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Pedro Sánchez está empeñado en sacar los restos de Franco del Valle de Los Caídos precipitadamente a través de varios remiendos.
Su última metedura de pata es de rango normativo
El texto impulsado por el Gobierno en el que se permite a la familia elegir destino para los restos del dictador tenía rango de Real Decreto Ley y se aprobó el 24 de agosto. Ahora, el nuevo texto impide elegir libremente el sitio de inhumación pero es simplemente un acuerdo de Consejo de Ministros, no tiene fuerza para alterar la elección.
El primero de los textos forzaba la salida del Valle de los Caídos pero se reguló a través del Real Decreto-ley 10/2018, de 24 de agosto, de modificación de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, “por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura”. La norma mantenía un rango para cambiar la ley anterior. Y señalaba que “en el Valle de los Caídos sólo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil española, como lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas de la contienda”. Y que “corresponde al Gobierno garantizar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 16.3 de esta Ley, asegurando en todo caso unas condiciones adecuadas de dignidad y respeto. A tal efecto, se declara de urgente y excepcional interés público, así como de utilidad pública e interés social, la inmediata exhumación y el traslado de los restos mortales distintos de los mencionados en dicho artículo”.
El Gobierno aprobó el último texto el pasado 15 de febrero con la intención de meter prisa a los familiares del dictador. Niegan a la familia el uso de su cripta de La Almudena, y pretenden que lleven los restos de Franco a El Pardo. Y ahí es donde Sánchez y su Ejecutivo podrían encontrarse con el fracaso.
Es decir, que dejaba libertad plena para elegir el lugar de inhumación. Es más, señala las únicas causas por las que podía elegir el Gobierno: “En caso de discrepancia entre los familiares, o si estos no manifestasen su voluntad en tiempo y forma, el Consejo de Ministros decidirá sobre el lugar de reinhumación, asegurando una digna sepultura”.
El Gobierno cambió de opinión
El viernes 15 de febrero, el Gobierno cambió de opinión porque la familia cumplió con lo regulado y eligió La Almudena. Y Pedro Sánchez ordenó su último parche: un “acuerdo motivado” aprobado por el Consejo de Ministros para la exhumación de Franco.
En ese acuerdo motivado el Gobierno socialista señala que la familia Franco dispondrá de 15 días para contestar al Gobierno, una vez se haya publicado la decisión ministerial “unánime” en el Boletín Oficial del Estado (BOE), sobre si desea hacerse cargo de los restos del dictador. Y añade que la elección de La Almudena queda “prohibida” por motivos de “seguridad”, entre otros.
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