Los Presupuestos echan a andar con avisos de vascos, catalanes y de Podemos

Madrid, 15 ene (EFE).- Los Presupuestos de 2019 han echado a andar en el Congreso de los Diputados pero con los avisos de nacionalistas vascos, catalanes y del principal apoyo del Ejecutivo, Unidos Podemos, ya que los cinco diputados de En Marea han amenazado hoy con que no apoyarán las cuentas si no aumenta la inversión a Galicia.

Un día después de que el Presupuesto de 2019 haya sido presentado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la cámara baja, las inversiones territoriales han levantado asperezas entre algunos partidos que apoyaron a Pedro Sánchez en la moción de censura contra el anterior presidente, Mariano Rajoy.

Además de que el PDeCAT haya reiterado hoy de que no está en disposición de apoyar todavía estas cuentas; el PNV y En Marea han salido reclamando más inversiones para el País Vasco y Galicia, respectivamente.

De hecho, la diputada de En Marea Yolanda Díaz ha sido clara al anunciar que los cinco diputados gallegos que componen el grupo parlamentario de Unidos Podemos votarán en contra si no se aumenta la partida de inversión para el Eje Atlántico Ferroviario y para puertos y aeropuertos, que se ha recortado en un 20 %.

Por su parte, el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado que el grupo nacionalista vasco en el Congreso no descarta la posibilidad de presentar una enmienda a la totalidad si el Ejecutivo no cumple con la agenda vaca y ha pedido a Sánchez reeditar el espíritu de la moción de censura para garantizar que las cuentas salen adelante.

De momento, el presidente del PDeCAT, David Bonvehí, ha subrayado que a día de hoy no están en disposición de facilitar el trámite, ya que no hay una propuesta de solución política para Cataluña, y en el mismo sentido se ha pronunciado la consellera y portavoz del Govern, Elsa Artadi, al advertir de que "la probabilidad de que se tramiten" los Presupuestos del Estado es "muy baja".

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, que acaba de tomar las riendas presupuestarias tras su permiso de maternidad, ha incidido en que el Gobierno debe cumplir con el pacto firmado y aplicar medidas que frenen la subida abusiva del alquiler o de la factura de la luz.

En el terreno de las inversiones, Montero ha instado al Ejecutivo a no enfrentar a unos territorios con otros porque "es la política que han querido los poderosos (...) que mandan sin presentarse a las elecciones" y ha afirmado que el problema real es ver de dónde se sacan los ingresos para financiar estas inversiones.

En este sentido, ha recordado que con un impuesto a la banca habría dinero suficiente para que todos los territorios puedan ser financiados.

Las cuentas públicas se enfrentarán a su primera prueba de fuego el 12 y 13 de febrero en el Pleno del Congreso, con el debate de enmiendas a la totalidad al que con toda seguridad se presentarán las iniciativas del PP, Ciudadanos y Foro Asturias.

El diputado de Foro, Isidro Martínez Oblanca, ha criticado el aplazamiento de la reforma del sistema de financiación autonómica que es un "auténtico agujero negro para Asturias".

Coalición Canaria (CC) está dispuesta negociar con el Gobierno las partidas que considera que los Presupuestos deberían destinar a las islas y sus plazos de aplicación, siempre que se cumpla lo que estipulan el nuevo Estatuto y el Régimen Económico y Fiscal (REF), por lo que no parece probable que vaya a registrar una enmienda de devolución.

En el mismo sentido, podría ocurrir con UPN.

PP y Ciudadanos ven un gasto excesivo y unos ingresos inflados y también el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, cree que no se cumplirá con la recaudación prevista.

"Es el momento de que las cuentas, en cierta medida, no fueran tan expansivas y estuvieran equilibradas", ha señalado Garamendi, mientras que el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), José Luis Escrivá, ha señalado que en términos fiscales agregados los Presupuestos son "muy parecidos" a los de ejercicios anteriores ya que no atajan un déficit estructural instalado en torno al 2 % del PIB.