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La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves, por unanimidad, una ley de amnistía que puede sacar de prisión a cientos de presos políticos y cerrar causas contra perseguidos en la clandestinidad o el exilio, aunque con límites que ya generan frustración entre víctimas y ONG.
Una ley de amnistía aprobada de forma unánime tras dos semanas de pulseo político
El Parlamento, controlado por el chavismo pero con presencia de una minoría opositora moderada, dio luz verde a la norma después de dos semanas de consultas con partidos y organizaciones de la sociedad civil, en un esfuerzo deliberado por mostrar una imagen de consenso en esta nueva etapa sin Nicolás Maduro al frente del poder. El presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, definió el texto como la oportunidad para inaugurar “un nuevo tiempo político” y subrayó el carácter unánime de la votación, algo inusual tras años de polarización extrema.
La ley fue remitida de inmediato al Palacio de Miraflores para su promulgación por la presidenta Delcy Rodríguez, quien la convirtió en símbolo de reconciliación con una frase dirigida tanto al oficialismo como a la oposición: “Hay que saber pedir perdón, hay que saber recibir perdón”. Su entrada en vigor queda supeditada a su publicación en la gaceta oficial, paso que se espera sea rápido dadas las expectativas creadas entre los familiares de los presos.
El texto aprobado acota la ley de amnistía a 13 episodios de convulsión política y social ocurridos entre 1999 y 2026, tres más de los contemplados en el borrador inicial, lo que amplía el número potencial de beneficiados. Entre esos hitos se incluye todo el período 2016‑2021, cuando la Asamblea Nacional estuvo en manos de la oposición y el chavismo reaccionó con bloqueos institucionales, investigaciones penales y detenciones contra dirigentes opositores.
En el listado también se incorporan los hechos ligados a la organización y celebración de las primarias opositoras de 2023, un proceso que estuvo rodeado de presiones, inhabilitaciones y amenazas judiciales. La norma abarca, además, las manifestaciones y episodios de violencia surgidos en el contexto de las elecciones de julio de 2024, jornada marcada por denuncias de irregularidades y por una dura respuesta represiva de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, quienes están acusados de rebelión militar o señalados en causas asociadas a levantamientos castrenses quedan expresamente fuera del perdón.
Exclusiones polémicas y un artículo 7 que marcó la batalla
A pesar de su amplitud, la ley de amnistía no la concede explícita a las personas procesadas por los llamados “delitos de odio”, un tipo penal que ha servido para perseguir expresiones críticas, incluso comentarios en estados de WhatsApp o redes sociales. Organizaciones de derechos humanos y familiares habían pedido derogar o vaciar de contenido estas figuras por considerarlas herramientas clave de la represión, pero la cúpula parlamentaria defendió que esa legislación sigue siendo “muy útil” y solo se abrió a futuras reformas, reconociendo que en ocasiones se ha aplicado “de forma inadecuada”.
El gran cuello de botella se concentró en el artículo 7, que define el espíritu práctico de la ley de amnistía. El chavismo insistió en que quienes quieran beneficiarse deben primero presentarse ante la misma justicia que los encarceló, una exigencia que no figuraba en la redacción inicial y que encendió las alarmas de ONG y defensores por el riesgo de nuevas detenciones y revictimizaciones. Para los sectores oficialistas, la ley se entiende como un perdón a delitos cometidos; para las organizaciones de derechos humanos y los familiares de presos políticos, en cambio, se trata de eliminar el carácter delictivo de conductas que nunca debieron considerarse crimen, por lo que reclaman verdad, reparación y garantías de no repetición, todavía ausentes.
Tras intensas negociaciones a puerta cerrada, se introdujo un cambio clave: se permite que quienes estén fuera del país y no puedan comparecer personalmente ante los tribunales lo hagan representados por un abogado de su confianza, y se establece que nadie puede ser detenido una vez haya solicitado la aplicación de la ley de amnistía. “Esta ley no es perfecta, pero nuestro interés es que cese la persecución política”, resumió la diputada opositora Nora Bracho, que destacó los avances introducidos en el artículo tras un “arduo debate”.
Derechos políticos, plazos y margen para rescatar casos excluidos
Entre los ajustes negociados en las últimas semanas figura la posibilidad de que los beneficiados se reincorporen a la vida pública, lo que abre la puerta a la restitución de derechos políticos para numerosos opositores procesados o forzados al exilio. El texto incorpora, además, el principio de favorabilidad al acusado: en caso de duda, la interpretación debe inclinarse a favor de la persona procesada, una “rendija” de esperanza, según defensores, para tratar de incluir expedientes que no encajen del todo en los periodos y eventos enumerados.
Otra modificación fija un plazo máximo de 15 días para que los tribunales revisen los expedientes y apliquen la amnistía, con el objetivo de evitar que la burocracia judicial diluya el impacto del acuerdo político. Asimismo, se crea una comisión parlamentaria de 23 diputados encargada de supervisar la implementación de la ley y de batallar, en el caso de la oposición, por la revisión de situaciones que hayan quedado fuera del alcance del texto. Esa comisión se perfila como un canal de presión institucional para introducir en la práctica los casos límite que no están claramente contemplados en los 13 episodios de conflictividad.
Expectativa en las cárceles, presión de las familias y límites del perdón
La aprobación de la ley llega en medio de vigilias permanentes de familiares frente a distintas cárceles del país, que en algunos casos han incluido huelgas de hambre para exigir que las promesas de liberación se traduzcan en excarcelaciones reales. En las últimas seis semanas se han verificado 444 excarcelaciones por motivos políticos, pero se calcula que aún permanecen al menos 600 personas privadas de libertad por razones políticas, muchas de ellas sin condena firme. La cárcel caraqueña conocida como Zona 7 se ha convertido en epicentro de la presión social, después de que Jorge Rodríguez prometiera allí una aprobación “exprés” de la ley de amnistía y aseguró que “todos” saldrían en libertad, compromisos que se han ido retrasando por la falta de consensos y han alimentado la desconfianza hacia el liderazgo parlamentario.
La norma, sin embargo, no alcanzará a todos los casos de persecución acumulados en estas décadas. Quedarán fuera aquellos expedientes no vinculados a los momentos de crisis política recogidos en la ley y, sobre todo, los acusados de rebelión militar o figuras penales especiales, lo que anticipa un escenario de alivio parcial mezclado con frustración. El abogado Gonzalo Himiob, directivo de la ONG Foro Penal, ha llamado a entender la ley de amnistía como una fórmula jurídica más dentro de un camino más largo: “Es un paso importantísimo, pero no es el último; la libertad total vendrá cuando se desmonten el aparato y la cultura de la represión política”.
En ese punto coinciden muchas víctimas y activistas: la ley representa un giro relevante en la política venezolana y puede cambiar la vida de cientos de personas, pero solo será verdaderamente transformadora si va acompañada de una reforma profunda del sistema judicial, la derogación o reforma de leyes represivas y garantías concretas de que las detenciones arbitrarias y la criminalización de la disidencia no volverán a repetirse.
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