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El odio se manifiesta de muchas formas, pero en España casi nunca llega a los tribunales. Apenas una de cada diez personas, concretamente el 10,76 % de las víctimas, decide denunciar el ataque. Las cifras proceden del estudio “Infradenuncia de los Delitos de Odio en España: ¿Por qué es tan alta?”, una investigación elaborada por la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio (Ondod) junto con la Universidad Pontificia Comillas, la Universidad de Salamanca y varios expertos, entre ellos Tomás Fernández, director del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe).
El informe, difundido en el Anuario 2026 de Psicología del Colegio Oficial de Psicología de Madrid, ofrece una radiografía inquietante del comportamiento de las víctimas y de las razones por las que la mayoría elige guardar silencio ante agresiones motivadas por prejuicios. La muestra, compuesta por casi 800 participantes encuestados entre diciembre de 2020 y marzo de 2021, permite entender la magnitud de un problema que va mucho más allá de los datos estadísticos.
El miedo extremo como único detonante
El documento subraya que solo cuando el peligro físico es inmediato y evidente, la víctima se decide a denunciar. Las agresiones físicas y las amenazas violentas, señala el texto, son las que más rompen el silencio. Cuando el ataque compromete directamente la integridad, se percibe como una “situación límite” que hace indispensable la intervención de las autoridades. Fuera de esas circunstancias extremas, el miedo y la desconfianza dominan el escenario.
Desde el Oberaxe, los investigadores recalcan que el informe cumple una doble función: por un lado, permite dimensionar el problema real en España; por otro, señala las áreas donde es imprescindible mejorar la respuesta institucional, especialmente para recuperar la confianza en el sistema de justicia.
Uno de los hallazgos más llamativos se refiere a la cercanía entre víctima y agresor. Cuando el ataque proviene de un vecino o familiar, las denuncias aumentan notablemente. Los autores interpretan esta tendencia por dos motivos: la proximidad genera una sensación continua de amenaza, y al mismo tiempo puede facilitar la existencia de pruebas o testigos.
Sin embargo, el patrón cambia cuando el agresor es un amigo, compañero de trabajo o de estudios. En esos casos, la denuncia prácticamente desaparece. La explicación apunta a una “estrategia evitativa”, una forma de huir del conflicto en espacios donde las relaciones personales se mezclan con las laborales o académicas.
El estudio también detalla que los incidentes leves, como insultos o gestos ofensivos, se normalizan. Las víctimas suelen gestionarlos de manera privada, sin acudir a la policía ni a servicios de atención, reduciendo así considerablemente la visibilidad de estos actos. Los investigadores advierten: el silencio no implica ausencia de odio, sino una sensación prolongada de vulnerabilidad que las instituciones deben aprender a reconocer.
Perfiles de denuncia y cultura del silencio
Los datos revelan diferencias importantes según la situación social. Desempleados y jubilados denuncian más, mientras que jóvenes y estudiantes son quienes menos lo hacen. Los primeros, explica el texto, disponen de más tiempo para realizar el trámite y tienen una percepción distinta del papel institucional; en el caso de los jubilados, incluso menos temor y más experiencia.
En cambio, entre los más jóvenes prevalece lo que el informe denomina “cultura del silencio”. Esa cultura se alimenta de la desconfianza hacia la autoridad, el miedo a la exposición pública y la convicción de que los adultos no toman en serio las experiencias juveniles. El resultado es que quienes más sufren este ataque, especialmente en redes sociales o espacios educativos, quedan también entre los más callados.
Otro dato paradójico es el de las víctimas recurrentes: quienes sufren varios episodios denuncian menos. La repetición genera un efecto de resignación. Muchos acaban asumiendo el maltrato como parte habitual de su vida. Para los autores, esta normalización del abuso es uno de los mayores desafíos de las políticas públicas, porque erosiona la confianza en las instituciones y dificulta ofrecer una respuesta eficaz.
Cuando no se sabe que se está sufriendo un delito
El estudio también pone el foco en la desinformación legal. Una parte significativa de las víctimas desconoce que las agresiones sufridas están tipificadas como delitos de odio en el artículo 510 del Código Penal. Esa falta de conocimiento se traduce en una barrera directa para la denuncia: si la persona no reconoce la gravedad jurídica del hecho, es poco probable que active mecanismos de protección.
Por ello, los expertos recomiendan una mayor sensibilización ciudadana. Educar sobre qué constituye un delito de odio, cómo identificarlo y a dónde acudir es fundamental para romper el círculo del silencio.
La investigación identifica algunos límites metodológicos, como la escasa representación de participantes migrantes, grupo especialmente vulnerable ante el odio. Esto plantea la necesidad de desarrollar estrategias para llegar a colectivos difícilmente accesibles, sobre todo aquellos con barreras lingüísticas o menor acceso a canales institucionales.
A partir de los resultados, el informe no se queda en el diagnóstico. Propone medidas concretas: reforzar la formación de las fuerzas de seguridad, mejorar la coordinación con organizaciones sociales, facilitar vías alternativas de denuncia, incluyendo herramientas digitales, y crear programas específicos para jóvenes y víctimas recurrentes.
Más presencia, más confianza
Finalmente, el documento insiste en un punto clave: incrementar el número de profesionales especializados en delitos de odio. Un acompañamiento adecuado puede marcar la diferencia entre denunciar y desistir. Las víctimas, concluye el estudio, no callan por falta de dolor, sino por falta de confianza. Y devolverles esa confianza es tarea de toda la sociedad.
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