma, liderando las demandas necesarias para construir un marco normativo más garantista, inclusivo y alineado con las directrices de los derechos humanos. Para el sector, la atención integral a la discapacidad ya no puede entenderse desde una perspectiva asistencial, sino como una cuestión de justicia social y ciudadanía plena que debe ser blindada por los poderes públicos nacionales.
La entidad social considera completamente “fundamental” que todas las fuerzas políticas de las Cortes dejen a un lado las disputas partidistas y respalden con su voto esta iniciativa legislativa. Se espera que los partidos actúen con altura de miras, incorporando las mejoras consensuadas durante los trabajos previos de la ponencia parlamentaria, un espacio donde los colectivos especializados en este ámbito han aportado su experiencia técnica con la finalidad de perfeccionar el borrador inicial y evitar vacíos legales que perjudiquen la aplicación de las normativas de protección.
Exigencia de agilidad en el actual periodo de sesiones
La compleja tramitación de esta ley de hondo calado social se encuentra en una fase verdaderamente crítica donde el factor tiempo juega un rol esencial. Asimismo, la Plataforma del Tercer Sector confía en que el proceso legislativo avance con la máxima agilidad posible. El tejido social organizado no desea que la norma sufra retrasos en el calendario parlamentario, por lo que han solicitado acelerar los trámites para que se permita la aprobación definitiva del texto dentro del actual periodo de sesiones, consolidando un hito histórico para millones de ciudadanos que esperan certidumbre jurídica.
Garantizar la inclusión de las personas en situación de discapacidad requiere un compromiso real que pase de las declaraciones a los hechos plasmados en el Boletín Oficial del Estado. El consenso demandado busca dotar a la legislación de estabilidad a largo plazo. De este modo, la futura ley nacerá con la fuerza necesaria para transformar la vida cotidiana de las familias que conviven con la discapacidad en España, asegurando su autonomía personal de forma permanente.
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