Muchos contratos públicos carecen de justificación económica, según el Tribunal de Cuentas

Madrid, 18 abr (EFE).- Un gran número de los contratos realizados por los ministerios del área político-administrativa del Estado y sus organismos dependientes en 2015 no cuentan con una memoria o documento de carácter económico que justifique el presupuesto fijado, tal y como es necesario por ley.

Según el informe de fiscalización de contratación de esta área realizada por el Tribunal de Cuentas, son un "número relevante" de expedientes los que no contemplan esta memoria, preceptiva según la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

El informe, que fiscaliza la contratación de los Ministerios de Asuntos Exteriores, Justicia, Defensa, Interior, Educación, y Presidencia, señala que la mayoría de los órganos de contratación no cumplieron la obligación de remitir en plazo al Tribunal de Cuentas la información requerida, o se han observado deficiencias en la documentación.

Así, el Tribunal ha constatado que no se aportaron informes técnicos de valoración de las ofertas presentadas, por lo que no se puede comprobar si cumplen los pliegos de cláusulas administrativas y los principios orientadores de la contratación pública.

En un número "significativo" de los expedientes no se concreta, o se hace de manera errónea, los medios de acreditación de la solvencia para las empresas licitadoras y tampoco se acredita en algunos la necesidad de la operación que es objeto de la contratación.

De hecho, la necesidad de la contratación se basó en informes emitidos en términos genéricos y sin concretar las circunstancias específicas.

Los ministerios y organismos del área político-administrativa del Estado han remitido relaciones certificadas de contratos celebrados en el ejercicio 2015 sobre un total de 3.634 contratos de 2015, por un importe de 1.199 millones de euros.

La mayoría de los contratos corresponden a servicios, un 68 por ciento, mientras que el resto son para suministros, un 29 por ciento, y obras, un 3 por ciento.

En cuanto a las recomendaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas en informes de años anteriores, en 2015 se ha producido un "ligero avance" en el grado de cumplimiento, como las referidas a justificar adecuadamente la necesidad de los contratos y su procedimiento de adjudicación.

Sin embargo, el Tribunal considera que la mayoría de ellas siguen "plenamente vigentes".