Plan Anual Normativo: Estas son las leyes que el Gobierno quiere aprobar en 2023

El Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión del 31 de enero el Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado para 2023. Es un instrumento de planificación de la actividad normativa del Gobierno, que cumple también una función de transparencia, en la medida en que asegura el conocimiento de la actividad legislativa con la suficiente antelación, garantizando un entorno previsible para la adecuada toma en consideración de todos los intereses afectados por las normas proyectadas.

El objetivo del Plan Anual Normativo es prever todas las normas cuya aprobación el Gobierno se plantea como objetivo durante el año 2023

El Plan Anual Normativo incluye un total de 117 iniciativas, desglosadas de la siguiente manera: 3 leyes orgánicas, 33 leyes ordinarias y 81 reales decretos. Según el Gobierno, un tercio de las normas están vinculadas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (cuyos contenidos laborales ya hemos estudiado en un periscopio anterior), otro tercio son transposiciones de normas comunitarias, y el resto son iniciativas que han pasado ya por el Consejo de Ministros en primera lectura.

Desde el punto de vista de sus contenidos, 7 se clasifican como de empleo y relaciones laborales, y 4 de Seguridad Social y pensiones, aunque, como se verá, hay otras más distribuidas en distintos capítulos del Plan.

Ley de familias o nuevas prestaciones a la dependencia

Algunas de las leyes recogidas en este nuevo plan ya estaban en el de 2022, como la creación de una Agencia Estatal de Salud Pública, la ley de información clasificada, la ley de industria o la ley de familias. Se incluyen otras nuevas como un real decreto para actualizar las prestaciones a la dependencia. 

Ley de familias. Recoge cuestiones como el permiso retribuido de hasta cuatro días por “causas de fuerza mayor” por “motivos familiares urgentes e imprevisibles”, permiso no retribuido de ocho semanas para padres con hijos de hasta ocho años o la ampliación de las reducciones fiscales de familia numerosa para familias monoparentales con dos hijos. Aunque esta ley aún no se ha remitido al Congreso, el Consejo de Ministros lo ha aprobado en primera vuelta —es en la segunda vuelta cuando se envía a la Cámara Baja—.

Nuevas prestaciones para el sistema de la dependencia. Para “culminar el proceso de reversión de los recortes sufridos en 2012 y 2013” a través del incremento de los servicios de ayuda a domicilio y de las cuantías de las prestaciones. 

Regulación de las relaciones entre lobbies, grupos de interés y poderes públicos. Crea un registro público con datos como la sede o las reuniones que se mantienen con el personal público y obliga a la transparencia sobre qué lobbies influyen en un proyecto normativo, además de medidas contra las puertas giratorias.

Nueva ley de industria. Según lo dispuesto en el Plan Anual Normativo de 2023, se trata de una reforma de la actual Ley de Industria adecuada a los “estándares actuales de la doble transición europea en sostenibilidad y digitalización”. Los objetivos tienen que ver con la actualización del régimen de infracciones y sanciones o el sistema de calidad y seguridad industrial.

Ley de derecho de defensa. Guía de actuación para operadores jurídicos, desarrollo de las garantías para las partes en un proceso judicial y tutelas judiciales efectivas.

Ley contra la trata. No se centra únicamente en la asistencia a víctimas la trata con fines de explotación sexual, también del trabajo forzoso, servidumbre o esclavitud y en la prevención, investigación y persecución de estos delitos. 

Otras normas para este año

El documento también recoge la creación de un foro nacional de empresas emergentes y una ley para la Igualdad en el Acceso y Disfrute de los Servicios Sociales. Además, el Gobierno apunta al “desfase” de la actual ley sobre secretos oficiales, que sería sustituida por una nueva ley de información clasificada. 

Por otra parte, hay una ley para las personas que realizan prácticas formativas en empresas — estatuto del becario— y un real decreto que fijará el salario mínimo interprofesional para 2024. No aparecen otras como la ley de vivienda por haber iniciado su tramitación parlamentaria.